México disolvió unidad conjunta con DEA: Reuters y Milenio; operó 25 años (nota de SinEmbargo)

Imagen ilustrativa. Foto: Mykola Makhlai.

De acuerdo con la agencia Reuters y el diario Milenio, el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador informó formalmente desde abril del año pasado que retiraría su apoyo al programa de la DEA que operó 25 años en México.

SinEmbargo.

Ciudad de México, 20 de abril (SinEmbargo).- El Gobierno de México disolvió la Unidad de Investigaciones Sensibles (SIU, por sus siglas en inglés) de la Policía Federal del país, grupo de élite operacional y de espionaje creado, aprobado y financiado por la Administración para el Control de Drogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con información de funcionarios de ambos países proporcionada a la agencia Reuters y al diario Milenio, el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador informó formalmente desde abril del año pasado que retiraría su apoyo al programa de la DEA que operó 25 años en México.

La agencia de noticias con sede en el Reino Unido, destaca que el grupo era una de las Unidades de Investigación Sensible que operan en unos 15 países y que son consideradas imprescindibles para los agentes estadounidenses que trabajan en el desmantelamiento de redes de contrabando y la captura de los capos de la droga.

Y aunque dichas unidades son entrenadas por la DEA, permanecen bajo el control de los gobiernos nacionales. En México, más de 50 oficiales de esa unidad policial fueron considerados entre los mejores del país y trabajaron en los casos más importantes, como la captura en 2016 de Joaquín “El Chapo” Guzmán, entonces el jefe del Cártel de Sinaloa.

Reuters no pudo averiguar por qué el Gobierno de México no lo anunció públicamente en su momento. “La estrangularon”, afirmó el agente, refiriéndose a la unidad. “Hace añicos los puentes que tardamos décadas en armar”.

Según información de Reuters, el cierre podría resultar costoso en las calles de Estados Unidos, donde las autoridades luchan por reducir un aumento en las sobredosis que el año pasado provocaron más de 100 mil muertes, en su mayoría vinculadas a una nueva ola de drogas sintéticas producidas por cárteles mexicanos, como el fentanilo.

Imagen del 2009 donde se muestra un cargamento de droga, el cual fue asegurado por agentes federales. Foto: DEA vía Cuartoscuro.

La SIU inició operaciones en 1987 en países como México, Colombia, Brasil, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Perú, República Dominicana, Pakistán, Tailandia y Uzbekistán. Y en 1997, bajo el Gobierno de Ernesto Zedillo, operó de manera ininterrumpida en los siguientes sexenios de Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Las relaciones entre México y Estados Unidos se tensaron a raíz de maniobras llevadas a cabo por esta agencia durante el Gobierno de Donald Trump, cuando la Administración para el Control de Drogas participó en la detención del General Salvador Cienfuegos, extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en Estados Unidos, el 15 de 2020, por presuntos nexos con el narcotráfico y lavado de dinero.

La forma en que Estados Unidos llevó a cabo la investigación generó desconfianza. El Presidente López Obrador incluso llegó a afirmar en enero de 2021 que la investigación en contra del extitular de la Sedena había sido “fabricada” por agentes de la DEA y utilizada con “fines electorales”. Por tal motivo, buscó acotar el margen de maniobra de los agentes extranjeros.

Ejército mexicano asegura más de 680 kilogramos de droga sintética y 61 mil pastillas de posible fentanilo en Sonora y Baja California. Foto: Sedena vía Cuartoscuro.

Un mes antes, en diciembre de 2020, el Congreso mexicano aprobó una reforma para fortalecer la regulación sobre la operación y presencia de agentes extranjeros en territorio nacional. La reforma obliga a los agentes de otros países a compartir su información con las autoridades mexicanas, les prohíbe arrestar a personas, les exige una autorización para llevar armas, establece que no tienen inmunidad judicial y amenaza con la expulsión de las agencias si quebrantan la ley.

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