Política feminista | ¿Qué hacemos con las alertas de violencia de género? Autora: Aleida Hernández Cervantes

Foto: Alejandro Aguilar/OEM-Informex

Abordar el tema de las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) siempre oscila entre el desconocimiento y la impotencia. El desconocimiento, en tanto es un mecanismo complejo de acción gubernamental que pocas personas conocen a fondo; e impotencia, pues a pesar de que una gran parte de las entidades de la República tienen declarada una AVGM, la violencia feminicida contra las mujeres es constante y abrumadora.

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Ante los diez años que tiene funcionando este mecanismo (la primera solicitud data de 2010 y fue en el Estado de México), se hace necesario insistir en una evaluación general y puntual, que considere problemas de eficiencia, operación, recursos, impactos, así como su duración.

Empecemos por explicar en qué consisten y cómo funcionan.

¿Qué es una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres?

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La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad (artículo 22 de la LGAMVLV). La violencia feminicida es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres (artículo 21).

En ese sentido, como se puede ver, la AVGM tiene como propósito que las instituciones en sus competencias atiendan, de forma urgente, la violencia feminicida y sus implicaciones en un territorio determinado en el país. El objetivo, lo dice claro la ley: se trata de garantizar la seguridad de las mujeres y el cese inmediato de la violencia contra ellas, así como la violación a sus derechos humanos.

Primero debemos aclarar que las declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres se pueden realizar solo en las entidades de la República; hasta hoy, no existe en la ley la posibilidad de una declaratoria general de alerta para todo el país. El mecanismo se concibió para que sea solicitado tanto por organismos de derechos humanos de la sociedad civil o por las comisiones de derechos humanos (ya sean locales o nacional) y es la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), quien está al frente de todo el procedimiento. La revisión de la solicitud de AVGM, así como la evaluación del informe que debe entregar el gobierno de la entidad de la República señalado, la realiza un grupo de trabajo que está integrado tanto por instituciones gubernamentales como por académicas nacionales y locales. Esto es para cada caso, para cada solicitud de AVGM. Al final, se realiza una valoración por parte del grupo de trabajo, se elaboran recomendaciones de atención, prevención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres, que debe atender el gobierno local y en función de ello, se declara o no la AVGM por la Secretaría de Gobernación.

Como podemos comprender, existen procesos de solicitud de AVGM y procesos con declaratoria de AVGM. Cuando alguno de ustedes lea o escuche al respecto, tiene que indagar si de lo que se está hablando es de una solicitud de alerta, o de una alerta ya declarada.

Vayamos ahora a los datos sobre las alertas.

Alertas solicitadas, declaradas y desechadas

Desde 2010 se han presentado 52 solicitudes de AVGM. La alerta más antigua decretada es del Estado de México, en 2015, no obstante su solicitud fue realizada en 2010; tuvo que intervenir el Poder Judicial para obligar su declaratoria. Fue a partir de 2013 que las solicitudes de AVGM se vinieron en cascada. De las 52 solicitudes que se han presentado a lo largo de estos años, han sido declaradas 21, no declaradas 10, acumuladas 11 (mediante un nuevo procedimiento que estableció Conavim); desechadas 4 y se encuentran en proceso 5[i].

A julio de 2020, 28 entidades federativas tienen decretada alguna alerta de violencia que incluyen 389 municipios por violencia feminicida y 293 por agravio comparado (Veracruz y Guerrero). Algunos estados tienen hasta dos alertas decretadas, es el caso de Estado de México, Veracruz y Guerrero, debido a que la ley prevé dos alertas de naturaleza distinta: una por violencia feminicida y otra por agravio comparado (la mayoría de este tipo de alertas están relacionadas con legislación local que criminaliza el aborto y atenta contra los derechos humanos de las mujeres).

Mientras que Puebla es la entidad que más acumula solicitudes, con un total de 7 a la fecha, existen entidades para las que no se ha realizado solicitud alguna, como son los casos de Baja California Sur, Tamaulipas, Aguascalientes e Hidalgo.

Según un reporte de las AVGM presentado por la Conavim en julio de 2020, del universo de medidas y conclusiones que son 632, las cuales se deben seguir por los estados, 362 no han sido evaluadas y tan solo 1.9% se tienen reportadas como cumplidas. Apuntemos que las medidas y conclusiones están contenidas en los dictámenes que elaboran los grupos de trabajo, en ellas se plantean acciones gubernamentales concretas que los gobiernos deben llevar a cabo y tienen que ver con aspectos como capacitación especializada a funcionari@s públicos, ministerios, policías, personal de atención a víctimas de violencia contra las mujeres; eficiencia en las órdenes de protección a las mujeres que están padeciendo violencia; recomendaciones sobre procuración y administración de justicia; modificaciones a la legislación; elaboración de bases de datos sobre violencia contra las mujeres, funcionamiento de los centros de justicia para la atención de la violencia, procedimientos de reparación del daño, entre muchos otras más.

