Pifias legales de la Fiscalía y tortura obligan a jueza a liberar a detenidos por asesinato de 4 jóvenes en Irapuato (nota de Edith Domínguez en POPLab)

Ilustración: Pinche Einnar.
Los resultados del trabajo de investigación de la FGG han despertado la indignación de los familiares y amigos de las víctimas, que exigen justicia.

Edith Domínguez | POPLab.

Dos fracasos consecutivos hiló la Fiscalía general del estado al poner a disposición del Poder Judicial a seis detenidos y presuntos inculpados de privar de la vida a Lupita, la menor de edad, Karely, Mario Fernando y Fernando, todos desaparecidos el 8 de diciembre y cuyos restos fueron abandonados en la vía pública el 13 de enero.

Tres acusados fueron vinculados a proceso el 13 de marzo, pero un cuarto detenido fue liberado al día siguiente en otra audiencia, mientras que dos más quedaron también libres de vinculación a este proceso el viernes 19, en parte gracias al registro de un cateo considerado una prueba ilícita y una acusación de tortura para obtener declaraciones de un testigo, ambos a cargo de la Fiscalía.

El testigo clave de la Fiscalía en la última de las tres audiencias efectuadas vía videoconferencia para presentar a dos de los imputados, se desistió de su primera declaración, al argumentar que fue torturado por agentes ministeriales que lo obligaron a firmar unas hojas en blanco y otras hojas con una narración que no pudo conocer.

“Firma, pero no puedes leer”, habrían dicho los agentes al testigo, que por ello se retractó de una declaración inicial en la que apuntaba a la participación de Carlos Alexis y Erick Josafat, dentro de la causa penal IP1621-157.

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Tras exhibir los señalamientos por supuesta tortura por parte de agentes de la FGE, la juez penal ordenó la inmediata liberación de Carlos Alexis y Erick Josafat. Estas dos liberaciones se sumaron a la de Carlos Eduardo, alias “El Finito” el sábado 13, por el mismo motivo.

Fue así como los únicos vinculados a proceso y que quedaron en prisión preventiva son Pedro Antonio, alias “El Treinta”; Juan Pablo, alias “El Cheche” y Jesús Isaac, alias “El Chamán”, acusados de homicidio calificado y feminicidio.

Los resultados del trabajo de investigación de la Fiscalía General de Guanajuato han despertado la indignación de los familiares y amigos de las cuatro jóvenes víctimas, que exigen justicia por sus asesinatos, y así lo expresaron a POPLab con la reserva de sus nombres, por temor a ver en riesgo su integridad.

Música para matar

De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía como mecánica de los hechos durante la audiencia del viernes 19 en el Juzgado penal de oralidad en Irapuato, al menos siete hombres -entre ellos un menor de edad- intervinieron en dar muerte a Edwin Fernando, Mario Fernando, Lupita y la menor Karely en el interior de la casa de dos pisos marcada con el 487 de la calle Bustamante de la colonia San Juan Barrio Nuevo del municipio de Irapuato, el 8 de diciembre del 2021, mientras la música sonaba fuerte.

Esa propiedad es conocida como “la casa del Chino Tripas”, cuyo padre fue asesinado en junio del 2018. Doce horas después de ese ataque, el hijo del “Chino Tripas” -conocido con el mismo apodo- fue atacado en la colonia El Cortijo.

El 12 de agosto del mismo año, la Fiscalía General de Guanajuato informó la detención de “Chino Tripas”, como presunto responsable de los homicidios de Melchor y Alfredo, de 35 y 54 años de edad, cometidos el 8 de marzo en la colonia Álvaro Obregón.

Según los datos que se revelaron en la audiencia tras su muerte, los siete hombres se metieron en esa casa de la calle Bustamante, donde “se juntaban a loquear” y se quedaron a vivir, además de que presuntamente vendían droga.

El rumbo se ubica a unos cinco minutos del Barrio de Santa Anita, lugar de donde salieron los cuatro jóvenes asesinados junto con Miguel Ángel, único sobreviviente.

