Silencio y desdén, recursos del PAN para invisibilizar derecho al matrimonio igualitario en Guanajuato (artículo de Carmen Pizano en POPLab)

Ilustración: Pinche Einnar.

Ni las resoluciones de la SCJN ni el exhorto de la CNDH logran que panistas reconozcan derechos LGBTTTIQ. Activistas no ven futuro a las tres iniciativas pendientes de análisis.

Por: Carmen Pizano de POPLab.

Con silencio y evasivas diputados locales de Acción Nacional y el propio gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, invisibilizan a la comunidad LGBTTTIQ e intentan dejar en el olvido los mandatos legales y las recomendaciones de Derechos Humanos para que se legisle a favor de los matrimonios igualitarios.

Hace 11 días que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) publicó un exhorto dirigido a los congresos de Sonora y Guanajuato para que reformen el Código Civil y se reconozca el derecho de todas las personas a contraer matrimonio, fundamentado en resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La diputada panista Cristina Márquez Alcalá ha mantenido desde hace dos años en la “congeladora legislativa” una iniciativa de reforma que presentó el perredista Isidoro Bazaldúa Lugo para que se incluya el matrimonio entre personas del mismo sexo en el Código Civil.

A propósito del exhorto publicado por la CNDH, la fracción de Morena en el Congreso de Guanajuato sumó una nueva iniciativa para establecer en el Código Civil que parejas del mismo sexo puedan casarse sin necesidad de recurrir al amparo.

Activistas no ven en las iniciativas presentadas por partidos de oposición una oportunidad real de que se reconozcan los derechos de la comunidad LGBTTTIQ, mientras las agresiones y actos de discriminación llevaron a Guanajuato al segundo lugar nacional en el informe presentado por la plataforma Visible.

Durante más de una semana la fracción del PAN ha guardado silencio, ni la presidenta de la comisión de Justicia ni ningún otro integrante ha querido pronunciarse sobre el llamado que hizo el organismo nacional.

“No tenemos ninguna opinión al respecto”, fue la respuesta que llegó desde el área de comunicación social del grupo parlamentario del PAN ante la insistencia de POPLab por conocer los motivos que han llevado a Cristina Márquez a postergar el análisis de la propuesta perredista y el exhorto de la CNDH.

Cristina Márquez, presidenta de la comisión de Justicia en el Congreso local.

A través de la coordinación de comunicación del Congreso del Estado, con mayoría panista, también se cuestionó si habría algún pronunciamiento por el exhorto dirigido a todas las diputadas y diputados, pero la respuesta fue que no habría ninguna postura porque no tenían la notificación oficial, solo se dieron cuenta del pronunciamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a través de redes sociales.

Para diputadas de oposición la negativa del PAN a reconocer los derechos que tienen todas las personas a contraer matrimonio sin importar la orientación sexual solo es una muestra de la imposición de la ideología conservadora que se traduce en leyes violatorias a los derechos humanos.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo también evadió el tema de los matrimonios igualitarios. El gobernador que selecciona los temas que responde, decidió cortar la pregunta sobre el exhorto de la CNDH, así como lo ha hecho cuando se le pregunta sobre la violencia.

Las únicas palabras que salieron del mandatario estatal sobre el tema fue que tendrán que ser los diputados los que se pronuncien.

“Yo respeto los temas Legislativos, yo siempre he dicho que son temas que el Legislativo tiene que resolver”, dijo el gobernador que previo al inicio del periodo ordinario de sesiones se reunió con los 19 representantes del PAN.

Reunión de la fracción panista del Congreso local con el gobernador durante la plenaria para conformar la agenda legislativa el 24 de septiembre pasado.

Estado discrimina sistemáticamente

En el exhorto enviado por la CNDH a los congresos de Guanajuato y Sonora recordaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la resolución al amparo 704/2014, en la que declara inconstitucional toda ley que defina el matrimonio como la unión entre hombre y mujer, y cuya finalidad es la procreación.

En este supuesto cae el Código Civil del Estado de Guanajuato. En su artículo 144 establece como requisito la procreación para que se autorice el matrimonio.

“Cualquiera condición contraria a la perpetuación de la especie o a la ayuda mutua que se deben los cónyuges, se tendrá por no puesta”.

Además, el título quinto del citado código en Guanajuato está plagado de los términos “hombre-mujer” para hacer mención de los derechos y obligaciones de cada una de las partes.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos también señaló en el documento publicado que la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que no existe razonamiento constitucional para no reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, además de que la libertad del funcionario está limitada a los derechos a la igualdad y no discriminación.

Para la CNDH las omisiones de los congresos de Guanajuato y Sonora para reformar los ordenamientos legales que impiden el matrimonio entre personas del mismo sexo representan una discriminación “sistemática y estructural”.

Antecedentes en Guanajuato

En marzo de 2014 se celebró la primera boda entre personas del mismo sexo en León, luego de un largo proceso legal que tuvo que enfrentar la pareja cuando el Registro Civil del Estado a cargo del panista Rito Padilla negó casar a dos mujeres.

