¿El dilema Justicia-Ley ya se agotó en la 4T? Autor: José Reyes Doria

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El presidente Andrés Manuel López Obrador plantea recurrentemente el dilema que contrapone la justicia a la ley. La cuestión es apasionante y, dígase lo que se diga, no ha sido resuelta de forma inequívoca, ni por la filosofía política ni por la teoría jurídica. Son miles los casos que ilustran la contradicción entre justicia y ley, tal vez el más simbólico sea la condena a muerte que dictó Poncio Pilatos contra Jesús. El quinto prefecto de Judea no quería condenarlo, nunca encontró culpa ni evidencia contra el nazareno, pero debía cumplir la ley romana que reconocía a las autoridades judías la potestad de, en la Pascua, indultar o condenar reos, y ellos decidieron condenar a Jesús y perdonar a Barrabás. Pilatos nunca más vivió en paz, le pesaba la muerte de Jesús; de poco le sirvió lavarse las manos.

AMLO está convencido que cuando se presenta el dilema, no debe haber duda, la decisión tiene que inclinarse en favor de la justicia, aunque no se apegue a la ley. Lo volvió a decir a propósito de la renuncia de Jaime Cárdenas a la dirección del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. López Obrador reclamó a Cárdenas que tenía que hacer justicia, despedir a los funcionarios corruptos, agilizar el flujo de los recursos decomisados, darse prisa para poder disponer de los bienes captados por el Instituto en beneficio del pueblo. Pero Cárdenas, abogado y constitucionalista, no transitó con esa idea de justicia pronta y expedita, dijo que la ley debe respetarse, los procedimientos tienen que cumplirse.

En el caso de la consulta popular para someter a juicio a los expresidentes de la República, también hay una contradicción entre ley y justicia. Un ministro de la Corte ya presentó su propuesta de resolución, declarando inconstitucional esa consulta porque la Carta Magna no reconoce ese tema como materia de este instrumento de participación. A mi parecer, el ministro tiene toda la razón. Pero el presidente López Obrador está convencido que debe hacerse justicia y enjuiciar a los expresidentes Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña; nuevamente, AMLO clama que la justicia debe predominar sobre la ley cuando haya una contradicción como ésta de la consulta popular.

Así, AMLO ha planteado repetidas ocasiones esta dicotomía irreconciliable. Justicia o ley. En el fondo, es la idea que orientó la consulta para decidir si era justo que, ante sospechas de corrupción, el nuevo Aeropuerto Internacional debiera construirse en Texcoco, a pesar de que la obra ya estaba avanzada y se habían generado compromisos y obligaciones legales y comerciales. Similar enfoque puede observarse en el ámbito energético, donde el gobierno de la Cuarta Transformación impulsa, por considerarlo justo, un mayor control y rectoría del Estado sobre el petróleo, la electricidad, los gasoductos, las concesiones, la infraestructura; sin embargo, muchas de las decisiones del gobierno de la República en este sector han chocado con lo que al respecto establecen la Constitución, las leyes y los órganos autónomos.

En la raíz del dilema justicia-ley, está la cuestión de que, mientras la ley está escrita y cuenta con mecanismos y criterios de aplicabilidad, la justicia está abierta a múltiples definiciones y que, al final, la interpretación queda en manos de quien detenta el poder para imponer decisiones que no se apeguen a la ley. Ahora bien, la ley, por definición es imperfecta, refleja un equilibrio pactado que, en cuestiones cruciales, garantizan los intereses de las clases dominantes. Pero, con todo y esas imperfecciones, la ley, frente a la justicia, aporta más racionalidad, estabilidad y previsibilidad a la convivencia social y a las relaciones de poder.

El dilema parece irresoluble, pero no lo es del todo. En principio, es saludable que persista la noción de justicia y que los gobernantes lo tengan en cuenta como componente ético de las decisiones fundamentales. Por ello, el dilema justicia-ley debe usarse pocas veces, no abusar de su planteamiento porque así se puede abrir el camino a la ingobernabilidad y la personalización de la justicia, de la ley y de la política. Desde luego, está el recurso de reformar las leyes injustas, pero ¿tiene suficiente poder para eso AMLO?

Ese tema, el de la personalización del poder, sí se ha tratado de acotar a lo largo de la historia, y uno de los ejemplos cásicos es el de Licurgo. En efecto, Licurgo (800-730 A.C.), fue el gran legislador y gobernante de Esparta. Había logrado la integración, la armonía, el progreso y la gloria de Esparta, incluida la construcción de una Constitución que todos los espartanos, pobres y ricos, respetaban. Pero, consciente de que en buena media todos esos logros se debían a él mismo, a su integridad, su convicción, su genio, su carisma y su talento, Licurgo pensó que al morir podría generarse el caos y la ingobernabilidad en Esparta.

Con esa idea, decidió marcharse, le dijo a su pueblo que iba a consultar al oráculo de Delfos sobre el futuro de Esparta y que, en tanto no regresara, los espartanos se siguieran gobernando con las mismas leyes e instituciones que él creó, sin hacer ningún cambio. Licurgo, en realidad, se fue con la intención de nunca regresar. En efecto, nunca regresó, los espartanos respetaron su obra legislativa e institucional, se gobernaron con gran disciplina y vivieron siglos de gloria. Licurgo triunfó al entronizar la ley por encima de su persona.

José Reyes Doria
José Reyes Doria

Politólogo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
Asesor parlamentario en diversos órganos de gobierno y comisiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Colaborador en portales informativos. Conferencista sobre temas legislativos y políticos. Consultor en materia de comunicación política, prospectiva y análisis de coyuntura. Contacto: reyes_doriajose@hotmail.com

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