Miguel Ángel, alias el “Cabubis” abordó ese día su automóvil Astra rojo y recogió a Lupita en su casa; luego se dirigieron al Barrio de Santa Anita a la casa de la abuela de Karely -donde la menor estaba de visita-; en esa zona recogieron a Mario Fernando y a Edwin. Estuvieron por una media hora tomando unas cervezas en la calle Emiliano Zapata.

De ahí se dirigieron a la calle Bustamante y se detuvieron frente al número 487. Miguel Ángel se bajó del automóvil -presuntamente compraría droga- mientras los cuatro jóvenes se quedaron en el interior. Pero Miguel Ángel fue interceptado por varios hombres encapuchados y con ropa de camuflaje que llegaron en una camioneta negra, lo subieron a la fuerza a la camioneta y se lo llevaron. Días después de golpearlo lo liberaron y se enteró de la desaparición de los otros cuatro. Dicha versión coincide con la del testigo de la Fiscalía.

Instantes después de que Miguel Ángel fue sometido, siete hombres salieron de la casa “Chino Tripas”, bajaron a la fuerza a los cuatro jóvenes del auto y los metieron en la misma vivienda, según los datos ventilados en la audiencia de este viernes.

La Fiscalía expuso ante la juez penal declaraciones de un testigo vio cómo los cuatro fueron obligados a entrar a la casa, donde instantes después la música sonó a todo volumen, como pasó en otras ocasiones. “Se encendía la música y comenzaban a golpear a personas. Presuntamente los machetearon (a los cuatro) jóvenes… en la jardinera de la casa los enterraron” esa misma noche.

Después desenterraron los cuerpos y los metieron en bolsas de plástico negro.

Ese testigo días después se encontró con un presunto participante identificado como “El Perico” quien le habría contado “los que metimos ese día ya nos los chingamos, ya los hicimos pedazos. Ya se acercaban, nos vamos”.

El mismo testigo habría identificado a algunos de los siete participantes en estos asesinatos, pues los conocía del barrio, “de toda la vida”.

Pasaron los días y un segundo testigo identificado como “El Toca” al pasar por la casa del número 497 de la calle Bustamante, percibió un olor intenso y al encontrar la puerta entre abierta, ingresó a la vivienda y encontró varias bolsas de plástico de color negra, abrió una y vio que contenían partes humanas con tierra, cal y arena.

En ese momento -según el relato presentado en la audiencia- fue sorprendido por “El Cheche”, el “Chamán” y “El treinta”, quienes lo encañonaron, golpearon y amenazaron de muerte si hablaba.

Este testimonio sirvió para apuntalar la vinculación a proceso de tres de los detenidos.

Como a las diez de la noche del 12 de enero, los presuntos responsables subieron las bolsas de plástico con los restos a un vehículo blanco con quemacocos. Una cámara del Centro de Comunicaciones de Irapuato (C4) captó al auto blanco que salía de la calle Bustamante.

El 13 de enero, los restos de Mario Fernando, Edwin Fernando, Lupita y Karely fueron encontrados en siete bolsas de plástico. Tres de ellos fueron identificados por familiares y la adolescente Karely lo fue con el cotejo de ADN con sus familiares.

El 10 de marzo, la Agencia de Investigación informó de la detención en Pedro Antonio, Juan Pablo, Erick Josafat y Jesús Isaac alias el “Chamán”, quienes se encontraban laborando en una fábrica mercantil ubicada en la calle Cruz del Sur número 10 de la colonia La Joya, en Tijuana, Baja California, detenciones que se hicieron en colaboración con la Fiscalía de Guanajuato.

En un segundo comunicado de la Fiscalía General de Baja California emitido ocho días después (es decir, el 18 de marzo) se notificó la detención de dos de los presuntos responsables, Carlos Alexis alias el “Káiser” y Jesús Isaac alias “El Chamán”.

Pero fue hasta este 19 de marzo que la Fiscalía General de Guanajuato se vio obligada a enviar un comunicado, tras las solicitudes de información sobre los detenidos y el proceso penal, lo que ocurrió además luego de la audiencia en la cual quedaron en libertad Carlos Alexis y Erick Josafat.

