Autor: Felipe León López
Como ya se ha vuelto costumbre, la vida nacional se enreda y desenreda cada fin de semana: unas veces por asuntos del exterior y otras porque, aun cuando no falten problemas, desde dentro del país alguien se encarga de armar un relajo digno de análisis. La mayoría de esos episodios pierde vigencia apenas llega el lunes. Sin embargo, el caso de Rubén Rocha Moya no fue una situación pasajera ni intrascendente, sino una señal de lo delgados que están algunos de los hilos que sostienen al movimiento llamado Cuarta Transformación. Los mensajes detrás de esta crisis siguen calientes y llenos de cabos sueltos.
No es poca cosa. Con el mensaje difundido desde sus cuentas sociodigitales, la presidenta de la República protestó la asunción al poder por segunda vez; pero ahora no se trató sólo de tomar el control de la administración pública federal, sino del poder político en sentido estricto: la capacidad de imponer la propia voluntad en una relación social incluso frente a la resistencia, tal como lo definió Max Weber. Y, claro, ese poder también descansa en la dominación, la legitimidad y el monopolio de la violencia.
¿Era necesario el mensaje? Quizá no, si antes hubiera operado con inteligencia política la Secretaría de Gobernación o algún enlace cercano a la primera mandataria. Al final, ha sido la Presidenta quien ha marcado el tono de la política económica, de la diplomacia —en especial la relación con Estados Unidos—, de la relación entre poderes y, sobre todo, de la seguridad pública. Salvo en política social, esos han sido los terrenos donde ha trazado sus mayores diferencias frente a su antecesor.
Finalmente, sí era necesario porque no hubo previsión y el control de daños estaba fallando. El lunes mismo reiteró su mensaje político y fue más lejos al llamar “imprudente” al exmandatario sinaloense, con todo lo que ello significa en política. Más allá de las especulaciones sobre si Rubén Rocha actuó por cuenta propia o recibió línea desde algún lugar de la Selva Lacandona —lo que haría más grave este capítulo—, su retorno a la gubernatura puso en entredicho el don de mando, la autoridad, el respeto a la investidura y la capacidad de gobernar de la titular del Poder Ejecutivo. De ahí que resultara conveniente no sólo un zape, un manotazo o un regaño, sino advertir consecuencias. Hasta el viernes, éstas parecían concentrarse en contener al máximo la presión para no enjuiciarlo.
El blindaje presidencial a Rocha Moya se acabó. Los riesgos se potencian en su contra porque, además de los peligros para su integridad física y la de su familia, de un eventual secuestro o de una sustracción directa por parte de Estados Unidos, podría enfrentar juicio político en México y pasar luego a la condición de indiciado. Es cuestión de tiempo para que alguno de esos escenarios deje de ser hipótesis.
La respuesta presidencial fue un golpe de autoridad fulminante que borró los márgenes para cualquier diálogo conciliador o muestra de tolerancia con el político sinaloense. Más allá de él, fue un mensaje que parece que pocos en el entorno presidencial han entendido. La fuerza del pronunciamiento obligó al aparato de propaganda a dar una maroma de 180 grados: primero se esforzó en justificar el extraño retorno del gobernador; después, desde Gobernación, Morena y los comunicados casi idénticos de los gobernadores guindas marcaron distancia. En el Congreso se reactivó la amenaza del juicio político y la oposición volvió a exigir la desaparición de poderes.
¿Qué llevó a Rocha Moya a intentar salir del cerco y sobreexponerse cuando pesa sobre él una investigación de la Fiscalía General de la República y, aunque no se ha probado, incluso la posibilidad de una orden de aprehensión de la justicia estadounidense, de donde provienen las denuncias por presuntos vínculos con el narcotráfico?
La respuesta importa porque el episodio no se agota en Sinaloa. Si una instrucción presidencial puede ser desafiada por un gobernador bajo investigación, entonces el problema no es sólo de disciplina interna, sino de límites reales al poder que se acumuló durante años bajo las mismas siglas. Lo que está en juego es saber quién manda, quién obedece y quién todavía cree que puede moverse bajo la protección de lealtades pasadas.
Ese ha sido el problema que enfrenta el segundo piso de la 4T, como antes ocurrió en otras transiciones sexenales: personajes que querían seguir respondiendo al presidente que concluyó su mandato. Sólo que ahora no hay un conflicto abierto entre el grupo saliente y el que tiene el control político, sino un acuerdo para trabajar como “equipo” en la transformación del país mientras algunos buscan fórmulas para salir de la lupa investigadora y de la amenaza de detención de Estados Unidos. Esa presión ya interviene en la agenda nacional, coloca a los morenistas contra la pared y alimenta el letrero de presuntos culpables de “narcopolítica”.
Por eso el mensaje tuvo que ser duro y, al mismo tiempo, deliberadamente abierto. No necesitaba destinatario único porque alcanzaba para muchos: legisladores, alcaldes, dirigentes partidistas, funcionarios de primer nivel y, sobre todo, quienes deberían sujetarse al decálogo de ética política de Sheinbaum justo cuando empieza a anticiparse el año electoral de 2027 y la disputa por las candidaturas.
En unas semanas no tardaremos en hablar de los señores y señoras feudales colocados en las gubernaturas estatales, empeñados en encontrar fórmulas para perpetuarse a través de sus familiares directos, como ocurre en San Luis Potosí, Guerrero, Campeche, Zacatecas y otros estados. Porque si de algo cojean los políticos es de hacer oídos sordos, incluso cuando los manotazos vienen de más arriba.
De ahí nace otra advertencia. La disciplina política no puede depender únicamente del carisma heredado ni de la memoria emocional del movimiento. Cuando los liderazgos locales confunden la fuerza electoral con patrimonio personal, construyen pequeños territorios de excepción: gobiernos que se sienten intocables, grupos que negocian por encima de las instituciones y operadores que suponen que la lealtad de ayer les garantiza impunidad mañana. Ese es el riesgo que hoy asoma detrás del caso Rocha: que no sea una anomalía, sino el primer síntoma visible de una rebeldía más extendida, que no conviene a nadie.
Retomando a Max Weber, también escribió que quien ejerce el poder político debe asumir una lucha constante contra ángeles y demonios. El buen líder político debe guiarse por la ética de la responsabilidad —sopesar los medios y las consecuencias reales de sus actos en la sociedad— antes que por la ética de la convicción, que actúa ciegamente por ideales abstractos sin importar el resultado práctico. Desde ese enfoque, las tres virtudes esenciales del político son la pasión, el sentido de la responsabilidad y la mesura.
Por ahora, el golpe ya fue dado. Falta saber si fue suficiente para disciplinar a los propios o apenas para administrar una coyuntura incómoda. En política, los silencios también hablan, pero las desobediencias suelen hablar más fuerte. Y cuando ocurren dentro del mismo grupo gobernante, el mensaje ya no es sólo para los adversarios: es una advertencia para toda la casa.
En el caso Rocha, la pregunta de fondo no es sólo quién ganó el pulso del fin de semana, sino qué tanto aprendieron los demás actores que se sienten tallados a mano por el obradorismo: hasta dónde pueden tensar la cuerda, cuándo deben replegarse y qué costo político tiene confundir autonomía con desafío. Esa será, quizá, la verdadera prueba del nuevo mando presidencial: demostrar que el poder no sólo se ejerce cuando se impone, sino cuando logra ordenar a los propios antes de que la crisis vuelva a desbordarse.
Contacto: feleon_2000@yahoo.com
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