Silvano Aureoles contrató a empresa de esposo de Inés Gómez-Mont para espiar a michoacanos, asegura el periodista Salvador García Soto (nota de Metapolítica)

Foto: Especial.

Metapolítica.

“El Gobierno de Michoacán contrató en 2017, con el gobernador perredista Silvano Aureoles, a una empresa de tecnología e informática propiedad de Álvarez Puga, a la que se le pagaron 132 millones de dólares en cinco años de duración del contrato (cerca de 2 mil 700 millones de pesos) para instalar y operar un sistema de espionaje, a través del monitoreo y seguimiento a direcciones IP y teléfonos celulares que operó en la pasada administración”, es lo que escribe el columnista de El Universal, Salvador García Soto.

Víctor Manuel Álvarez Puga está acusado, junto a su esposa Inés Gómez-Mont, de lavado de dinero y defraudación fiscal. Ambos están prófugos.

Entre las actividades del chiapaneco Álvarez Puga se encontraban la de proporcionar software tecnológico para monitoreo y seguimiento de ciudadanos mediante su dirección IP. Todo esto lo hacía con la empresa Integra Software, la cual fue contratada por el Gobierno de Silvano Aureoles.

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A decir del columnista, el Gobierno michoacano “pagó a Álvarez Puga un contrato que el Gobierno estatal aceptó firmar en dólares estadounidenses que se pagaban cada mes con el tipo de cambio imperante”.

Señala que el Gobierno silvanista pagaba cada mes, desde marzo de 2017 a abril de 2021, una cantidad de 2.5 millones de dólares de pago mensual “por sus servicios de ‘monitoreo y seguimiento’ a las direcciones IP de todos los michoacanos”.

La contratación se dio por 51 meses y cuyo primer pago, dijo, fue de 7 millones de dólares, lo que representó un gasto de 132 millones de dólares que la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Michoacán pagó durante los cinco años que duró la vigencia del contrato.

El columnista Salvador García asegura tener una copia del contrato, el cual, dice, “se hizo por adjudicación directa, se firmó en Morelia, en enero de 2017, en el segundo año de gobierno de Aureoles Conejo, y tiene el número CAPDE-1SGAB-00117”.

Y agrega: “En él aparecen las firmas del secretario de Finanzas, Carlos Maldonado Mendoza; del titular del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, Guillermo Loaiza Gómez, mientras que por Integra Software, firmó Raúl García Palacios como ‘administrador único’”.

En el objeto del contrato se estableció que la empresa Integra Software instalaría un centro que permitiría al Gobierno estatal “el monitoreo y actualización constante de las direcciones IP (computadoras, teléfonos y tabletas) en todo el territorio del estado y cada uno de sus municipios”, así como la instalación de 12 terminales y pantallas de monitoreo que la empresa se comprometió a mantener “en servicio y mantenimiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año”.

El columnista se refiere a declaraciones de fuentes que conocieron la instalación y operación de ese “sistema de monitoreo y seguimiento de direcciones IP”, el cual, dicen, se trataba en realidad de un centro “desde donde se practicaba espionaje y seguimiento a teléfonos celulares y equipos de cómputo no sólo de Michoacán sino de todo el país, y en donde se espiaba a personajes políticos, empresarios, periodistas y otras personas públicas”.

La empresa Integra Software ofreció un software para seguir las direcciones IP, y aunque el nombre no aparece mencionado en el contrato, se menciona que “la tecnología usada es única en el mundo”.

En un reporte de contabilidad interno del empresario, prosigue el periodista, “se reporta la facturación de varias empresas que, de acuerdo con las denuncias de la Procuraduría Fiscal, del SAT y de la UIF, eran utilizadas como “factureras” y que, en algunos casos se trataba de empresas fantasma que aparecen mencionadas en contratos firmados con distintas dependencias federales y estatales”.

En un reporte contable específico de “Facturas Pagadas por Estado de Cuenta Integra Software, S.A. de C.V.”, se detalla el pago de tres facturas, escribe el columnista, de las cuales, hay dos con fecha del 4 de abril de 2017 y una del 6 de abril de 2017, “que aparecen foliadas con el numero 32 y corresponden al concepto: ‘Ingreso por Pago Factura 32 Gobierno del Estado de Michoacán, la primera por 88 millones de pesos, la segunda por 12 mdp, y la tercera por 56 millones 619 mil 460 pesos’”.

En un estado de cuenta de Banco Santander se detallan los movimientos, depósitos y transferencias de la Cuenta E-Pyme 92-00214660-1 que corresponden a abril de 2017. “Ahí se consigna los tres pagos del Gobierno del estado de Michoacán que coinciden con los montos y fechas mencionados”: el primero, el 4 de abril por 88 millones de pesos con el folio 7401959; el segundo depósito también el 4 de abril por 12 millones de pesos registrado con folio 7428954; y el tercero el 6 de abril por 52 millones 619 mil 460 pesos foliado con el número 8270061.

El estado de cuenta registra que ese recurso, una vez recibido por el Gobierno de Michoacán y su Secretaría de Finanzas, “eran dispersados con transferencias a varias empresas el mismo día 4 de abril, por ejemplo a la empresa Broadlink le transfirieron 43 millones 458 mil 240 pesos a una cuenta en Banamex, por concepto de ‘Enlace Pago’ aparecen ese mismo día tres transferencias que suman en total 40.8 millones de pesos, además de una transferencia por 7 millones de pesos a la Sofom Súper Préstamos y una transferencia por 3.8 millones de pesos al particular Juan José Garay Rodríguez”.

Subraya también un pago por 9.6 millones de pesos a la empresa Servitac, SC. Otros dos pagos a la Sofom Super prestámos por casi 11 millones de pesos, y otros cuatro por “Pago Enlace Factura” por 43 millones 498 mil 400 pesos.

“El contrato entre el Gobierno de Michoacán y la empresa de Álvarez Puga para instalar el centro de monitoreo y espionaje de direcciones IP se pactó para pagarse en dólares, en un hecho que según abogados expertos no es ilegal para un Gobierno estatal, aunque sí es inusual, por el riesgo que representa para las finanzas públicas en caso de una devaluación del tipo de cambio”, menciona el periodista.

“Tal vez por eso, aunque los pagos se programaron en dólares (…) se especificó en una de las cláusulas del contrato que ‘en caso de que el tipo de cambio del dólar rebasara los 22.50 pesos por dólar, se renegociarán los términos del contrato’”, agrega.

En los cinco años que el gobierno de Silvano Aureoles estuvo transfiriendo los pagos a las cuentas de la empresa Integra Software, el tipo de cambio fluctuó de los 20 pesos de 2017, a los 19, 18 y hasta 21 pesos en los años siguientes.

Sobre el uso de “los datos y la información” que se recabó a través del espionaje y seguimiento de las direcciones IP en Michoacán y otras partes del país, menciona el columnista, “una de las cláusulas señala que ‘son para uso exclusivo del Gobierno’, aunque nunca detalla qué tipo de uso tuvo toda esa información recabada de usuarios de teléfonos celulares, equipos de cómputo y otros dispositivos de comunicación”.

A Víctor Manuel Álvarez Puga se le ha señalado por formar parte del grupo de amigos de Juan Collado, abogado que estuvo a cargo del divorcio del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), defensor de Raúl Salinas de Gortari y que fue detenido por la Fiscalía General de la República acusado de delincuencia organizada.

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