Pensar que en México la gente realmente decide quién ha de gobernarla es una ilusión democrática. En la gran mayoría de los casos, la decisión de quién accederá a un cargo de representación popular se toma antes de las elecciones. Decisiones cupulares al interior de los partidos políticos y aún de la autoridad electoral representada por el Instituto Nacional Electoral (INE), presión de grupos políticos a nivel estatal y municipal, así como la fuerza de las armas y el terror por parte de las bandas del narco y la delincuencia organizada terminan siendo los factores que determinan quiénes encabezaran las candidaturas de un partido u otro.
Sabido es que la ciudadanía mexicana está compuesta por votantes y no por electores. Esto es, no son las y los votantes quienes deciden quienes ocuparán las candidaturas al interior de cada partido, su papel se reduce a optar por quien ha sido elegido con anticipación. Es aquí donde adquiere sentido la frase “votar por el menos peor”.
Desde fuera de los institutos políticos, la ciudadanía observa, en caso de que esté interesada en informarse y dar seguimiento a los procesos internos de los partidos, cómo se reparten dichas candidaturas después de enfrentamientos, amagos, amenazas, patadas bajo la mesa, presiones y negociaciones.
Por supuesto, en algunos casos las dirigencias de los partidos “preguntan” a sus bases, militantes y simpatizantes, a través de consultas realizadas por ellos o de manera excepcional y a petición de parte por el INE, quién deberá ocupar la candidatura en disputa. Sin embargo, ni siquiera así los integrantes o cercanos a un partido proponen a la persona más próxima a sus intereses, mucho menos la ciudadanía en general. Eligen a quien ha sido incluido en una lista que no propusieron y que la propia dirigencia de los partidos políticos, después de luchas entre facciones por candidaturas, recursos y cotos de poder, pasando por la presión de grupos locales, se encarga de elaborar. Es como preguntar: ¿con quién te vas? ¿con melón o con sandía? Esto cierra las posibilidades para decir no me gustan melón ni sandía, yo quiero a naranja, limón, pepino, aguacate.
Pero, esta no es la única manera de imponer candidatos y candidatas a puestos de elección popular. Las bandas del narco y el crimen organizado han encontrado maneras de hacerlo. La menos visible y letal es ofrecer a grupos políticos, de todos los niveles de gobierno, sumas enormes de dinero para que sus opciones sean consideradas o para apostar por alguna candidata o candidato postulado por los mismos partidos. La más visible se da a través de la fuerza de las armas y el terror, siendo el asesinato el extremo más brutal de la violencia política y la forma “más efectiva” para deshacerse de un político o política que no esté dispuesto a “negociar” y cuidar los intereses de estas bandas.
Mientras que la gran mayoría de la ciudadanía observa, a través de los diversos medios de comunicación, cómo se disputan al interior de los partidos políticos las candidaturas a más de 21 mil puestos de elección popular; mientras se debate en torno a la idoneidad de las y los candidatos; mientras se pregunta por su experiencia, preparación, honestidad, vida privada y pública, personas que habían ocupado o pretendían ocupar algún puesto de elección popular, a nivel estatal y local, han sido asesinadas.
Al parecer, la democracia mexicana no opera en ciertas plazas públicas donde la fuerza de las armas, las amenazas, los levantones, los atentados contra familiares, el daño a la propiedad, el cohecho y los asesinatos son el “método de selección de candidatos y candidatas”.
Ejemplos de violencia política extrema se han dado ya en elecciones pasadas y la que está en curso no es la excepción. Desde septiembre de 2020, mes en que dio comienzo este proceso electoral, hasta el 20 de marzo de 2021, 61 políticos y 78 servidores públicos habían sido asesinados según datos de la organización de la sociedad civil Causa en Común. De acuerdo con esta organización, 65% de las personas asesinadas (90) estaban relacionadas con gobiernos locales; 20% (28) con gobiernos estatales y 15% (21) con el gobierno federal.
