José Reyes Doria @jos_redo
El debate es impostergable y apasionante. Las redes sociales tienen cada vez más influencia y son factor determinante en el debate público, las relaciones sociales, las expresiones culturales y las nuevas modalidades en materia de comunicación, transacciones comerciales y demás actividades humanas. Son un gran poder y ya hay proyectos para regularlas en Europa y otras partes del mundo.
La iniciativa del senador de MORENA, Ricardo Monreal, enfoca la cuestión desde la óptica de los derechos de libertad de expresión y de acceso a la información. No está mal, pero es un enfoque reducido, pues el fenómeno de las redes sociales impacta temas de seguridad nacional, integridad de las personas, propiedad intelectual, economía, movilidad, comercio, educación, servicios en línea, etcétera. Incluso en el tema de la libertad de expresión y acceso a la información, la iniciativa de Monreal se queda corta; esta cortedad parece explicarse en la versión de que la iniciativa es, en realidad, una reacción a que Twitter y Facebook cancelaron las cuentas de Donald Trump, y las de algunos usuarios afines a la Cuarta Transformación.
La iniciativa reduce el problema de la regulación de las redes sociales a dos elementos básicos: que los prestadores del servicio soliciten autorización al Instituto Federal de Telecomunicaciones para operar y que eviten al máximo cancelar cuentas. Esa es la preocupación central que inspira la iniciativa. De este modo, el IFT decidirá a cuáles redes sociales se les dará permiso de existir y palomeará los contenidos que pueden circular sin la amenaza de cancelación de cuentas; esto, en un diseño legal-institucional un tanto absurdo que se da el lujo de la magnanimidad, pues “da oportunidad” a las redes sociales de utilizar algoritmos y otros recursos de alta sofisticación tecnológica, eso sí, siempre que sean para cumplir con la Ley.
La propuesta de Monreal tampoco profundiza en la naturaleza de las redes sociales y sus implicaciones culturales, educativas, sociológicas, económicas y políticas. Por eso, considera que las redes sociales deben regularse en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, sin reparar en que esa Ley tiene por objeto regular, básicamente, los servicios de televisión abierta, TV restringida, telefonía fija y móvil, e internet, así como a sus propietarios y el sistema de concesiones para hacer uso del espectro radioeléctrico (que, por cierto, es distinto al ciberespacio que se menciona en la iniciativa).
La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, por lo tanto, regula servicios donde los concesionarios, de forma unilateral, brindan un servicio, a partir del cual se establece una relación prestador-usuarios o prestador-audiencias. Por su parte, la naturaleza de las redes sociales es distinta, ya que establece mecanismos de interacción entre los usuarios, quienes de forma masiva difunden contenidos, información, opiniones, videos, juicios, condenas, críticas, imágenes, etcétera; y el prestador del servicio solo es una especie de moderador inadvertido. En la exposición de motivos de la iniciativa sí se describe esta característica de las redes sociales, pero no se desarrolla una consecuencia, ni en el plano analítico ni en el plano regulatorio.
Como dije, la iniciativa de Monreal asume la óptica de la defensa del derecho de libertad de expresión y de acceso a la información. Sin embargo, no está de más decir que la regulación de las redes sociales amerita una mirada mucho más amplia. Se requiere abordar temas cruciales, tales como la proliferación de cuentas artificiales o “bots” que son utilizadas para manipular la conversación pública y se han constituido en negocios y estrategias que distorsionan el diálogo democrático: así, las granjas de bots obstruyen o pervierten los consensos. Por eso digo que, incluso en el enfoque del derecho a la libertad de expresión, la iniciativa de Monreal se queda corta, pues no propone salvaguardas para garantizar este derecho ante las diversas formas en que se violenta en las redes sociales, ya que reduce el problema a la mera cancelación de cuentas.
La regulación de las redes, también debería impulsar medidas para garantizar que los gobernantes y servidores públicos que hacen uso de ellas, así como las cuentas de las dependencias públicas, se abstengan de desinformar, de bloquear a usuarios, y que, en lo posible y sin perjuicio de la legislación en materia de transparencia, respondan a solicitudes de información específica de los usuarios de las redes.
Finalmente, si nos queremos “echar el trompo a la uña” con la regulación de las redes sociales, es indispensable establecer medidas para garantizar que sus propietarios transparenten los contratos de difusión que tienen con gobiernos, partidos políticos, candidatos, grandes empresas, figuras públicas y todo tipo de estrategias de promoción por las que cobren dinero. Sin olvidar la protección de los datos personales de los usuarios, que no se trafique ni usufructúe con ellos.
Todo ello, sin omitir entrarle al importante e ineludible tema de combatir monopolios y presencias preponderantes en el mercado de las redes sociales, de tal forma que se incentive la entrada de nuevos prestadores de servicios; que los gigantes no sean los únicos que determinen las formas y modalidades de la convivencia en las redes, que los usuarios, al fin y al cabo, puedan contar con otras alternativas.
