La discusión sobre quien será el titular del Fondo de Cultura Económica (FCE) ha causado más revuelo que la designación de la próxima persona que ocupe un lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Esto resulta preocupante cuando el o la siguiente magistrada se encargará de liderar uno de los temas más preocupantes en México: la justicia. En manos de la siguiente magistrada estará moldear los caminos en la impartición de justicia, establecer precedentes legales y abonar u obstaculizar la aplicación de la justicia en casos paradigmáticos. –Ejemplo de una pésima designación es el del magistrado Medina Mora, quien fue uno de los personajes que ha decidido proteger a la administración saliente–.
Desde hace más de 10 años, organizaciones civiles han señalado la necesidad de establecer criterios claros y transparentes sobre la designación a ciertos cargos, también han buscado establecer mecanismos de rendición de cuentas donde quien decide se haga responsable de la designación y de explicarle a la gente del porqué de esa elección, y, por último, que los procesos de designación incluyan la participación de una ciudadanía cada vez más interesada en saber quiénes estarán al frente de las instituciones.
Los reflectores que atrajo el caso del FCE, o, mejor dicho, de Taibo II, han sido un desperdicio en cuanto a las discusiones que debemos dar para avanzar en el fortalecimiento de nuestras instituciones; sobre todo porque pocas cosas debilitan más a una institución que ponerles titulares incompetentes o capturados por algún poder político, económico o de cualquier otro tipo.
Pero en este caso, no logramos trascender nuestras filias y fobias sobre Taibo II, y desdeñamos discutir sobre cómo tendría que ser un buen titular del Fondo para centrarnos en por qué él debe o no ser su titular.
En primer lugar, cabe notar que, efectivamente, las leyes que prohíben cargos por no ser mexicanos de nacimiento son arcaicas y discriminatorias. Las personas naturalizadas son tan mexicanas como quienes han nacido en el territorio nacional por lo que como prioridad de las comisiones que modificaron la fatalmente llamada “ley Taibo”, debe estar identificar y modificar cualquier otra ley donde estos criterios persistan.
Segundo, si bien siempre son casos concretos los que nos permiten identificar leyes arcaicas o discriminatorias, es un riesgo mayúsculo hacer modificaciones legales ad hoc. Taibo II no es el único que puede dirigir el FCE, seguro hay más perfiles allá fuera, por lo que hacer la modificación para que pueda ser él quien acceda al cargo desvirtúa los motivos detrás de las modificaciones legales –en política no sólo hay que hacer cosas buenas sino que también lo parezcan–.
Tercero, el centro de la discusión no debió ser únicamente si los requisitos legales eran o no adecuados, más importante aún era identificar qué virtudes, competencias y experiencia es la que pensamos debe tener alguien al frente del Fondo. Es decir, ¿cuál es el perfil idóneo del director del FCE?
Son este tipo de discusiones las que suelen estar ausentes en las designaciones en este país. Titulares del Ejecutivo designan de conformidad con cálculos políticos o filias personales en vez de hacer un adecuado ejercicio para saber si las personas son las idóneas. Esto se refleja también en el Legislativo, que continuamente identifica a las designaciones como un juego político en el que se reparten cuotas y se premian amigos o castigan enemigos.
Decidir quiénes estarán al frente de nuestras instituciones requiere de una mayor apertura por parte de los gobiernos, que le permita a la ciudadanía formar parte del proceso. Requiere, al menos, de la posibilidad de poder tener un gobierno que justifique sus decisiones para que la ciudadanía pueda saber si la designación se hizo o no de conformidad con criterios de idoneidad claros o no.
Ojalá que el revuelo que causó Taibo II se traslade a la designación de la siguiente persona que formará parte de la SCJN y no continúe siendo sólo un tema de golpeteo político o de pataletas de la oposición. Porque también hacerlo de este modo desvirtúa el genuino interés que tenemos los ciudadanos de participar en las designaciones de este país. Discutamos sobre perfiles idóneos y sobre procesos transparentes de designación, no si nos cae bien Taibo II o no.
