“Ayer me sucedió algo de lo cual no quiero hablar, pero que me llevó a un mundo de pensamientos que no logro sacar de mi cabeza. ¿En dónde comienza y en dónde termina la fragilidad de una mujer, según nuestra sociedad? ¿Qué los ha llevado a sentirse con el derecho de tomar nuestros cuerpos y almas con la facilidad con la que recoges una roca del suelo? ¿Es acaso que eso somos? Objetos sin vida ni voz, sin voluntad ni sentir, sin pensar ni soñar.”
Esto escribió en redes sociales Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado, “Bianca Alexis”, de 20 años de edad, semanas antes de desaparecer, el 7 de noviembre de 2020, y ser encontrada asesinada y con signos de tortura al día siguiente a unos 2.5 kilómetros de su domicilio. Ella salió de su casa ubicada en el Fraccionamiento La Joya, en Cancún, Quintana Roo, para vender un cigarro electrónico, la acompañaban sus amigos según reportó el Diario Milenio (https://www.milenio.com/estados/bianca-alexis-feminicidio-en-cancun-asi-ocurrio).
“Primero muerta antes que permitir que ustedes, seres asquerosos, me maten”, escribió en febrero, atendiendo a la joven consigna feminista según la cual es preferible morir luchando por la causa de las mujeres y su derecho a una vida libre de violencia que asesinada en manos de un feminicida.
Al final, el presagio funesto se cumplió. Y no porque ella lo invocara o fuera el resultado de una profecía autocumplida, sino como parte del contexto de violencia que ha multiplicado las probabilidades de que una mujer joven sea violada, torturada, explotada sexualmente, desaparecida, asesinada y sus restos, como los de Alexis, colocados en una bolsa de plástico.
El hartazgo y el horror por este feminicidio y los de dos mujeres más en un solo fin de semana, llevaron a la Red Feminista Quintanarroense (RFQ) a convocar una manifestación de protesta a las puertas del Palacio de Gobierno de Cancún. A la manifestación acudieron cerca de 2000 mil mujeres exigiendo se hiciera justicia por los feminicidios ocurridos ese fin de semana. La misma fue disuelta con supuestos tiros al aire, algunos de los cuales impactaron sobre dos periodistas que cubrían el evento, disparados por policías de uniforme, que encapuchados y portando armas largas abrieron fuego al grito de “ahora si van a valer madres las pinches mujeres”.
Se preguntarán, qué llevó a tantas mujeres a expresar su ira frente a las autoridades de Cancún. No fueron únicamente los tres feminicidios referidos, aunque ello hubiera sido suficiente. Las desapariciones y asesinatos frecuentes en el estado han alertado a las jóvenes mujeres que se ven amenazadas cotidianamente.
El 16 de febrero de 2014 una mujer chiapaneca fue apuñalada en el interior de su departamento, ubicado en el centro de Cancún. Con unas horas de diferencia, una más, Guilli Ester Morales Díaz, de 35 años, murió por ahorcamiento en el Bar Karaoke donde trabajaba en la isla de Cozumel, Quintana Roo. Se calcula que en 2013 se cometieron otros 13 crímenes de este tipo.
En 2011, en la misma isla de Cozumel, Monica Markiewicz, joven polaca que trabajaba en el crucero Allure of the seas murió ahogada. De acuerdo con la versión oficial, basada en la supuesta confesión de un mesero quien trabajaba en un negocio del lugar y a quien ella conocía, la joven cayó de su bicicleta cuando él intentó besarla. El golpe le provocó convulsiones por lo que él decidió arrojarla al mar cuando aún vivía.
“La fiscalía de Quintana Roo descartó que la muerte de Markiewicz esté relacionada con la de la turista estadounidense Samanta Bradley, quien viajaba en el mismo crucero y también murió. Ambas desaparecieron el mismo día y sus identidades fueron confundidas porque Bradley llevaba con ella una credencial con el nombre de Mónica”, según se consigna en el reportaje “Un mesero confiesa el asesinato de una joven polaca en Cozumel”, aparecido el 12 de febrero de 2011 en Expansión, revista digital.
En 2010, otra Monica, de apellido Burgos, esposa del productor de la serie televisiva Survivor, Bruce Beresford, murió en un hotel de Cancún cuando ambos se encontraban tomando vacaciones, concluye la revista.
