Redacción EB
El Tribunal Electoral de Tamaulipas (Trieltam) terminó con la guerra legal que ordenó el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca a través de la alianza legislativa de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI).
En una sesión, extraordinaria por la forma y el contenido de los proyectos, la magistrada Gloria Graciela Reyna Hagelsieb, y los magistrados Édgar Danés Rojas, Edgar Iván Arroyo Villarreal y René Osiris Sánchez Rivas acordaron revocar las iniciativas y acuerdos aprobados después de las primeras 5 horas de la sesión realizada el pasado 30 de junio.
La decisión de la mayoría del Trieltam impacta completamente en la estrategia legal panista, especialmente en el otorgamiento de poderes del gobernador al titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica.
Ahora, el fiscal Barrios Mojica ya no asumirá el mando total del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), el Centro General de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5) y la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE).
El segundo impacto en el poder azul es la invalidación de la Diputación permanente que fue aprobada fuera del procedimiento establecido en la ley del Poder Legislativo. El motivo de la eliminación fue que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso, a cargo del panista Félix García Aguiar, no convocó a un acuerdo para votar por tercera ocasión la terna para el periodo de descanso.
Ante la resolución del órgano máximo en materia electoral, Félix Fernando García Aguiar, Humberto Armando Prieto Herrera, Casandra Prisilla De los Santos Flore, Leticia Vargas Álvarez, Juan Vital Román Martínez, Ángel de Jesús Covarrubias Villaverde, Lidia Martínez López, Isidro Jesús Vargas Fernández, Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez
Otro punto que queda sin efecto es la aprobación de las 179 Cuentas Públicas que presentó en paquete el diputado morenista, Jesús Suárez Mata. Del total de informes financieros, 140 pertenecieron al ejercicio fiscal 2020 y 39 al año fiscal 2021.
En la sesión del 30 de junio, Suarez Mata dijo que este volumen de Cuentas Públicas no significa cumplir con una tarea para “limpiarle la casa al que ya se va”, es cumplir con la obligación que tiene el Auditor Superior del Estado (ASE).
Ante la imposibilidad de revisar a detalle los informes, Suárez Mata argumentó que estos se recibieron en octubre y febrero pasado, una vez que se terminó el proceso para sustentar una serie de observaciones que se presentaron.
Información en proceso.
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