Las entidades de la República donde se concentran estos asesinatos y que forman parte del mapa de riesgo en estas elecciones son: Veracruz, la cual acumula el 12% de los homicidios en este periodo: 15 políticos y 5 servidores públicos. Le siguen Michoacán, Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nayarit, Colima, Campeche, Querétaro, Guerrero y Zacatecas.
Como siempre, las cifras muestran un frío panorama en el que “personas sin nombre” engrosan la estadística de los asesinados y asesinadas por pretender o haber ocupado un puesto de elección popular.
El espacio para esta colaboración no permite mencionarles a todxs, pero los nombres y contexto de algunxs de ellxs permiten dimensionar la magnitud de una de las tantas tragedias que se viven en México y dotar de cierta humanidad al instrumento denominado “Ejecutómetro”, mediante el cual se miden día a día las ejecuciones en este país.
El abogado Alejandro Toledo Morales, el primero en ser asesinado el 9 de septiembre de 2020 de un tiro en la cabeza y quien se desempeñaba como suplente de Moisés Reyes Sandoval, diputado local de Morena, en Acapulco, además de asesorar a la diputada federal Rosario Merlín García. Juan Hernández Ramírez, exalcalde de Aquila, Michoacán y su hijo Omar Hernández de 18 años asesinados al interior de su domicilio el 6 de enero de 2021. Gladys Merlín Castro, exdiputada y exalcaldesa de Cosoleacaque, Veracruz y su hija Carla Enríquez Merlín, quien pretendía la candidatura de Morena por la misma alcaldía, asesinadas en su propia casa el 15 de febrero. Alfredo Sevilla Cuevas, alcalde con licencia de Casimiro Castillo, Jalisco, quien pretendía reelegirse y cuyo cadáver, encontrado el 12 de marzo, presentaba evidencia de disparos de arma de fuego en la cabeza. Flor de María Ballina Sánchez, precandidata suplente a la presidencia municipal de Isla Mujeres, Quintana Roo, asesinada el 12 de marzo. Ivonne Gallegos Carreño, asesinada el 22 de marzo siendo candidata independiente a la presidencia municipal de Ocotlán de Morelos, Oaxaca y cuyo esposo, José Luis Méndez Lara, también fuera asesinado hace 6 años. Ivonne era defensora de los derechos de las mujeres junto con Eufrosina Cruz Mendoza, a quien en 2007 se le impidió tomar posesión de la alcaldía de Santa María Quiegolani, Oaxaca, por una cuestión de usos y costumbres, a pesar de haber salido triunfadora en la elección.
En entrevista realizada en el noticiario “Así las cosas”, del 25 de marzo, conducido por Gabriela Warkentin y Javier Risco, Eufrosina Cruz preguntó, entre lágrimas: ¿si vale la pena seguir soñando por este país? y ¿cómo se le dice a un niño de 10 años que le han arrebatado a su mamá?
Y, por si no fuera suficiente que las candidaturas a puestos de elección popular sean decididas por las cúpulas de los partidos, grupos políticos locales o a través de la fuerza de la intimidación y el asesinato, consejeros y consejeras del INE, a través de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, decidieron tomar parte activa en el proceso de selección de candidaturas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), al retirar las candidaturas y precandidaturas de 25 integrantes del partido y a 2 de Redes Sociales Progresistas (RSP), a las que se suman la de Félix Salgado Macedonio, candidato a la gubernatura de Guerrero, y la de Raúl Morón, candidato al gobierno de Michoacán, en función de un supuesto incumplimiento al no presentar sus informes de gastos de precampaña o haberlo hecho de manera extemporánea.
Se dirá, con justa razón, que este instituto sólo cumplía con la ley al sancionar a políticos que no cumplieron con la obligación de reportar sus gastos durante el periodo de precampaña al aplicar el Artículo 79, Numeral 1, Inciso A, Fracciones 1 y 3 de la Ley General de los Partidos Políticos, que establece la obligación de precandidatxs y candidatxs de rendir un informe sobre los gastos hechos durante la promoción al interior de su partido político.
Sin embargo, un pequeño vistazo a la ley electoral deja de manifiesto que la sanción aplicada no necesariamente fue proporcional a la falta cometida, pues existen dos opciones más que hubieran permitido al INE una sanción menos severa que no interfiriera, en pleno proceso electoral, con las decisiones de un partido político.