Ni las protestas de las mujeres ni la virulenta respuesta de las autoridades en su contra han frenado la violencia feminicida en el estado. Días después del asesinato de Alexis, el 29 de noviembre de 2020, dos mujeres más, esta vez una madre y su hija de 15 años, fueron apedreadas hasta morir en un camino de terracería de la Colonia irregular “Valle Verde” en el municipio Benito Juárez, situado en la periferia de Cancún. (“Matan a madre e hija en Cancún; hay dos detenidos”, nota de Mariana Ríos publicada por Milenio).
La enorme violencia ejercida en contra de las mujeres en Quintana Roo saltó nuevamente a la escena el sábado 27 de marzo de 2021, día en que la ciudadana salvadoreña de 36 años Victoria Esperanza Salazar, cuyo nombre expresa el deseo de su madre y padre por una larga y buena vida, fue sometida, esposada y tirada boca abajo por los cuatro policías tripulantes de la patrulla 9276 de Tulum, por supuestamente alterar el orden en la vía pública. Sin ofrecer resistencia, Victoria Esperanza murió después de que una mujer policía ejerció presión con su rodilla sobre su espalda hasta fracturar su columna a la altura del cuello. No fue su columna lo único en quebrarse, rota quedó también la ilusión de sus progenitores quienes al nombrarla quisieron asegurar para su hija una existencia mejor que la suya.
Tanta visibilidad tuvo el asesinato de Victoria Esperanza, el cual dejó en la orfandad a dos jovencitas menores de edad, que casi deja en las sombras el de Karla M. de 29 años, mujer torturada y asesinada el mismo sábado por la noche, en el municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo. Su cuerpo fue encontrado, con los senos cercenados, en el carrito de golf que operaba como taxi. Su asesinato dejó huérfano a otro niño menor de edad.
Hasta aquí, se han relatado asesinatos cometidos en contra de jóvenes mujeres, sin embargo, un caso más alerta en torno a la manera en la que se aplica la justicia en el estado de Quintana Roo.
El mismo día en que fue asesinada Victoria Esperanza, un niño de 13 años, Leonardo Luna, que vacacionaba con su familia en el “Río Salado” situado en el Parque Xenses, propiedad del Grupo Xcaret, fue succionado por un sistema de filtrado de agua que carecía de tapa. El menor fue rescatado por su padre, el médico cardiólogo Miguel Luna-Calvo, quien solicitó ayuda a los encargados de dicho parque, estos llamaron una ambulancia cuyo personal no tenía entrenamiento en primeros auxilios ni el equipo necesario, un dispensador de oxígeno, por ejemplo, para auxiliar a Leonardo, mientras era trasladado al Hospital Amerimed. En este, a decir del padre, debía colocársele un catéter, lo cual no se hizo. Ante la falta de pericia de los médicos del nosocomio el cardiólogo Luna-Calvo se ofreció para colocar el catéter, lo cual no se le permitió. Tampoco se le permitió trasladar a su hijo a un hospital de la Ciudad de México. Finalmente, al día siguiente, el 28 de marzo, el menor murió sin que los esfuerzos de su padre por salvar su vida fueran secundados por quienes se prestaron “a ayudarlo”.
Por si lo relatado no fuera suficiente para indignar a cualquiera, el padre de Leonardo tuvo que llorar y suplicar, de rodillas incluso, durante seis horas para que le fuera entregado el cuerpo de su hijo, el cual había sido trasladado al Servicio Forense de la Fiscalía General de Quintana Roo. Durante esas largas horas, fue presionado por los asesores jurídicos del Grupo Xcaret y por el personal de la propia Fiscalía, para firmar “un perdón” a favor del parque Xenses, para eximirlo de cualquier responsabilidad y renunciando a actuar legalmente en contra del referido grupo. (Leer “Me hinqué para que me dejaran llevarme a mi hijo, afirma padre de niño que murió en parque de Xcaret”, en el sitio de Aristegui Noticias).
Aunque el caso relatado no entra en la lógica de los feminicidios, enciende las luces de alerta en torno a cómo se ejerce y a favor de quién la justicia en el estado de Quintana Roo. Es aquí donde se cruzan ambos casos: los de las mujeres asesinadas y la muerte accidental de un niño de 13 años.
No pueden pensarse de manera aislada los feminicidios relatados, ni la brutalidad policiaca ejercida contra Victoria Esperanza y en contra de las manifestantes que exigían justicia para Alexis, ni los intentos por dejar libre de responsabilidad a un grupo de negocios tan importante como Xcaret, después de la muerte imprudencial de un menor.
