
Tampoco se ha enviado al Congres de la CDMXla iniciativa para regular el transporte de sustancias pesadas como anuncio el Gobierno de Clara Brugada
Manuel Cosme | OEM-Informex
A 20 días de la explosión de una pipa de gas en el puente de la Concordia, alcaldía Iztapalapa, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCM) la investigación no se ha integrado en una única carpeta, ni ha concluido los peritajes para que las empresas aseguradoras puedan comenzar a pagar las indemnizaciones a las personas lesionadas y las familias de las 31 personas que hasta el momento han fallecido.
Por su parte, la jefa de Gobierno de la CdMx, Clara Brugada, tampoco ha enviado al Congreso local la iniciativa para regular la circulación de vehículos que transportan sustancias peligrosas, donde se incluirá a las pipas, por lo que la regulación en la materia continúa siendo la misma que provocó el accidente y explosión, el pasado 10 de septiembre.
Lo anterior, pese de que tanto la titular del ejecutivo local, como la fiscal anunciaron que buscarán la reparación integral del daño por los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y daño a la propiedad.
Además, se tiene pendiente que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos entregue el nuevo protocolo de transportación de sustancias peligrosas por la Ciudad de México, el cual definirá las rutas de circulación de los vehículos, sus horarios, límites de velocidad, certificación de los conductores de la unidad, capacidad de carga de las unidades.
El lunes 22 de septiembre, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos ofreció que difundiría el nuevo protocolo de transportación de sustancias peligrosa, una vez que el ejecutivo federal hiciera ajustes a las leyes en la materia, pero hasta el día de ayer, ni la dependencia, ni la jefa de Gobierno habían presentado el documento.
Por su parte, la Secretaría de Salud informó que el total de personas fallecidas es de 31, en esta lista se encuentra, Fernando Soto Munguía, conductor de la pipa, quien murió la noche del martes 16 de septiembre en el hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”.
Otras personas lesionadas que fallecieron a consecuencia de las lesiones que les provocó la explosión fueron: Alicia Matías, llamada la “abuelita heroína”, porque protegió a su nieta de dos años del fuego generado por el estallido, y el policía Ángel Soriano Buendía, quien trasladó en su motocicleta a la niña hasta un hospital para que recibiera atención médica.
Gerardo Jiménez, jefe de Redacción de El Sol de México, publicó el 15 de septiembre un avance del informe de la FGJCM sobre el accidente, en el que se asegura que la pipa de la empresa Silza circulaba a 50 kilómetros por hora en una vialidad cuyo límite de velocidad es de 40 kilómetros por hora, luego el conductor perdió el control de la unidad para finalmente volcarse.
La pipa de la empresa Silza circulaba a 50 kilómetros por hora en una vialidad cuyo límite de velocidad es de 40 kilómetros por hora, luego el conductor perdió el control de la unidad para finalmente volcarse
El análisis de Arturo Martínez Castro, integrante de la Coordinación General de Servicios Periciales de la fiscalía, niega la presencia de un bache en la zona del accidente, que en un principio se mencionó como la causa del accidente.
Bertha María Alcalde Luján, fiscal general de Justicia local, presentó el 17 de septiembre un avance de las investigaciones. Primero ubicó la ruta que seguía la pipa, iba de Tuxpan, Veracruz a una planta gasera en la alcaldía de Tláhuac, pero al llegar al puente de La Concordia su conductor perdió el control del vehículo para estrellarse contra los muros de contención y sobrevino la volcadura, lo cual provocó una rotura en el tanque, el gas escapó y luego una chispa generó el estallido, pero aclaró que las investigaciones seguían.
Familiares y abogados de lesionados denuncian que la FGJCdMx no ha concluido los peritajes razón por la cual no ha comenzado el pago de indemnizaciones. También denuncian que se tienen carpetas de investigación en distintas agencias del Ministerio Público, por lo que solicitan se integre una que facilite la consulta.
La fiscal Bertha Luján explicó ese mismo 17 de septiembre, que con el propósito de dar asesoría jurídica a todos los afectados, se solicitó a la empresa Silza ser el enlace entre los involucrados. De esta manera se busca garantizar que el pago sea justo, pero diferenciado, acorde a los daños que cada persona tuvo y las secuelas de los mismos.
“Hemos pedido a la empresa que el canal para la realización de pagos o apoyos a familiares, sea a través de la fiscalía. Porque es muy importante que las familias reciban asesoría jurídica, previo a que se realice algún pago y que tengan toda la información disponible, para poder tomar alguna decisión al respecto”, explicó la funcionaria.

El gobierno capitalino reportó que la explosión provocó en las primeras horas la muerte de ocho personas y lesiones a otras 67, a quienes trasladaron a 10 hospitales donde fueron atendidos de ellos 22 estaban en estado crítico; el saldo actual es de 31 fallecidos, pero todavía 13 se encuentran hospitalizados.
Por su parte, Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, mencionó que otro aspecto que se considerará en las reformas se refiere a la capacidad de carga de las unidades. Aseguró el documento ya estaba listo y solo esperaba que la federación emita sus reglas para tener un documento unificado.
El documento ya estaba listo y solo esperaba que la federación emita sus reglas para tener un documento unificado
Otro asunto pendiente que dijo tendría prioridad se refiere a que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos entregue el nuevo protocolo de transportación de sustancias peligrosas por la Ciudad de México, el cual definirá las rutas de circulación de los vehículos, sus horarios, límites de velocidad y la certificación de los conductores de la unidad; mientras que Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, mencionó que también se regulará lo relacionado con la capacidad de carga de las unidades. El documento ya estaba listo, pero solo esperaba que la federación emitiera sus reglas del tema para que las capitalinas estuvieran en línea con ellas, dijo la semana pasada.
El gobierno capitalino aportó un primer apoyo de emergencia de 20 mil personas para quienes sobrevivieron al estallido de la pipa y de 50 mil pesos a los deudos de quienes perdieron la vida, además de los gastos funerarios.
Además, la jefa de Gobierno anunció la creación de un comité solidario para que las personas interesadas en hacer donaciones en especie o económicas apoyaran a los afectados por el accidente. Sin embargo el anuncio provocó críticas por lo que días después tuvo que anunciar que ese proyecto se posponía.
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