Tuvieron que pasar alrededor de seis meses en tribunales para que la pareja pudiera concretar el matrimonio. El mismo funcionario que en septiembre de 2013 le negó el derecho a casarse, en marzo del siguiente año ofició la celebración.

Desde 2014 a la fecha el Registro Civil del Estado ha celebrado 121 uniones entre personas del mismo sexo.

Desde la Legislatura LX (2012-2015) en Guanajuato se presentaron las primeras propuestas en busca de reconocer las uniones entre personas del mismo sexo.

La primera en llevar el tema fue la priista Erika Arroyo Bello, quien propuso una Ley de Sociedades de Convivencia, que fue rechazada. Luego en 2014 la perredista Guadalupe Torres Rea presentó una iniciativa de reforma al Código Civil, pero también se dio carpetazo.

En octubre de 2018 nuevamente el PRD propuso una reforma para que la legislación local reconozca los matrimonios igualitarios, pero con la panista Cristina Márquez Alcalá en la presidencia de la comisión que está a cargo de analizar la propuesta se mantiene en la congeladora.

PAN discrimina a la comunidad

Las coordinadoras de Morena y el PVEM en el Congreso del Estado coincidieron en que la ideología conservadora del partido hegemónico en Guanajuato ha puesto trabas para que desde la legislación se reconozcan los derechos de la comunidad.

Vanessa Sánchez Cordero, diputada del PVEM, reprochó que la mayoría panista se promueve que la familia tiene que constituirse por una madre, un padre e hijos, sin abrir el debate al reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo.

“Generalmente este tipo de iniciativas de temas con los que no se sienten cómodos pasan a comisión y no se apuran a dictaminarlas porque no quieren abrir a debate los temas, no quieren que se comente públicamente y reconocer la situación que se da en la realidad. Es preocupante que crean que existan matrimonios entre personas del mismo sexo va en contra de la sociedad”.

La diputada del Verde aprovechó la sesión de la comisión de Justicia que se realizó unos días después del exhorto para pedir a la panista Cristina Márquez que se retomara el análisis de la iniciativa perredista que está presentada desde octubre de 2018, pero una vez más no hubo respuesta de la presidenta.

Después de la intervención de Vanessa Sánchez, la diputada leonesa Cristina Márquez Alcalá solo dijo que la participación de su compañera quedaría en el acta de la sesión.

El desinterés de la mayoría panista para modificar el Código Civil que resulta inconstitucional también fue objeto de críticas por parte de la coordinadora de Morena, Magdalena Rosales Cruz, quien reconoció que desde el Congreso se discrimina la comunidad de la diversidad sexual.

“Tenemos un Congreso con una mayoría con pensamiento conservador, muy ligado a cuestiones de religión, no una cuestión de derechos humanos. Vamos a defender el derecho humano”.

De acuerdo con la diputada de Morena en 20 estados se ha legislado sobre el tema, pero en Guanajuato se mantiene sin atender las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia y ahora del organismo nacional responsable de velar por el respeto a los derechos humanos.

El perredista Isidoro Bazaldúa Lugo, quien en octubre de 2018 presentó la propuesta que impactaría en 20 artículos del Código Civil en busca de reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, lamentó que Guanajuato sea referente nacional por la violación a los derechos de la comunidad LGBTTTIQ.

Confió en que después del exhorto la comisión de Justicia retome el análisis de la propuesta que lleva dos años en la llamada “congeladora legislativa”.

“Esto es una llamada de atención muy fuerte más allá del estado, hago votos porque se atienda, conocer la postura… la mayoría (del PAN) no está preparada para avanzar en una línea progresista”.

Mientras tanto, para el recién nombrado coordinador de la fracción priista, Héctor Hugo Varela Flores, el tema debe someterse a consulta pública, sin importar que sean resoluciones del máximo órgano del país en materia de justicia.

Consideró que al tratarse de un tema “difícil de manejar” lo oportuno es buscar la opinión de la sociedad.

“Nosotros vamos a estar con la opinión de la gente, hacer una encuesta, sí hay que hacerlo. Tenemos el compromiso de legislar como la gente lo quiera, si la gente está de acuerdo no tenemos que oponernos”.

Para conmemorar los dos años que tiene la iniciativa del PRD en la congeladora, la diputada Claudia Silva Campos mostró un pastel con dos velitas y los colores de la bandera LGBTTTIQ, ante la resistencia del PAN de abrir a debate la propuesta.

Iniciativas

A la iniciativa para reformar el Código Civil que presentó el PRD desde el 17 de octubre de 2018, recientemente se acumuló la propuesta de Morena con el mismo objetivo: que la legislación de Guanajuato reconozca los derechos de todas las personas a contraer matrimonio.

En la sesión del jueves 8 de octubre la coordinadora de la bancada de Morena, María Magdalena Rosales Cruz, presentó la iniciativa que no solo impacta en el Código Civil, sino que también se propone una reforma al artículo 1 de la Constitución Política de Guanajuato.

La adición constitucional destina un párrafo al reconocimiento del derecho a casarse de todas las personas.

