Todos pierden con la resolución de la Corte sobre la consulta popular. Autor: José Reyes Doria

Imagen ilustrativa. Fotograma de video de la Sesión remota del Pleno de la SCJN del 1 de octubre de 2020.

Por: José Reyes Doria @jos_redo

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la consulta para enjuiciar a los expresidentes, deja un saldo de puros perdedores. Todos pierden con la decisión de la Corte, que pareció querer encontrar una salida salomónica al desafío de la consulta promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La misma votación dividida de la Corte, reflejo de la ausencia total de consenso, conlleva el efecto pernicioso de una decisión que trató de quedar bien con todos, pero que finalmente causa daño a todos, en el clásico y funesto desenlace del perder-perder.

1.- Pierde el presidente López Obrador. Porque su propósito de armar un juicio popular contra Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, quedó tocado de muerte con la pregunta que formuló la Corte para someter a consulta. Dicha pregunta ya no menciona a los expresidentes, sino a “actores políticos” y, además, tampoco menciona la palabra “delitos” como objeto de investigación a los expresidentes, sino que se refiere solo a “decisiones políticas” tomadas por los actores políticos. La pregunta de la Corte también es decepcionante para AMLO en lo referente al tiempo que abarca, pues se refiere de forma vaga a los “años pasados”; de este modo, la idea de AMLO de que la consulta popular significara también un juicio moral contra la era del neoliberalismo, 1988-2018, que encabezaron los cinco expresidentes, también se desvaneció en el aire.

Porque esa delimitación temporal es tan laxa, que nada impide que en un arranque de exhaustividad se llegue hasta el año 1521 y se decida investigar las decisiones políticas de Hernán Cortés; o bien apuntar al año 2019 y legitimar una investigación contra alguna decisión política polémica del propio López Obrador como, por ejemplo, la decisión de liberar a Ovidio Guzmán en aras de evitar un enfrentamiento sangriento y salvar vidas inocentes.

2.- Pierde la Corte. Porque la mayoría que votó a favor de la consulta, presentó argumentos sumamente débiles para echar abajo el proyecto de resolución del ministro Luis María Aguilar; ninguno de los seis ministros que votaron a favor desvirtuó de forma convincente las razones de Aguilar que fundamentaban, en su opinión, la inconstitucionalidad de la consulta. Pero más allá de las debilidades teórico-constitucionalistas de su resolución, la Corte pierde porque dejó la impresión de que, en el mejor de los casos, quiso evitar una confrontación con el poder político si rechazaba la consulta; en el peor de los casos, la postura mayoritaria de la Corte pudo obedecer a una decisión de quedar bien con el Presidente López Obrador.

La pérdida de la Corte es, además, por partida doble, ya que no solo dañó su imagen de independencia al condescender con una consulta que tiene altos visos de inconstitucionalidad que obligaban a rechazarla, para no dejar la menor duda sobre la autonomía de criterio del Poder Judicial. También pierde porque careció de firmeza para asumir una decisión categórica, es decir, si la mayoría de ministros decidió convalidar la consulta, entonces debió avalarla de forma íntegra, respetando el sentido y los alcances de la pregunta que propuso del Presidente de la República, para dotar de certeza a los ciudadanos que participarán en ese sondeo. Sin embargo, la Corte, en un afán de matizar la impresión de condescendencia con el poder político, buscó quedar bien con todos de alguna manera y reformuló la pregunta de la consulta hasta el extremo de plantear una cosa ininteligible, anodina, contradictoria y sin el menor interés para la ciudadanía. Esta pregunta debería ser declarada inconstitucional por inocua y anticlimática.

3.- Pierde la ciudadanía. Porque en el fondo de toda esta cuestión está el anhelo popular de combatir y castigar ejemplarmente la corrupción abusiva, escandalosa, despiadada y humillante que han practicado sistemáticamente los gobernantes en turno desde siempre y que. en los últimos sexenios, en efecto, alcanzó niveles demenciales. El mandato popular que recibió López Obrador en las elecciones de 2018, se compone, en gran medida, por ese profundo reclamo social de frenar el saqueo nacional, encarcelar a los corruptos más voraces y desvergonzados. Sin embargo, el mero hecho de que el presidente López Obrador supeditara las acciones de investigación y castigo a la corrupción a la realización de una consulta popular, ya implicaba un golpe delicado a la esperanza popular de castigo a los corruptos y erradicación de la impunidad.

Así como la Corte perdió por partida doble con su resolución respecto a la consulta, la ciudadanía pierde por partida triple con este embrollo. Primero, porque el anhelo de justicia ante los enormes agravios de los corruptos, ha sido mediatizado por la idea presidencial de someter a consulta un castigo para el que abundan pruebas. Segundo, porque si bien buena parte de la gente ya había aceptado el sinuoso camino de someter a consulta si se aplicaba la ley o no a los corruptos, la resolución de la Corte arroja una pregunta absolutamente disfuncional, inútil, que, si la mayoría de los ciudadanos vota por el sí, la misma naturaleza de la pregunta hace imposible señalar ningún delito y ningún responsable.

Finalmente, la ciudadanía es tres veces perdedora, porque todo este enredo implica el desgaste innecesario de un formidable instrumento de la democracia directa, como lo es la consulta popular. El tema de la consulta impulsada por AMLO abolla el propio instrumento de participación, lo banaliza irremediablemente y mina su significado político. De este modo, queda debilitado el instrumento de la consulta popular para futuras ocasiones en las que se requiera ser utilizado para desahogar verdaderos asuntos de interés nacional, general y popular como, por ejemplo: el derecho al aborto a nivel nacional; la legalización de las drogas; una nueva reforma educativa; la adopción de algún tratado internacional; la construcción de una nueva política social; entre muchos otros temas para los cuales se diseñó la consulta popular.

José Reyes Doria
José Reyes Doria

Politólogo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
Asesor parlamentario en diversos órganos de gobierno y comisiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Colaborador en portales informativos. Conferencista sobre temas legislativos y políticos. Consultor en materia de comunicación política, prospectiva y análisis de coyuntura. Contacto: reyes_doriajose@hotmail.com

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