Sedena otorga contrato por más de mil mdp a empresa ligada al Cártel de la Sangre (nota de Juan Luis Ramos en OEM-Informex)

Centrum Promotora Internacional fue investigada por coludirse para fijar precios y repartirse contratos de servicios en sector salud

Juan Luis Ramos | OEM-Informex

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entregó un contrato por mil 248.2 millones de pesos a la empresa Centrum Promotora Internacional, la cual fue sancionada por pertenecer al Cártel de la Sangre, un grupo que fue investigado debido a prácticas monopólicas en licitaciones para servicios de laboratorios y bancos de sangre a instituciones públicas de salubridad.

El contrato que adjudicó la dependencia a esta firma mediante licitación es para el suministro de insumos, reactivos y materiales para 50 laboratorios clínicos de la Sedena a partir del próximo 1 de septiembre y hasta el 30 junio de 2025, es decir, se trata de un acuerdo transexenal.

La licitación organizada por la Sedena contó con la participación de ocho firmas del ramo de laboratorios clínicos, donde Centrum ganó, en conjunto con la empresa Disimed, dos partidas que integraban más de mil 500 productos a entregar en el lapso de referencia, como reactivos analíticos, material de plástico para uso en laboratorios y papel termosensible, entre otros.

De las ocho firmas, Centrum fue señalada como mibvembro del Cártel de la Sangre, que fueron investigadas por la Comisión Federal de CompetenciaEconómica (Cofece) por coludirse para fijar precios y repartirse contratos de servicios del sector salud.

En agosto del año pasado, la Secretaría de la Función Pública (SFP) publicó cinco circulares en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en los que instruyó a las dependencias federales, empresas estatales y gobiernos locales a abstenerse de aceptar propuestas o firmar contratos con las empresas Valtrum, Impromed, Instrumentos y Equipos Falcón, Med Prime y Centrum PromotoraInternacional, que forman parte de dicho grupo.

Además, Centrum fue parte de una investigación iniciada por la Cofece en 2016 a un grupo de 15 competidores coludidos para obtener contratos millonarios en licitaciones del Sistema Nacional de Salud.

La inhabilitación impuesta por la SFP a estas empresas para participar en contratos públicos para estas compañías se estableció por siete años, con base en las disposiciones de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.

Además, en julio de este año, el titular de la SFP, Roberto Salcedo Aquino, informó que 19 empresas que prestan el servicio de laboratorio clínico y banco de sangre al sector salud incurrieron en actos de corrupción, lo que ha derivado en 23 investigaciones y ocho inhabilitaciones y multas.

Pese a ello, la Sedena decidió otorgar el contrato millonario a la compañía tras una evaluación técnica y económica.

El Ejército no es la única instancia federal que ha mantenido una relación comercial con esta empresa, pese a las sanciones de las que ha sido acreedora.

Es cliente del IMSS e ISSSTE

De acuerdo con información de Compranet, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) firmó en este año ocho contratos con Centrum Promotora Internacional para servicios de laboratorio y pruebas por cerca de 29 millones de pesos, la mitad de ellos por vía de adjudicación directa.

En tanto el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) otorgó un contrato por más de cien millones a la empresa para el servicio de cirugías mínimas entre agosto y diciembre. El ISSSTE ya había entregado contratos millonarios a empresas del Cártel de la Sangre sancionadas por la administración de la 4T.

Como publicó este diario, el organismo público otorgó bajo criterio de “excepción” un contrato de hasta dos mil 315 millones de pesos a Dicipa e Instrumentos y Equipos Falcón.

La institución de salud justificó el hecho “en lo que se realiza la transición entre las empresas que pudieran prestar los servicios, mismas que sustituirán a los proveedores inhabilitados”.

De acuerdo con la Cofece, el Cártel de la Sangre generó un daño de poco más de mil 200 millones de pesos al erario por esas prácticas detectadas en las administraciones de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, para el ISSSTE y el IMSS, principalmente.

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