Por otro lado, es importante señalar que todas las entidades cuentan con una ley local de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, en su contenido varias de ellas tienen indicada una forma de activar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, desde sus propias estructuras de gobierno local. El caso de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres decretada en Ciudad de México, está fundada en su ley local y la decretó la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum en noviembre de 2019.

Pero entonces, ¿qué hacemos con las alertas?

En distintos foros, entrevistas y mesas de análisis tanto activistas, familias con víctimas por violencia feminicida y especialistas han coincidido que los procesos están empedrados de mucha burocracia y duran muchísimo tiempo (algunos llevan hasta más de 5 años); además de múltiples resistencias de las instituciones y de una gran parte de servidores públicos para cumplir y concretar las recomendaciones; y, cuando hay voluntad de hacer las cosas, se encuentran con la falta de presupuestos suficientes y una ineficiente coordinación interinstitucional. Desde la experiencia de haber participado en dos procesos de alerta (una solicitud y una declaratoria de AVGM en la Ciudad de México), me parece que es conveniente al menos pensar en cuatro grandes elementos que las puedan hacer eficientes y más útiles para atender, de forma urgente, la violencia feminicida: 1) Repensar su carácter de mecanismo urgente. Es decir, delimitar lo que se considera urgente en la atención, prevención y sanción de la violencia feminicida, recordando que, para todo el desarrollo e implementación de políticas públicas permanentes, existe y se debe fortalecer el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (Sistema). Si hacemos recaer todo en los procesos de alertas es que algo o mucho no está funcionando en el propio Sistema. Hay que darle potencia y recursos al Sistema Nacional y la posibilidad de que participen en las propuestas de acción y evaluación, la sociedad civil y la academia, tomando el aprendizaje que se ha tenido en las alertas. 2) Integrar de forma más permanente y obligada a los poderes judicial y legislativo en los procesos de las alertas, especialmente al poder judicial, sin perder el respeto a su autonomía. Se ha podido observar en estos procesos que si bien los jueces y la administración de justicia tienen un papel fundamental para que no impere la impunidad en los delitos contra la vida de las mujeres, en muchos procesos de las alertas, el poder judicial es poco activo y resistente al escrutinio público de su actuar. Cientos de casos de violencia feminicida y de feminicidios están en la impunidad no solo por la deficiente integración de las carpetas de investigación de los ministerios públicos sino también por las malas decisiones de los jueces que han permitido que los responsables estén en libertad y sigan cometiendo delitos contra las mujeres (caso paradigmático el de Abril en la Ciudad de México). 3) Los procesos deben tener una temporalidad más delimitada, no puede permitirse que el proceso de una solicitud esté abierto por más de 2 años sin que se tenga una resolución de declaratoria o no; tampoco se puede permitir que ya dada la declaratoria, ésta esté abierta por más de 3 años sin cumplimentarse y cerrarse. Deben establecerse sanciones en caso de incumplir plazos a las autoridades, por eso la importancia de resaltar el carácter de mecanismo urgente, porque debe hacerse a la brevedad, para que lleven a cabo acciones urgentes para que cese violencia feminicida contra las mujeres en el territorio del país señalado. 4) Finalmente, encuentro que es necesario, después de concluir con una declaratoria de AVGM, pensar en el diseño de un mecanismo “puente” que permita trasladar e incorporar las conclusiones y recomendaciones que se hagan en los informes y dictámenes de las alertas a las políticas públicas permanentes del Sistema Nacional, con el objetivo de que todo el trabajo que realizaron los grupos y la experiencia acumulada de los propios procesos se conviertan en materia viva y útil para la construcción de nuevas acciones gubernamentales y sociales en materia de atención, prevención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres.

Las alertas sin duda han sido de mucha utilidad, han servido para que las autoridades no olviden sus obligaciones con los derechos humanos de las mujeres, por eso ya es momento de que las hagamos madurar.


[i] Seguimiento de los mecanismos de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres 2020 Reporte de la Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos, Promoción de los Derechos Humanos y Atención a Víctimas Del 1o de diciembre 2018 al 30 de junio de 2020. Ver https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/567408/VF_INFORME_AVGM_2020.pdf

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