“Son los gobernadores un contrapeso para AMLO”. Autora: Ivonne Acuña Murillo

Conocida es la existencia de tensiones en la relación del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), con algunos gobernadores. No es de extrañar, si estas se sitúan en el contexto de un cambio de régimen, en el que algunas fuerzas tienden a la transformación y otras a la conservación de un pasado próximo. Tampoco es raro, si se recuerda que, desde los tiempos del PRI (que lejos suena eso), la fuerza del primer mandatario y de los gobernadores era inversamente proporcional. Esto es, mientras más fuerte el presidente más débiles los gobernadores y viceversa.

Actualmente, cuando es innegable la concentración de poder por parte de López Obrador, pero en momentos de redefinición del presidencialismo mexicano, la pregunta sobre si los gobernadores son un contrapeso al primer mandatario se vuelve pertinente.

El contexto previo lo conforman dos administraciones de alternancia, la de Vicente Fox Quesada y la de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, a la que se suma una más, la de la vuelta fallida del PRI con Enrique Peña Nieto a la cabeza, en las que algunos gobernadores se fortalecieron al punto de ser considerados “señores feudales” y a quienes no hubo poder capaz de “meter al orden” en materia de administración de recursos públicos, aplicación de justicia, políticas públicas, etc.

El resultado: abusos sin límites, nexos con la delincuencia organizada, violaciones a derechos humanos, opositores-ecologistas-periodistas-defensores de derechos humanos desaparecidos o asesinados, depredación de los recursos naturales y una corrupción descarada al punto de dejar vacías las arcas públicas. Muy al estilo del presidente municipal de San Pedro de los Aguados, Juan Vargas (Damián Alcázar), protagonista de la película de Luis Estrada “La Ley de Herodes” (1999), cuyo antecesor no vendió el pueblo entero pues “no encontró quien se lo comprara”, a decir de Carlos Pek (Salvador Sánchez), el secretario del munícipe.

Es sintomático que en la foto que Peña se tomó al momento de asumir la presidencia, aparecen 19 gobernadores, 10 de los cuales enfrentan cargos por corrupción. De hecho, desde 2010, 19 gobernadores, la mayoría priistas, han sido investigados por corrupción. Quienes mejor representan este “modelo” son los jóvenes gobernadores priistas a quienes Peña Nieto presentó como lo mejor del “nuevo PRI”.

Sus nombres: Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz; César Duarte, de Chihuahua; Roberto Borge, de Quintana Roo. Destacan igualmente, otros gobernadores priistas llegados al poder poco antes de Peña como Rodrigo Medina, de Nuevo León; Roberto Sandoval, de Nayarit; Mario Anguiano, de Colima; Egidio Torre Cantú, de Tamaulipas, Tomás Yarrington y muchos otros, que no se mencionan por cuestión de espacio, acusados igualmente por actos de corrupción.

Con estos antecedentes debe ahora el presidente López Obrador resistir las presiones de algunos de los gobernadores actuales que, irónicamente, buscan lo mismo que él, un cambio de régimen, pero sólo en aquellos temas que les son sensibles como el federalismo fiscal y los recursos para atender la actual contingencia sanitaria.

Desde el inicio de su administración el primer mandatario ha buscado poner un freno al despilfarro a que sometieron a sus estados los gobernadores anteriores. ¿La fórmula? El nombramiento de superdelegados que tendrían a su cargo la coordinación e implementación de planes, programas y acciones para el desarrollo integral, funciones de atención ciudadana, la supervisión de los servicios y los programas a cargo de las secretarías, las dependencias y entidades. En corto, serían los responsables de “atarle las manos” a los mandatarios estatales en el manejo de los recursos públicos.

Esta fue la primera de las tensiones entre el presidente y los gobernadores, por la resistencia de estos últimos ante lo que parecía una clara intromisión del centro en asuntos locales. La primera, pero no la última. Desde que se declaró la emergencia sanitaria, el 31 de marzo, diferentes gobernadores han decido enfrentarse a la administración federal para conseguir más recursos dirigidos, dicen, a la atención de la pandemia de Covid-19 y para modificar el pacto fiscal federal.

