Uno de los ejes de la reforma es la consolidación de la CURP como documento único de identidad, con registro que incluirá huellas dactilares y fotografía.
Rafael Ramírez | OEM-Informex
Con el voto de Morena, PT y PVEM, el Pleno del Senado aprobó este viernes por la noche una reforma que reconfigura la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y la Ley General de Población. El dictamen incluye la creación de una Plataforma Única de Identidad, acceso masivo a datos biométricos por parte de autoridades y particulares, y la consolidación de la CURP como documento nacional obligatorio con huellas y fotografía.
Aunque el dictamen fue presentado como una herramienta para fortalecer las capacidades del Estado frente a la crisis de desapariciones, las reformas abren la puerta a la centralización de datos personales y a la intervención de empresas privadas, sin claridad sobre los mecanismos de control y transparencia.
CURP biométrica y acceso masivo a bases de datos
Uno de los ejes de la reforma es la consolidación de la CURP como documento único de identidad, con validez obligatoria en todo el país. Este registro incluirá huellas dactilares y fotografía, y deberá presentarse tanto en servicios públicos como privados. Estará disponible en formato físico y digital.
La Secretaría de Gobernación será la encargada de integrar los datos biométricos a esta CURP, con la promesa de respetar la normativa de protección de datos. Sin embargo, la iniciativa obliga a cualquier institución —incluidas empresas— que posea datos identificativos a permitir su consulta por autoridades como la FGR, el Centro Nacional de Inteligencia o las fiscalías estatales.
Nuevas herramientas con riesgos colaterales
La llamada Plataforma Única de Identidad será el eje digital del nuevo sistema de búsqueda e identificación. Esta herramienta estará conectada con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el Banco Nacional de Datos Forenses y otras bases. Desde ahí, se podrá rastrear en tiempo real el uso de la CURP de personas reportadas como desaparecidas.
Además, se contempla:
• Una Base Nacional de Carpetas de Investigación, alimentada por fiscalías, sin dilaciones.
• Acceso a datos del INE, incluyendo huellas, firma y fotografía.
• Acceso a bases biométricas de bancos y telefónicas, que podrán ser sancionadas con hasta 2.2 millones de pesos si se niegan a colaborar.
• Pruebas genéticas y dactiloscópicas obligatorias antes de enviar restos humanos a fosas comunes.
• Participación de la Guardia Nacional en labores de localización e identificación de personas.
• Una nueva base de datos de casas de seguridad y sitios de inhumación clandestina.
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