Francisco Félix | julioastillero.com
En mesa de análisis conducida por Julio Hernández en Astillero Informa diversos especialistas conversaron respecto a las implicaciones y alternativas en torno al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Celular, cuya creación ya es un hecho luego de que el viernes por la tarde se publicara en el Diario Oficial de la Federación la reforma legal aprobada por el Legislativo días antes. Luis Fernando García, Joel Gómez Treviño y Juan Manuel Casanueva coincidieron en que, desde un punto de vista técnico, la creación de este padrón no tiene ningún aspecto positivo y, por el contrario, supone riesgos importantes.
Luis Fernando García, director de la Red de Defensa de los Derechos Digitales (R3D) enumeró tres acciones que pueden realizar quienes están en contra de esta medida. La primera consiste en exigir que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) interpongan acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, anunció que el portal de R3D pronto lanzará una herramienta que permita a cualquier usuario enviar una solicitud a dichas instituciones.
En segundo lugar, García propuso sumarse a las acciones colectivas de presentación de amparos y recursos jurídicos que promueven diversas organizaciones civiles y, finalmente, no registrarse y boicotear el padrón, buscando orillar al Gobierno a tener que asumir el costo político de cancelar millones de líneas telefónicas. Sobre esto último, aclaró que tiene sus riesgos pues podría ser que el Gobierno sí asumiera dichos costos, en cuyo caso muchos usuarios podrían perder sus líneas.
Por su parte, Juan Manuel Casanueva, director de Social TIC, organización que busca el acompañamiento en el uso estratégico de la tecnología para fines sociales, recomendó que, como usuarios y ciudadanos exijamos: 1) conocer exactamente qué datos serán recolectados; 2) resguardo seguro de dichos datos; 3) información sobre a quién y bajo qué condiciones se compartirán esos datos. El activista urgió a hacer visibles los impactos que podrían tener estas medidas pues es probable que quienes se vean más afectados son quienes viven en contextos marginados, lo que incrementará aún más la brecha digital. Comentó que existen elementos para desconfiar de las autoridades porque hasta ahora no ha habido un manejo responsable, ético y seguro de nuestros datos personales.
Joel Gómez Treviño, presidente de la Academia Mexicana de Derecho Informático, recomendó tener cuidado con los formatos o solicitudes de amparo que están ya circulando, acompañadas muchas veces de ofrecimiento de asesoría legal con un costo. Advirtió que podría tratarse de actos delictivos, por lo que recomendó buscar a organizaciones formales como colegios de abogados u asociaciones civiles para cualquier tipo de medida legal que busque combatir la reforma. Lamentó que, “a este paso, lo siguiente es buscar que nadie pueda tener acceso a Internet sin estar plenamente identificado”. Además, pronosticó que habrá un incremento sustancial en el robo de celulares, e incluso, “a lo mejor, también te secuestran o te cortan el dedo” para poderlo usar.
Luis Fernando García lamentó que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) carezca de presupuesto suficientes para cumplir con lo que esta reforma le mandata, lo cual, dijo, incrementa las posibilidades de que las bases de datos estén mal configuradas y sean, por lo tanto, más susceptibles de violación. García Treviño agregó que, además de darle presupuesto insuficiente al Ifetel, lo amenazaron con ser objeto de responsabilidad administrativa en caso de no cumplir con los plazos legales para cumplir con lo mandatado.
El director de 3RD consideró que esta reforma no es un hecho aislado y ejemplificó con el caso del gobierno priista de Coahuila, encabezado por Miguel Riquelme, que desde hace tiempo ha buscado echar a andar un sistema de vigilancia del espacio público con reconocimiento facial, algo que hasta ahora no ha podido hacer porque le falta justo una base de datos biométricos, como la que se pretende instaurar ahora. El objetivo, dijo, es monitorear a la población en tiempo real en la vida pública para facilitar el control social. Explicó que esto no es ciencia ficción, sino que ya es una realidad en países como China, y se trata de una tendencia que están copiando diversos países del mundo. García advirtió que detrás de esta iniciativa vendrán otras todavía más autoritarias, por lo que hizo un llamado a mostrar la mayor resistencia posible desde ahora.
Finalmente, los especialistas coincidieron en la gravedad de afectaciones que se pueden generar a partir de un mal uso de datos tan sensibles como la información biométrica. Juan Manuel Casanueva consideró que ya vivimos en el capitalismo basado en la vigilancia y enfatizó la importancia de no dejar la batalla o, de lo contrario, “pasará lo que siempre ha pasado”, afectando a las mayorías.