Es innegable la existencia de ciertos patrones: la impunidad con que operan las autoridades y los cuerpos policiacos; la defensa de los intereses de entes económicos privados en contra de los derechos de la propia población del estado; el contubernio entre autoridades estatales y grupos de poder económico.
Los policías que mataron a Victoria Esperanza se sabían autorizados a ejercer brutalmente una violencia desmedida porque no era la primera vez que lo hacían y no eran ellos y ella los primeros ni los únicos en hacerlo de este modo. Los tiros “al aire” disparados en contra de mujeres en frente del mismo Palacio de Gobierno de Cancún así lo demuestran.
La actuación de las personas encargadas de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo en favor del poderoso Grupo Xcaret y en contra del padre de Leonardo Luna no sentará un precedente por no haber ocurrido antes. Las omisiones y lentitud para resolver los casos de feminicidios cometidos en la entidad, la ceguera gubernamental ante tales hechos, la violenta respuesta de las policías municipales en contra de las mujeres que exigen se detengan los asesinatos de mujeres y la parcialidad de la justicia son hechos que marcan la nefasta “regularidad” operante en Quintana Roo.
La pregunta ¿qué pasa en Quintana Roo? puede hacerse extensiva a todo el país, estado por estado, en donde la violencia en contra de las mujeres se ha incrementado no sólo en número sino en niveles de brutalidad e impunidad. El ejercicio parcial de la justicia y los abusos cometidos en contra de miembros de la población que no pertenecen a los sectores más favorecidos, económica y políticamente, es otro patrón que puede observarse también a lo largo y ancho de México, como se mostró en el caso de Leonardo Luna y su padre Miguel Luna-Calvo.
El contexto de la violencia feminicida, por supuesto, es un aumento sin precedentes de la violencia y todo tipo de delitos en contra de la población civil a raíz de la infame y falsa guerra que Felipe de Jesús Calderón Hinojosa declaró a los carteles de la droga y las bandas de la delincuencia organizada. Sin embargo, a pesar de la veracidad de esta afirmación, un hecho previo permite cuestionar no el incremento cuantitativo de la violencia en contra de las mujeres, sino el hecho de que la situación límite que se vive en México haya sido el detonante de los actos aquí relatados.
Desde 1993 se denunció que desapariciones, violaciones y crímenes horrendos estaban siendo cometidos en contra de las mujeres que tuvieron la desgracia de vivir y trabajar en Ciudad Juárez, Chihuahua. El caso más sonado fue el hallazgo de 8 cadáveres de mujeres encontrados en un campo algodonero, los días 6 y 7 de noviembre de 2001.
De entonces a la fecha, el patrón de violencia se ha extendido a todo el país, sumando prácticas como el secuestro, la prostitución forzada y todas aquellas violencias que de manera recurrente recuerdan que México se ha convertido en uno de los países más peligrosos para ser mujer.
De la misma manera, el contexto que explica la extendida aplicación selectiva de la justicia en favor de un grupo económico y en contra de un particular, se ha venido conformado a lo largo de décadas de corrupción política y empresarial, la cual se ha profundizado en los últimos sexenios, bajo los gobiernos priistas y panistas.
Mirada feminista
El 30 de marzo fue el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, lo que recuerda la discriminación y el abuso sistemático que sufren las mujeres que, por unos pesos y sin derecho alguno, se ocupan de las labores de limpieza y cuidado al interior de las unidades domésticas. Por años y años han sido víctimas de amenazas, golpes, acoso, violación y explotación, la cual se oculta cuando les hace sentir que “forman parte de la familia” y se les obliga a hacer “por amor y lealtad” aquello que debería pagarse. La buena noticia es que, el 14 de mayo de 2019, el Congreso mexicano votó a favor de otorgarles a más de dos millones de personas, la mayoría mujeres pobres, derechos laborales básicos, como horas de trabajo limitadas y vacaciones con goce de sueldo. Igualmente, se han iniciado proyectos para que reciban servicios médicos. La otra buena nueva, es la existencia de organizaciones de trabajadoras del hogar que buscan por su cuenta mejorar sus condiciones tanto en materia laboral como económica, educativa y psicológica. Por supuesto, falta mucho para que sus derechos se hagan realidad en un mercado laboral inestable y muy difícil de regular.