Sin embargo, en el comunicado no se informó de la liberación de Carlos Eduardo, alias “Finito”. Solo se mencionó que Pedro Antonio, Juan Pablo y Jesús Isaac fueron vinculados a proceso por el homicidio calificado.

“Pruebas” desestimadas

La casa del “Chino Tripas” fue cateada por ministeriales el 14 de enero. En el lugar se encontraron manchas de sangre en las paredes de las diferentes habitaciones, dos bolsas de plástico, tierra y cemento removido en el patio central de la casa, donde aún había un olor fétido y artículos filosos en la jardinera.

Sin embargo, la juez desechó el cateo como como dato de prueba “al ser considerado una prueba ilícita”.

Además, en una segunda declaración, el testigo principal de la Fiscalía asentó que desde temprano elementos de la fiscalía con camisas con el logotipo (IAC) de la Agencia de Investigación Criminal se lo llevaron en un vehículo, lo amenazaron, le apretaron las esposas, lo patearon y le dieron puñetazos.

“Admite que violaste y mataste a las muchachas”, contó que le dijeron.

Le pusieron un trapo mojado. Luego un hombre vestido de negro con un machete y una bolsa negra entró al cuarto donde lo tenían y decía “te voy hacer lo mismo que a los muchachos”.

“Querían que me echara la culpa, que vendía droga”, señaló el testigo en esta declaración opuesta a la inicial.

El hombre narró que le quitaron las esposas, “lo llevaron con una señorita”, le dijeron que firmara hojas en blanco y también un texto que no le dejaron leer. Durante su presunto cautiverio, su madre acudió a las instalaciones de la Fiscalía regional en Irapuato, donde en todo momento la autoridad negó que lo tuvieran. Cuando fue liberado, se dirigió a su casa y le platicó a su mamá. El 15 de enero presentó una denuncia en la agencia 7 por el delito de tortura, aunque el Ministerio Público la inició por abuso de autoridad.

Fue así como, durante la audiencia del viernes, dentro de la misma causa penal, la juez explicó que el delito de tortura se investiga de oficio y al ser una prueba con la que buscaba la Fiscalía acreditar la coautoría de Carlos Alexis y Erick Josafat por los delitos de feminicidio y homicidio de Mario Fernando, Edwin Fernando, Lupita y la menor Karely, ésta se desechó porque el testigo declaró que se obtuvo bajo presunta tortura.

En su resolución, la jueza se limitó a hacer un extrañamiento a la autoridad ministerial sobre la forma en que se inició la carpeta por la denuncia del testigo; “porque no se dio como caso de tortura, y se inició como abuso de autoridad”. No hizo recomendación alguna al ministerio público sobre reclasificar esta denuncia, ni habló más al respecto.

Ni siqueira porque en la audiencia se refirió que el testigo también presentó queja en la Procuraduría de Derechos Humanos por la presunta tortura, en la que atribuye las lesiones sufridas a los elementos de la propia Fiscalía.

Al final, la juez determinó que “no podía establecer con estos datos de prueba la probable coautoría de Carlos y Erick” en estos homicidios y feminicidios, y decretó la no vinculación a proceso y la liberación inmediata.

En su comunicado del viernes, la FGE informó que se analizarán “las causas de no vinculación para determinar la interposición del recurso legal respectivo”.

Sin embargo, la Fiscalía ocultó que tras una audiencia efectuada entre el 9 y el 14 de marzo, un juez penal determinó la no vinculación a proceso de otro de los detenidos por estos homicidios, Carlos Eduardo N.

Para familiares de las víctimas, el actuar de la Fiscalía General de Guanajuato “ha dejado qué desear”:

“Al fiscal no le mataron una familiar ni se lo hicieron pedazos, ni a las abogadas que defendieron a estos criminales les mataron ni les hicieron pedazos a ningún familiar, ni a los jueces les hicieron esto. ¿Qué hay detrás de todo esto?” publicaron y compartieron familiares en redes sociales. “No solo los familiares piden justicia, también la sociedad se une al grito de justicia. Una vez más queda entre dicho la honestidad y trabajo de la Fiscalía y defensoría de oficio, que no defienden la justicia”.

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