La presencia de mandos castrenses en las secretarías encargadas de la protección ciudadana aumentó con la llegada de Morena y sus partidos aliados a varias gubernaturas
Rivelino Rueda | OEM-Informex
Altos mandos de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) dirigen 14 de las 32 secretarías de seguridad pública en los estados. La cifra es mayor a los 10 que había al cierre de 2022, contabilizados en el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal (CNSPE) que publicó ayer el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).
En 2021, de acuerdo con el Inegi, 23.5 por ciento de las secretarías de seguridad estatales eran dirigidas por militares o marinos, en 2022 aumentaron a 32.3 por ciento, y para este año la cifra es de 43.75 por ciento.
Los estados que actualmente tienen su seguridad bajo mando castrense son Baja California, Baja California Sur, Colima, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Todos gobernados por Morena o aliados.
De los secretarios en funciones, ocho pertenecen a la Secretaría de Marina y seis a la Defensa Nacional.
Bernardo León Olea, experto en temas de seguridad, consideró que estas cifras del INEGI no sólo confirman la militarización de las secretarías de seguridad de los estados, también la centralización de la seguridad pública.
“Hay una confianza ciega en los militares, sobre todo en los gobiernos emanados de Morena, que hacen lo que López Obrador les indique, salvo en los casos de la Ciudad de México, el Estado de México y Campeche”, mencionó León Olea, quien también coordinó la iniciativa de reforma para implementar el Sistema Penal Acusatorio.

“Esto no fue una casualidad. Fue una operación política del gobierno federal para militarizar las secretarías de seguridad pública estatal, con el objeto de que hubiera una comunicación y una subordinación de las secretarías estatales al gobierno federal, en este caso al Ejército, a la Marina y a la Guardia Nacional”, expuso David Sacucedo, también especialista en el tema.
En Sinaloa, desde 2017, la estructura de la Secretaría de Seguridad Pública ha sido ocupada por mandos del Ejército tanto activos como retirados. El actual secretario —nombrado apenas a finales de agosto— es el general de división en retiro Gerardo Mérida Sánchez, licenciado en Administración Militar, fue comandante en la 44 Zona Militar en Miahuatlán, Oaxaca, y en la 21 Zona Militar en Morelia, Michoacán.
Por parte de la Semar figura el titular de Seguridad en Veracruz, el capitán de navío Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, nacido en Oaxaca, por lo que tuvo que recibir la dispensa de ley por parte del Congreso del Estado para asumir el cargo, ya que la Constitución local establece que los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública deben ser veracruzanos .
Zúñiga Bonilla es ingeniero hidrógrafo con una especialidad en meteorología marítima por el Instituto de Oceanografía del Golfo y Mar Caribe. Tiene además preparación como Alto mando Policial por parte de la Policía Federal.
El capitán de navío Luis Alfredo Cancino Vicente, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California Sur, cuenta con una licenciatura en Ingeniería en Ciencias Navales en la Heroica Escuela Naval Militar y tiene formación en fuerzas especiales, paracaidismo, buceo, protección a funcionarios e inteligencia militar.

En Zacatecas, estado que sufre uno de los mayores problemas de seguridad en el país y segundo en asesinatos de policías en lo que va del año, la seguridad la dirige el general de brigada Arturo Medina Mayoral, exdirector del Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea, subjefe de Doctrina de la Guardia Nacional y exdirector de la Academia de la Guardia Nacional en San Luis Potosí.
Tamaulipas, otro de los estados con problemas de violencia por parte de grupos del crimen organizado, tiene al frente de su secretaría al general retirado Sergio Hernando Chávez García, quien fue subsecretario de Seguridad Pública del Estado de México de 2018 a junio de 2022. Durante su primer año de gestión, ha acusado el déficit de policías y patrullas con el que recibió la dependencia.
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