Murillo Karam comparece | El exprocurador se presenta ante un Juez por las imputaciones del caso Ayotzinapa (nota de SinEmbargo)

En la audiencia de este sábado, el Juez determinará si fue legal la detención que realizó la FGR, con base en una orden de aprehensión por presunta responsabilidades en los delitos de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia.

SinEmbargo.

Ciudad de México, 20 de agosto (SinEmbargo).– El exprocurador Jesús Murillo Karam arribó esta mañana al Reclusorio Norte para comparecer ante un Juez de Control en el Centro de Justicia Federal para ser imputado por presuntos delitos cometidos en la investigación del caso Ayotzinapa.

Murillo Karam, quien fue detenido ayer por la Fiscalía General de la República (FGR) al exterior de su domicilio en La Lomas de Chapultepec, fue trasladado en un convoy de cinco camionetas pertenecientes a la dependencia y a la Secretaría de Marina (Semar).

En la audiencia de este sábado, el Juez de Control Marco Antonio Fuerte Tapia determinará si fue legal la detención que realizó la FGR, con base en una orden de aprehensión por presunta responsabilidades en los delitos de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia. El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que se decretó un receso de una hora para imponerse las constancias.

Un grupo de cuatro abogados, entre ellos José Javier López García, abogado de Juan Collado, y Antonio López Ramírez, quien también defiende a Beyruti, forman parte del equipo de la defensa de Murillo Karam que llegó a la audiencia.

Santiago Aguirre Espinosa, director del Centro Prodh y representante de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, también acudió a la audiencia, al igual que una representante de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y cuatro fiscales del Caso Iguala que formularán la imputación contra Murillo Karam.

Ante la presión pública para que se aclarara un crimen que generó conmoción dentro y fuera de México, Murillo Karam fue quien calificó como “verdad histórica” su versión de los hechos: que los jóvenes fueron capturados por policías locales y entregados a criminales, y que éstos los mataron, los quemaron a todos en una gran hoguera en un basurero y arrojaron los restos a un río.

Sin embargo, un grupo de expertos internacionales y la actual Fiscalía General de la República echaron por tierra la versión del basurero, confirmaron que en el crimen participaron distintas autoridades, fuerzas de seguridad y militares, que hubo manipulación de pruebas y que se torturó a decenas de detenidos, lo que unido a otras irregularidades derivó en que muchos de los procesados quedaran en libertad.

En 2020, el actual Fiscal general, Alejandro Gertz Manero, acusó a Murillo Karam de “orquestar un engaño mediático masivo”. Dos años después fue detenido en su casa en la Ciudad de México y, según el comunicado oficial, sin que opusiera resistencia. Se convertía en el primer exprocurador general mexicano en ser capturado por la institución que él mismo dirigió.

Horas después de la captura de Murillo Karam, la Fiscalía informó en un comunicado de la emisión de 83 órdenes de captura, 20 de ellas de militares y el resto de policías, funcionarios estatales o delincuentes, por distintos delitos vinculados con el caso: delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia.

Murillo Karam exlegislador y exgobernador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), de 74 años, dirigió la entonces Procuraduría General de la República de 2012 a febrero de 2015, durante la primera mitad del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.

Dejó el cargo cinco meses después del crimen, tras haberse convertido en una de las personas más criticadas por los padres de los estudiantes, que desde hace años habían pedido su arresto. En una ocasión dio por terminada una conferencia de prensa con el argumento de que ya se había cansado de dar explicaciones.

Casi a media noche del viernes, sus abogados emitieron un breve comunicado en el que dijeron que “de ser sólido y apegado a derecho, el proceso que inicia podría contribuir a que empiecen a rendir cuentas las autoridades implicadas” y dejaron claro que a los padres no les mueve la venganza sino “la esperanza de que se sepa la verdad”.

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