Hasta ahora, el presidente ha resistido el embate de ciertos gobernadores, como Enrique Alfaro de Jalisco, Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, y otros, para no dar paso a la formación de un Fondo que permita enviar más recursos económicos a las diversas entidades, así como para armar un Plan Nacional que atienda la emergencia sanitaria.

Por supuesto, los gobernadores no se han rendido y al fin lograron concertar una reunión con el presidente de la República, el 19 de agosto, en San Luis Potosí, en el marco de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) para revisar, en particular, los temas propuestos por la Alianza Federalista (AF), a saber: el fortalecimiento de los 32 sistemas de salud; un acuerdo sobre una estrategia para la reactivación económica; la revisión del pacto fiscal y el impulso a una política pública de energías verdes.

La CONAGO está formada por los gobernadores de las 32 entidades federativas del país y se encuentra encabezada por Juan Manuel Carreras de San Luis Potosí. La AF, que se coloca al frente de la próxima reunión, está conformada por los mandatarios de Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Guanajuato y Tamaulipas del PAN, Coahuila y Colima del PRI, Jalisco de Movimiento Ciudadano, Michoacán del PRD y Nuevo León gobernado por un independiente.

Coincidentemente, 10 de los 14 gobernadores citados aparecieron en el “documento confidencial” adjudicado al Bloque Opositor Amplio (BOA), presentado por el mismo presidente de la República, en la Conferencia de prensa del 9 de junio. Quedan fuera los gobernadores de Baja California Sur, Querétaro, Yucatán del PAN y Quintana Roo del PRD. Los dos objetivos prioritarios del BOA serían, de acuerdo con la lectura que de este documento hiciera Jesús Ramírez, Coordinador General de Comunicación Social y vocero del Gobierno de la República: “desplazar a Morena de la mayoría en la Cámara de Diputados en 2021” y “revocar el mandato presidencial en 2022”.

La AF no es el único antecedente, en el que los gobernadores panistas han buscado organizarse para ofrecer un frente común e incidir en las decisiones de la administración federal. La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN), dirigida por el gobernador Francisco Domínguez, de Querétaro, se reunió en Dolores Hidalgo, Guanajuato, el 13 de junio.

Sus demandas: que se revise y modernice el federalismo mexicano, comenzando por modificaciones a la Constitución Política; que se revisen y delimiten nuevamente las atribuciones tanto de la Federación como de los estados, pues, a decir de García Cabeza de Vaca, recaen más responsabilidades sobre los gobiernos estatales, pero no más presupuesto, de ahí la necesidad de un fondo extraordinario; que se lleve a cabo una reforma fiscal ante una inequitativa redistribución de los recursos, para lo cual debe actualizarse la obsoleta Ley de Coordinación Fiscal, vigente desde hace más de 40 años; tomar en cuenta la investigación, la innovación, la ciencia y las nuevas tecnologías para producir energías limpias y “frenar a cualquier costo la regresión autoritaria”. Este último punto, coincide “extrañamente” con el discurso del Frente Nacional Anti-AMLO, el FRENAA.

En un diferendo más, el 31 de julio, 10 gobernadores solicitaron la renuncia de Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, al acusarlo de pretender, mediante la estrategia del Semáforo Sanitario, trasladar la responsabilidad del gobierno federal a estados y municipios, a pesar de que algunos de ellos decidieron, semanas atrás, seguir su propio semáforo.

La petición fue firmada por gobernadores de la AF: Martín Orozco Sandoval, de Aguascalientes; Javier Corral, de Chihuahua; Miguel Ángel Riquelme, de Coahuila; José Ignacio Peralta Sánchez, de Colima; José Rosas Aispuro, de Durango, Diego Sinhué Rodríguez, de Guanajuato; Enrique Alfaro, de Jalisco; Silvano Aureoles, de Michoacán; Jaime Rodríguez, de Nuevo León, y Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas.

