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Pedro Gutiérrez Farías, el rostro benefactor de Ciudad de los Niños, ocultó tráfico de influencias y enriquecimiento

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La obra de rescate de niños en situación de abandono le ganó prestigio social e influencia política al sacerdote avecindado en Salamanca, pero también fue la fachada de una acumulación de recursos y propiedades.

León, Gto. Durante 40 años la obra social liderada por el sacerdote católico Pedro Gutiérrez Farías gozó de gran prestigio por su labor con los niños en situación más desfavorable. Sin embargo, una denuncia de maltratos a menores de edad y malversación de fondos, así como la resolución de una juez federal puso al descubierto una realidad distinta: el refugio Ciudad de los Niños se había convertido en un lugar de riesgos extremos para algunos de sus habitantes y un negocio para su fundador.

Para procurar recursos y así sostener las seis sedes de la Ciudad de los Niños, Gutiérrez Farías creó ocho asociaciones, con sólo tres de ellas obtuvo 45 millones 267 mil 91 pesos, más dos vehículos y cuatro terrenos, en trece años. De manera inexplicable, es dueño de ocho bienes inmuebles, uno de ellos, un terreno de 17 hectáreas.

Organizaciones nacionales e internacionales han solicitado al Gobierno Federal que realice las investigaciones, pues el gobierno estatal no ha emprendido acciones legales en contra de los responsables pese a que han pasado veinte meses desde que se presentó de manera anónima una denuncia que señalaba maltratos y desvíos de los donativos.

“Me percaté que hay una bodega de la casa donde hay mucha despensa, arroz, comida en general, pero al parecer la vendía a quienes pasan y se llevaban cosas, mientras que a todos los que vivimos en la casa nos dan frijoles con gorgojos, arroz sin sal, todos nos intercambiamos la ropa o salimos de la casa para pedir ropa.”[1]

Para recaudar donativos, Pedro Gutiérrez creó ocho asociaciones civiles: Ciudad de los Niños Salamanca; Patronato de la Ciudad de los Niños Pobres de Salamanca; Convento Casa Cuna de Salamanca; Ciudad de los Niños Morelia, Ciudad de los Niños Moroleón- Uriangato; Patronato pro Construcción Ciudad de los Niños Moroleón- Uriangato; Cooperadoras de la Sagrada Familia y Cooperadoras de la Sagrada Familia Proniñez Desamparada.

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Gutiérrez Farías recibió en trece años, 45 millones 267 mil 91 pesos, más dos vehículos y cuatro terrenos, sólo con tres de sus asociaciones, según información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Instituto Nacional de Desarrollo Social, el gobierno estatal de Guanajuato y los gobiernos municipales de Moroleón y Salamanca.

De acuerdo a lo reportado por el gobierno estatal y los gobiernos municipales de Guanajuato, se destinaron a dos asociaciones civiles de Gutiérrez Farías alrededor de 13 millones 617 mil 536 pesos en catorce años.

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¿Vetará Peña la Ley de Seguridad Interior?

“Momento histórico: aprobada Ley de Seguridad Interior”

Julio Hernández López

Momento histórico: se aprueba, en lo general, dictamen de Ley de Seguridad Interior en el Senado, con 76 votos a favor, 44 en contra y 3 abstenciones. Se discutirán las reservas en lo particular. Mero trámite. La LSI ha sido aprobada: militarización del país en víspera electoral.

Los tiempos por venir dirán si estoy equivocado, pero creo que el desenlace de la siguiente elección presidencial se ha sellado esta madrugada, con la virtual aprobación de la Ley de Seguridad Interior: Fuerza militar, “legalizada”, contra opositores al fraude electoral.

Ya nada se puede hacer en el plano legislativo. Si acaso, la impugnación en instancias internacionales. De aquí a las elecciones, la bota militar estará “legalizada”. Las posibilidades de fraude electoral son mayores, sí, lo electoral, a partir de ahora, queda bajo la discrecionalidad militar.

Y me pregunto: ¿Quién? ¿Cuál líder, cuál organización social, cívica o partidista, organizó una resistencia eficaz contra el golpe tan anunciado? ¿Por qué se deja pasar, como si nada, este golpe, mientras la zanahoria electoral sigue boyante?”

En diciembre de 2006, Felipe Calderón Hinojosa inició, en su natal Michoacán, la guerra contra el narcotráfico en busca de legitimar su gestión en Los Pinos, obtenida mediante fraude electoral. En diciembre de 2017, Enrique Peña Nieto ha ordenado la aprobación de la peligrosa LSI en busca de dar marco jurídico a la acción de las fuerzas armadas para enfrentar disturbios de diversa índole, que con facilidad provocada pueden incluir los electorales y de protesta social, aunque en la letra jurídica los cerrajeros gubernamentales juren que pondrán candados para evitar tales riesgos de enderezar las armas oficiales contra el ejercicio de derechos y libertades ciudadanas.

La Ley de Seguridad Interior es una legislación en la que se define la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y ante qué situaciones los militares pueden actuar.

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