“Todas las personas tienen derecho a contraer matrimonio y a fundar una familia. La Ley establecerá los requisitos para contraer matrimonio, en la medida que no afecten el derecho a la no discriminación”.

Adicional a las propuestas para reconocer la unión entre personas del mismo sexo, el PVEM presentó la creación de la Ley para la Diversidad Sexual que contempla la creación de un Instituto que promueva políticas públicas en beneficio de la comunidad LGBTTTIQ.

Congreso alejado de la comunidad

Las diferentes propuestas que se han presentado resultan poco alentadoras para organizaciones de la sociedad civil y activistas, porque no se ha involucrado a la comunidad LGBTTTIQ.

Juan Pablo Delgado, director de las organizaciones Amicus y Visible, expuso que son las mismas autoridades las que invisibilizan a la comunidad de la diversidad sexual al no tener cifras y estadísticas que orienten políticas públicas.

Además, señaló que previo a la presentación de las iniciativas no se ha consultado a las organizaciones y activistas que trabajan por los derechos de la comunidad.

“Es una actitud irresponsable porque, evidentemente, no va a avanzar, o tienen menos posibilidades de avanzar una iniciativa de ley que presente un partido en solitario, que no se elaboró en conjunto con organizaciones. No se sentaron con personas que pertenezcan a la diversidad para la elaboración de las iniciativas”.

Expuso que sin el acompañamiento de la sociedad civil es altamente probable que las propuestas contengan fallas en la redacción y en la concepción.

“Es una equivocación alta que nos deberían escuchar primero, colaborar con las organizaciones primero, formar las mesas de trabajo, para que la iniciativa de ley sea lo más certera, lo mejor hecha posible y luego ya la presentamos”.

Delgado también reconoció que son pocas las posibilidades de que sea una realidad los matrimonios entre personas del mismo sexo en Guanajuato, porque desde hace casi tres décadas gobierna en el estado un partido que no tiene interés en reconocer los derechos humanos de todas y todos.

El activista consideró que mientras no haya un cambio del partido en el poder las reformas y el reconocimiento de los derechos de la comunidad no se concretará.

“No me sorprende que el Congreso del Estado no haga caso. Me parece que es predecible que iba a pasar, probablemente las iniciativas que están pendientes de discusión va a tener un trayecto complejo en el Congreso”.

Para Eduardo, también activista y politólogo, el camino que habrá que recorrer es complejo por el conservadurismo que persiste en Guanajuato.

Coincidió en que las iniciativas que actualmente están pendientes de análisis se queden en la llamada “congeladora”, porque también se requiere de una sociedad más involucrada en la lucha por los derechos.

En entrevista, reclamó que la propia Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato no haya emitido un solo pronunciamiento para que en el Congreso del Estado se atienda el tema.

“No hay un acercamiento a la sociedad civil, hacen una labor meramente administrativa, no hay una intención, lo ven como un tema de tener cautivo el electorado”.

Eduardo se pronunció porque antes de pensar en la creación de un Instituto de la Diversidad Sexual, como lo propone el PVEM, se fortalezca la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado.

Violencia y Discriminación en México

En el informe que presentó hace unos días la organización Visible sobre la violencia y discriminación a la comunidad en el país, Guanajuato aparece en segundo lugar por el número de reportes que han presentado víctimas, conocidos o familiares de personas que integran la comunidad de la diversidad sexual.

Aunque la entidad aparece en segundo lugar nacional con 19 de los 149 registros que tiene Visible desde noviembre de 2018 y con corte a abril de 2020, Juan Pablo Delgado, director de la organización, explicó que son datos descriptivos porque por la cantidad de reportes no se puede generalizar.

En el informe que es público, las agresiones prevalecen entre personas entre los 18 y 30 años de edad. Guanajuato tiene el segundo sitio solo debajo de la Ciudad de México.

Las mujeres trans son las que concentran el mayor porcentaje de los reportes que presenta la plataforma de Visible y que está abierta para que cualquier persona pueda registrar algún tipo de agresión o discriminación.

El documento viene con un apartado dedicado a la situación que se vive en Guanajuato, después de que activistas presentaran solicitudes de acceso a la información pública para conocer los registros que tienen las diferentes instancias de la administración estatal, así como el Poder Judicial, Poder Legislativo y organismos autónomos como la Fiscalía General del Estado, la Universidad de Guanajuato y la Procuraduría de Derechos Humanos.

Del análisis que hicieron en Visible se concluyó que en los últimos tres años (2016-2019) no hay cambios significativos, aunque se trata de dos administraciones diferentes: Miguel Márquez Márquez y Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Las instituciones no llevan registros sobre las agresiones a personas de la comunidad LGBTTTIQ, tampoco presentaron datos sobre el número de procesos judiciales para el cambio de identidad que se han promovido.

“Es penoso porque lo que sucede en Guanajuato es una violación a nuestros derechos de manera continua. Hay una desatención absoluta, pero también una falta de interés del Gobierno del Estado y del Poder Judicial para atender, proteger, los derechos de las personas”, comentó Juan Pablo Delgado, responsable del informe.

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