Curiosamente, a poco de haber sido hecha pública la petición, Javier Corral se deslindó de la misma. Así lo hizo también Francisco Domínguez. Además, al parecer, la petición no está en la agenda que se tocará en la reunión del 19 de agosto.

Sin embargo, el enfrentamiento entre los gobernadores panistas, y algunos de otras fuerzas políticas, con López-Gatell tiene como fin golpear la figura presidencial y debilitar una estrategia que no les permite obtener más recursos, a pesar de que algunos gobernadores, como Enrique Alfaro, quien en año y medio ha triplicado la deuda pública de su estado, ya encontraron el camino para hacerse de más dinero. Ya se verá, si las precauciones de López Obrador para amarrarles las manos a los mandatarios locales, surte efecto y qué tanto está dispuesto a ceder ante la embestida continua de las administraciones estatales.

Por lo pronto, los mencionados gobernadores, no han conseguido una cita ni con López-Gatell, ni con el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, quien les canceló, en dos ocasiones, la reunión pedida desde el 11 de julio.

López-Gatell argumentó su negativa sosteniendo que los mandatarios querían un “trato específico”, “diferenciado”, y que ya se tenía un grupo de trabajo convocado semanalmente por las Secretarías de Gobernación y de Salud y en consenso con la CONAGO.

Ante la doble negativa, “Pancho” Domínguez declaró “Quedó muy claro que la Secretaría de Salud no se quiere reunir con los gobernadores del PAN, así que no vamos a insistir”. Sin embargo, el enojo queda ahí, como lo demostró en entrevista con Gabriela Warkentin y Javier Risco, en el noticiario “Así las Cosas”, en Radio Fórmula, el 13 de julio, Francisco García Cabeza de Vaca, al afirmar que: “López-Gatell sólo es el vocero del gobierno central, pero no el vocero del Consejo de Sanidad Nacional (sic) (…) debe de ser más prudente. Primero que nada, que entienda que él es el vocero del gobierno federal y en ningún momento puede sustituir (a la autoridad nacional en la materia) (…) Yo creo que ya llegó el momento de poner un hasta aquí, poner orden”.

Después de lo expuesto aquí, puede preguntarse nuevamente ¿estará vigente la fórmula del “poder inversamente proporcional” o no? ¿son realmente un contrapeso los gobernadores de los estados al poder del presidente López Obrador? ¿han resultado exitosos todos sus esfuerzos por restarle autoridad moral y poder real al presidente?

Por lo dicho arriba y por lo que se ha visto hasta ahora, la respuesta es ¡no! Sin embargo, el sexenio es joven, hay tiempo para seguirlo intentando, aunque, hay que decirlo, otra fórmula que podría estar vigente es aquella según la cual, el tercer y cuarto año de gobierno son los de más de poder de un presidente. O, al menos, así era en los tiempos idos del PRI.

De ser así, más les vale a los gobernadores rebeldes llevársela tranquila y no seguir tratando de encauzar las decisiones del presidente por la ruta de sus propios intereses, buscando ampliar la bolsa de recursos que a cada estado corresponde, a menos que se comprometan a una total transparencia en el manejo de los fondos públicos.

Igualmente, deberán matizar sus exigencias “para poner orden” en lo que perciben como “el desorden” de un gobierno que no hace las cosas “como se acostumbra”.

Ivonne Acuña Murillo
Ivonne Acuña Murillo

Socióloga feminista, académica de la Universidad Iberoamericana. Analista política experta en sistema político mexicano y género. Autora de más de 250 artículos periodísticos y 25 académicos publicados en periódicos y revistas de circulación nacional. Ha contribuido al análisis del presente y el futuro de un país que se desgarra en múltiples medios escritos, radiofónicos y televisivos, tanto nacionales como internacionales.

Deja un comentario