Estas dos sanciones contarían en caso de que se hubiese aplicado el Artículo 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Numeral 1, Inciso D que sanciona, el que aspirantes, precandidatos o candidatos no presenten el informe de gastos de precampaña o campaña, quedando establecidos tres tipos de sanciones en el Artículo 456, Numeral 1, Inciso C de esta ley, a saber: amonestación pública, multa por hasta 5 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y la pérdida del derecho a ser registrado como candidato.
En su lugar, consejeros y consejeras del INE prefirieron irse por la sanción más severa y aplicar el Artículo 229, Numeral 3, de la misma ley, en el que se indica que, si un precandidato incumple su obligación de entregar su informe de ingresos y gastos de precampaña y hubiese obtenido la mayoría de los votos en la contienda interna, no podrá ser registrado legalmente como candidato de su partido.
Hasta aquí se podría presuponer que el asunto es meramente de interpretación legal y que no hubo dolo por parte de integrantes del INE. Sin embargo, existe evidencia de imparcialidad por parte de algunos integrantes de dicho instituto, mismas que ponen en entredicho la idoneidad de la decisión tomada y dejan al descubierto la manera discrecional y selectiva en que, desde dicha institución, se aplica la ley.
Para no ir más lejos en el tiempo, basta con recordar los recientes intentos del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, para censurar los dichos del presidente de la República en torno al presente proceso electoral. Intentos frenados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Igualmente, la intempestiva intención del INE en “hacer cumplir” las reglas que impiden que un partido político esté sobrerrepresentado en la Cámara de Diputados -cuando lo permitió en la conformación de la Cámara tanto en 2015 como en 2018-, a la vista de un triunfo aplastante de Morena en el presente proceso electoral. Buscando con ello impedir o dificultar que este partido apruebe presupuestos y leyes que permitan avanzar a la Cuarta Transformación (4T) y con ella al proyecto de país del actual presidente de la República.
En el mismo sentido, lleva a cuestionamientos que en el INE se haya negado también a Luis Walton, Adela Román y Pablo Amílcar Sandoval, la posibilidad de aceptar la candidatura al gobierno del estado de Guerrero, una vez que se “bajó” de dicha candidatura a Salgado Macedonio. En este caso, habría que preguntar a integrantes del INE ¿quién les parece mejor para contender por Morena en ese estado?
Si después de lo expuesto, alguien todavía piensa que cuando “vota” por “el menos peor”, “elige”, no queda más por decir que: la ilusión democrática mexicana funciona.
Conciencia feminista:
Concluyo esta participación con mi total repudio e indignación por el asesinato de Victoria Esperanza, migrante salvadoreña, a manos de la policía de Cancún. Ella murió por asfixia mientras esposada y boca abajo era brutalmente sometida por cuatro “guardianes del orden”, uno de los cuales, otra mujer, presionaba su espalda con una rodilla impidiéndole respirar. De acuerdo con la autopsia de ley, esta acción fracturó la columna de una mujer que no opuso resistencia. El cruel asesinato de Victoria Esperanza se da en un municipio en el que la violencia feminicida y la brutalidad policiaca en contra de las mujeres van en aumento. Hecho que también repudio. Cuatro mujeres fueron asesinadas en las últimas horas, una de ellas, taxista en un campo de golf fue encontrada en su unidad de trabajo, torturada y con los senos cercenados. Ambas mujeres dejaron huérfanos a dos niñas y un niño respectivamente. ¿Cómo decirles, como preguntó Eufrosina Cruz, que sus madres no volverán?
Ivonne Acuña Murillo.
Socióloga feminista, académica de la Universidad Iberoamericana. Analista política experta en sistema político mexicano y género. Autora de más de 250 artículos periodísticos y 25 académicos publicados en periódicos y revistas de circulación nacional. Ha contribuido al análisis del presente y el futuro de un país que se desgarra en múltiples medios escritos, radiofónicos y televisivos, tanto nacionales como internacionales.
