Son 21 mujeres detenidas ilegalmente por elementos federales, documentó la organización AsíLegal
Carlos Lara/OEM-informex
CDMX. En el 2011, en medio de la peor crisis de seguridad pública en México, Lourdes, Lidia y Laura, junto con otras 18 mujeres fueron víctimas de los arrestos masivos que se dieron en el marco de la llamada “guerra contra el narcotráfico”.
Estas mujeres fueron detenidas de manera ilegal, encarceladas y olvidadas en prisiones lejos de sus lugares de origen, sólo porque estaban en el lugar y la hora menos indicada, concluye la organización no gubernamental AsíLegal que documentó cada uno de estos 21 casos que tras estos años siguen sin saber por qué fueron detenidas. Son las mujeres que han sido olvidadas en los centros penitenciarios locales, sostiene José Luis Gutiérrez Román, director de AsíLegal. En entrevista con OEM-Informex refiere que no son solo 21 las mujeres que han sido encarceladas, sin sentencia, en las prisiones, sino que son cientos más.
Algunas de ellas trabajaban en un bar que había sido señalado por comentarse algún ilícito. Llegaron los militares y sin mediar más se las llevaron o los otros casos de mujeres que estaban en sus casas y que al llegar las fuerzas federales en búsqueda de sus parejas sentimentales, se las llevaron aún si tener acusación alguna, explicó Gutiérrez Román.
Sostuvo que su organización ha ubicado a estas mujeres en el penal estatal de Mexicali, Baja California. Y detalla que ellas han pasado mucho tiempo en prisión preventiva. “Ya pasaron los dos años que la ley establece si no se les encuentran cargos, así que por ley son inocentes, por lo que se les debe da cambiar la medida cautelar para que puedan quedar libres”.
En este sentido, Gutiérrez Román refirió que según las estadísticas del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2019, existen 410 mujeres del fuero federal en prisión preventiva por delitos contra la salud y relacionados con narcotráfico.
“Ellas son las otras víctimas de esta guerra, las víctimas de las que nadie habla. El simple hecho de ser mujeres fue aprovechado por las autoridades para fabricar su culpabilidad a través de confesiones obtenidas mediante tortura sexual, física y psicológica”, manifestó.
El activista recordó que estas mujeres han padecido cuestiones jurídicas que son realmente descabelladas, debido a que en la mayoría de los casos sus procesos están en la Ciudad de México, el juez en Tamaulipas y su defensor en Morelos, por lo que a través de videollamadas es como se establece el contacto para sus audiencias. “Pero resulta que en estas audiencias, no cuentan con un abogado propio, siempre es uno defensor por oficio y no conocen sus casos a profundidad y los casos se van dejando, se aplazan y se vuelve a sumar más tiempo en prisión preventiva”, dijo.
“El gran tema es que existe una discriminación entre las mujeres del fuero local al federal, ya que ellas que están siendo procesadas por delitos del fuero federal, pero internadas en centros penales estatales, como en el caso de Baja California, pasan cerca de 24 horas privadas de su libertad dentro su celda”.
Aunado a ello, José Luis Gutiérrez dijo que ellas están lejos de sus lugares de origen y por ende no hay nadie quien las visite, no hay visita familiar. “Pero también encontramos en estos cosas que ellas han pedido, con resolución en mano de un juez, ser trasladas a centros penitenciarios más cercanos y el sistema penitenciario no pasan por ellas, la Policía Federal o quien tenga que hacer el traslado en esa entidad a sus lugares de origen, pues no han ido a recogerlas y siguen ahí esperando desde hace años con una resolución, una orden de un juez.
DEFENSA SIN RECURSOS
En la charla con Organización Editorial Mexicana (OEM), José Luis Gutiérrez reveló que, como organización, se han enfrentado a una barrera sumamente importante que no les permite hacer su trabajo: el dinero. Explicó que desde la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador los recursos no han llegado.
“Este tipo de defensas requiere de muchos recursos y de tiempo que lamentablemente AsíLegal no tiene y no tiene porque la política de este gobierno han sido muy complicada, porque no hay programas, como los que anteriormente había del Inmujeres con el que podíamos presentar propuestas de proyectos para dar acompañamiento para las privadas de su libertad o los propios programas que tenía Indesol o para casos que tenía CDI para atender mujeres indígenas”. Deja claro que los recursos que buscan no son para beneficio propio, sino para que “como organizaciones de la sociedad civil podamos ayudarles al gobierno a hacer su trabajo, de ahí que no podemos dejar olvidadas a estas mujeres” y remarca que estos casos están presentes en todo el país, “no solo son 21 mujeres”. Según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019 de la CNDH, existen 914 mujeres recluidas en el centro de readaptación femenil federal 16, pero “en los estados, hay muchas más mujeres”.
