Jaime GUERRERO| El Piñero
La tarde de éste martes, fue ejecutado a balazos a Álvaro Sebastián Ramírez, alias “El Teacher”, quien fuera preso político por 19 años 7 meses, al ser acusado por el Estado Mexicano de pertenecer al Ejercito Popular Revolucionario (EPR), desde cuya presunta militancia cometió homicidio al atacar en el 1996 instalaciones de la Armada de México y la Policía Judicial Federal.
El presunto integrante de EPR fue ejecutado en la Colonia Colinas de San José de Santa Cruz Xoxocotlan, por sujetos desconocidos que tras ultimarlo huyeron del lugar.
Al sitio de los hechos, arribaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado para realizar las diligencias y se inició la carpeta de investigación 25033/FDA/UEIH/2022 por el delito de homicidio calificado.
Sebastián Ramírez fue acusado por el Estado mexicano de pertenecer al EPR y en julio del 2017 salió libre de la Penitenciaría Central de Santa María Ixcotel.
El indígena zapoteco de San Agustín Loxicha salió de la prisión luego de que un juzgado federal le concedió una preliberación al cumplir las dos terceras partes de su sentencia.
Álvaro Sebastián Ramírez, exprofesor de la Sección 22 del SNTE, identificado por el Estado mexicano como el “Comandante Teacher”, fue condenado a 27 años de cárcel, 26 por homicidio y uno más por tentativa de homicidio.
Ramírez presuntamente participó en el ataque del EPR a instalaciones de la Armada de México y de la Policía Judicial Federal, así como de las policías Judicial, Preventiva del Estado y Municipal, el 29 de agosto de 1996, en La Crucecita, Santa María Huatulco.
La acusación inicial del Ministerio Público Federal fue conspiración, terrorismo, privación ilegal de la libertad, robo, robo de uso y lesiones calificadas.
Ramírez fue detenido en 1997 en la capital de Oaxaca y durante su interrogatorio sufrió toques eléctricos en sus testículos, patadas, agua mineral con chile sobre su narice y la posibilidad de que su hija y esposa fueran asesinadas frente a él.
Los soldados y policías judiciales que lo torturaban querían que confesara que era parte de la guerrilla y que además tenía un cargo de alto rango dentro del Ejército Popular Revolucionario (EPR).
Álvaro nació el 19 de febrero de 1958 en San Agustín Loxicha, en la región Sierra Sur del estado. Estudió la primaria en la escuela Redención de la Raza y la secundaria en el sistema abierto. En 1977 le otorgan su plaza magisterial y su primera comisión fue en la escuela de la comunidad Jazmín del Potrero, del municipio San Pedro el Alto, donde ayudó a introducir el agua potable.
En su natal San Agustín Loxicha, con apenas 25 años, el pueblo lo eligió regidor de educación. Como autoridad, la reconstrucción del mercado y del palacio municipal lo llevó a enfrentarse con los caciques de la región.
Al término de su gestión, “como estaba en la mira de los caciques”, se autoexilió de San Agustín Loxicha, al igual que lo hizo el entonces presidente municipal Alberto Antonio.
Fue así como Álvaro y Alberto Antonio crearon la Organización de los Pueblos Indígenas Zapotecos (OPIZ) para hacer frente a los caciques y exigir al gobierno obras y apoyos sociales para los indígenas de la región.
La detención. El día que se llevaron a Álvaro había estacionado su coche sobre la calle Morelos en la ciudad de Oaxaca. Su esposa e hija bajaron del vehículo para ingresar al Monte de Piedad, mientras él se quedó esperando en el coche; eran alrededor de las 10 de la mañana de un frío 15 de diciembre de 1997.
Para el 26 de diciembre de 1997, 11 días desde que fue detenido, lo llevan al penal de la Villa de Etla, donde fue presentado y acusado de 11 delitos: homicidio calificado, homicidio en grado de tentativa, privación ilegal de la libertad, terrorismo y conspiración.
El gobierno lo señalaba como partícipe del ataque de un comando del EPR el 29 de agosto de 1996 en Santa María Huatulco a los edificios de la Marina, la agencia del Ministerio Público, la Policía Federal de Caminos y la ex delegación de gobierno. En el ataque murieron tres marinos, dos policías, dos civiles y dos guerrilleros.
Ese día, Álvaro trabajaba en una feria en el municipio de San Agustín Yatareni, a 418 kilómetros de Santa María Huatulco. Fue uno de los 137 indígenas loxichas acusados de pertenecer al EPR por parte del gobierno de Diódoro Carrasco Altamirano. Fue condenado a más de 100 años de prisión, pero se redujo a 27 años sólo por el delito de homicidio calificado. El pasado 7 de julio 2017 fue dejado en libertad tras 19 años y siete meses en prisión, al cumplir las dos terceras partes de su condena.
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