Autor: José Reyes Doria
La reforma eléctrica y la revocación de mandato, en una relación inestable con lo que implica la casa de Houston, condensan el interesante momento político de la llamada Cuarta Transformación: el esfuerzo por lograr una reforma constitucional que consolide un cambio transformador, en un escenario político que requiere de forma indispensable profundizar el posicionamiento político del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En efecto, la reforma eléctrica sería un cambio de gran calado, no solo en la estructura constitucional del Estado, sino que también modificaría sensiblemente las coordenadas económicas en el propio sector energético y en la industria y el comercio. La reforma eléctrica implicaría un cambio estructural político-legal, así como una importante reasignación de recursos y ganancias en el sistema económico. Además, sería la principal reforma lograda por AMLO, en la ruta que ha proclamado de que las acciones transformadoras sean irreversibles o al menos cueste mucho trabajo revertirlas más adelante.
Hasta ahora, las más notables reformas constitucionales y legales de la llamada 4T no alcanzan el rango de cambio estructural que tendría la reforma eléctrica. Reformas como, por ejemplo, la de elevar a rango constitucional los principales programas sociales, siempre serán susceptibles de no respetarse o bajar los montos de los apoyos, alegando insuficiencia de recursos. El propósito discursivo de desmantelar el régimen neoliberal, no se ha traducido en reformas de gran calado como serían, por ejemplo, dar marcha atrás a la reforma al artículo 27 constitucional de Carlos Salinas de Gortari, la cual arrojó al mercado el ejido y entregó el campo al libre juego del mercado, condenando a los campesinos a la marginación o la migración; tampoco se ha reflejado en una reforma fiscal que cobre más impuestos a los ricos; por eso, según la CEPAL, en 2021 los grupos y personas más acaudaladas de México son 35% más ricas que en 2018. No se ha detenido ni un ápice la tendencia concentradora de la riqueza. A la vez, hay cuatro millones de pobres más.
En la realidad, la intención de llevar a cabo un cambio de régimen no se ha traducido en cambios significativos en el arreglo económico-fiscal-financiero. En la orientación social del gasto público y en el fortalecimiento del salario sí hay una notable diferencia respecto al modelo neoliberal del período 1988-2018, aunque en rubros cruciales como los sistemas de salud y educativo no se perciben tendencias que rompan con la lógica neoliberal que los condicionaron. En el terreno político, en los primeros tres años del gobierno de AMLO la tendencia apunta a una profundización del presidencialismo vertical e incontrastable, en demérito del desarrollo de los esfuerzos de organización colectiva independientes de los diversos grupos sociales que ni quieren ni se sienten incluidos en la política social de la 4T.
En este contexto, la reforma eléctrica cobra un significado estratégico porque sí constituye un desafío al orden neoliberal existente. Para lograr esta reforma, sin embargo, el presidente López Obrador requiere incrementar y revigorizar su posicionamiento político. Lo menos complicado es convencer, u obligar, a la oposición político-parlamentaria; lo más difícil es persuadir o someter a los grandes grupos económicos y financieros, tanto nacionales como extranjeros, que no están dispuestos a perder un mercado de más de 200 mil millones de dólares. Esa gran batalla política es la que está dispuesto a librar López Obrador en los próximos meses.
La movilización y consulta de revocación de mandato que quiere AMLO, cobra en este sentido una importancia capital. Obviamente, la consulta no es para saber si la gente revoca o ratifica el mandato del Presidente, pues todos sabemos que su popularidad se mantiene asombrosamente alta y estable, en alrededor de 70%. La importancia de la consulta de revocación de mandato, y es lo que busca AMLO, consiste en acrecentar y reacomodar las bases sociales y políticas de su posición preponderante, de tal forma que cristalicen dos cosas: a) incrementar la imagen de poder y legitimidad política que le permita alcanzar las reformas cruciales como la eléctrica y b) consolidar el control absoluto de los hilos del poder, de tal forma que pueda conducir la sucesión presidencial bajo la percepción de que él, López Obrador, seguirá siendo un factor de poder principalísimo más allá del 2024 y que, por lo tanto, los poderes fácticos deberían ceder o negociar ya, que enemigos y adversarios abandonen la idea de que en tres años pueden intentar ganar la Presidencia a través de PAN-PRI-PRD-MC; que no piense que, o, si vuelve a ganar Morena, podrán negociar el desmantelamiento de la 4T con el sucesor o sucesora.
Aquí es donde entra el tema del escándalo del primogénito de AMLO, José Ramón López Beltrán. Las casonas de lujo en Houston, la esposa con dinero, los viajes por el mundo, generan imágenes que golpean en la línea de flotación del discurso que le ha dado tanta fuerza y legitimidad a AMLO: cuestiona y desmiente, con la fuerza de los símbolos y las imágenes, la prédica de honestidad, austeridad republicana y frugalidad franciscana que todos los días exige o recomienda a los demás el Presidente.
Qué tanto tienen de ilegal o de impreciso las casonas de Houston, es otro tema. Lo que importa a efectos de este artículo, es que cuestiona de forma espectacular uno de los pilares del respaldo social incondicional a AMLO. Veremos cuánto le cuesta este escándalo al Presidente; es posible que el costo en popularidad sea mínimo o cero, pero el posicionamiento político sí se debilita. Además, debería ser una seria alerta para identificar, reconocer y corregir o castigar los indicios de ineficacia, irregularidades o corrupción en diversas áreas del gobierno federal, como el Tren Maya, los programas sociales, el Banco de Bienestar, Segalmex, la compra de medicamentos, entre muchas otras.
Apostarle a que no estallará ningún escándalo o asumir la estrategia de dar carpetazo a eventuales “bombas” que puedan estallar, sería de un altísimo riesgo para las pretensiones presidenciales de mantener su posición política y consolidar las bases de la permanencia transexenal que requiere su proyecto transformador. Tal vez el pueblo que lo apoya incondicionalmente le perdone todo al Presidente, pero sus adversarios y enemigos (dentro y fuera del grupo gobernante) no dejarán pasar la oportunidad de capitalizar aquellos escándalos, irregularidades, fallas, negligencias (Gatell) o francas corruptelas que, en vez de prevenir y castigar, se lleguen a solapar desde las alturas del poder.
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