¿Terrorismo con bombas en la Cuarta Transformación? Más vale frenarlo de tajo. Autor: José Reyes Doria

@jos_redo

Parecía un regalo esperado, los festejados lo recibieron con la emoción de la sorpresa. La bomba disfrazada estalló sin misericordia, matando a dos personas, hiriendo a varias más. La explosión también golpeó la precaria “normalidad” de Salamanca y de todo el país, tan habituados ya a la barbarie de la violencia criminal.

La ONU define el terrorismo como «actos criminales, inclusive contra civiles, cometidos con la intención de causar la muerte o lesiones corporales graves o de tomar rehenes con el propósito de provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en determinada persona, intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de realizarlo.

Tal vez un poco ajustado, pero el bombazo de Salamanca califica como acto terrorista. Mató e hirió personas, sembró el terror no solo en el lugar del atentado, sino en todo Salamanca, Guanajuato y México. No se sabe todavía cuáles fueron los móviles del acto, pero no es descabellado conjeturar que, además de matar a los destinatarios del atentado y expandir el miedo, los autores del bombazo buscaban también incidir en las acciones de los agentes del Estado.

La Fiscalía General de la República debe atraer e investigar este atentado. Su esclarecimiento puntual es imperioso para determinar si, en efecto, fu motivado por intenciones terroristas. De ser así, no cabe duda de que la violencia criminal en nuestro país estaría escalando peligrosamente hacia una situación de descontrol sin límites. El terrorismo practicado por organizaciones criminales, sin aparentes motivaciones político-ideológicas, puede alcanzar niveles de horror despiadado, como ocurrió en Colombia hace unas décadas.

La espiral de violencia desatada por Felipe Calderón en 2006 ya nos había ofrecido escenas verdaderamente espeluznantes. Las decapitaciones, las cabezas rodando en salones de baile o en edificios públicos, nada le piden a cualquier acto de terrorismo, sin embargo, eran acciones destinadas básicamente a golpear e intimidar al cártel rival. Sí, la población se azoró con las imágenes de las cabezas exhibidas como avisos y trofeos de guerra, aunque tal barbarie no generó el nivel de terror que ocasiona el estallido indiscriminado de una bomba.

El asesinato en masa de migrantes en San Fernando, Tamaulipas, o la quemazón de decenas de personas en el casino de Monterrey, entre otras estampas costumbristas de la guerra criminal, igualmente coquetean con la tipificación del terrorismo, pero, insisto, carecen de la teatralidad del bombazo clásico que horroriza, mata personas y destruye inmuebles y vehículos.

No se ve en el corto plazo una forma de acabar o atenuar significativamente la violencia criminal que, en el actual sexenio, ya ha generado 100 mil muertos. El Estado carece de la fuerza y los recursos necesarios. No es que el presidente López Obrador quiera mantener estos niveles de violencia, no es que Peña Nieto haya gozado con la mortandad y las masacres. Incluso, no es que las estrategias de seguridad sean erradas, que lo son.

Más bien, la realidad demuestra que el Estado mexicano no cuenta con fuerzas armadas y policíacas aptas y suficientes para garantizar la seguridad de la población y la soberanía en todo el territorio nacional; en amplias franjas del país, alrededor del 30 por ciento de acuerdo con diversos cálculos, dominan los grupos criminales. En una tercera parte de México, el Estado es fallido y el gobierno no gobierna. La profunda desigualdad social imperante desde siempre, arrasa con la legitimidad y el respaldo social que el gobierno necesita para enfrentarse a las organizaciones criminales. La debilidad del Estado de Derecho y una economía grande pero precaria y concentradora de la riqueza, dejan sin herramientas al gobierno. No es que no quiera AMLO, es que no puede, en lo inmediato, frenar ni atenuar la violencia.

El gobierno de López Obrador impulsa la llamada Cuarta Transformación, el Presidente está convencido que la transferencia de apoyos a los jóvenes, becas a los estudiantes para que no abandonen la escuela, pensiones a los adultos mayores y subsidios a la población rural, tendrán como consecuencia la disminución de la violencia. El enfoque es dudoso y, en todo caso, requeriría de muchos años, tal vez décadas, para materializarse.

¿Y mientras? En tanto se comprueba si es verdadera la visión cuasi utópica de AMLO de una paz fruto de la justicia, la llamada 4T no puede darse el lujo de una escalada de violencia terrorista. El bombazo de Salamanca debe esclarecerse y castigarse ejemplarmente. Llegó el momento de considerar estrategias enérgicas de disuasión de este tipo de prácticas. Marcar un límite infranqueable a las organizaciones criminales, de tal forma que sepan que no deben atreverse a rebasarlo.

No es exagerado decir que la estabilidad política y social, así como la seguridad nacional, estarían seriamente amenazadas si escala el terrorismo en México. La soberanía también, pues el terrorismo tiene implicaciones internacionales y, de persistir estas prácticas, estará latente cualquier forma de intervención de la comunidad internacional.