Manotazo Presidencial: Autoridad, Soberanía, Unidad y Legalidad. Autor: José Reyes Doria
José Reyes Doria | @jos_redo
La intentona de Rubén Rocha Moya de retomar el gobierno de Sinaloa demostró que la estrategia de contención de la presidenta Claudia Sheinbaum, ante este problema y otros similares, dejó de ser funcional. Desde que el Departamento de Justicia de EEUU solicitó la detención y extradición de Rocha, el senador Inzunza y ocho personas más, la presidenta Claudia Sheinbaum ha desplegado una estrategia que busca conciliar valores como soberanía, unidad de su movimiento, legalidad y la reafirmación de su propia autoridad y liderazgo.
La presión de EEUU impuso al gobierno de Sheinbaum esta desgastante actuación, que consiste en evitar un injerencismo depredador de los gringos, pero a la vez evitar acciones judiciales que deriven en la extradición de Rocha, porque ello causaría una fractura de consecuencias incalculables en el régimen de la llamada Cuarta Transformación. Esta estrategia ha generado un costo importante en materia de imagen y reputación del gobierno de Sheinbaum.
Existe la percepción de que el gobierno protege a Rocha Moya. Los adversarios han machacado con la idea-fuerza de que la Presidenta encabeza un gobierno que defiende complicidades con el crimen organizado. Es un violento debate, donde adversarios de la 4T recalcan que ésta defiende a ultranza a personajes con serios indicios de tener ligas con los carteles. Rocha Moya es el ejemplo más punzante que genera verosimilitud a estas acusaciones corrosivas, al grado que en el seno del régimen resienten daños en la imagen reputacional de la 4T. Se trata del único eje temático en el que el régimen empieza a perder el control de la narrativa.
El gobierno de Sheinbaum paga este costo político elevado, para evitar una fractura telúrica que pudiera significar el principio del fin de la Cuarta Transformación. Porque la eventual extradición de Rocha Moya, implicaría en sí mismo un golpe demoledor en la legitimidad del gobierno morenista, pues daría razón a las acusaciones de complicidades con el crimen organizado.
Pero el efecto más temible es que un sector de la clase política de la 4T, identificado como los “duros” o los “puros” encabezados por AMLO, rechazarían categóricamente esa extradición. Incluso se opondrían férreamente a que se enjuiciara y encarcelara a Rocha en México.
Los Estados Unidos, de forma implacable, estrechan frecuentemente el cerco contra el gobierno mexicano con avisos de que vienen más peticiones de extradición contra los gobernadores de Sonora, Baja California, Tamaulipas o Michoacán; contra personajes de altísimo nivel como el titular de la SEP o, en el extremo de la pesadilla, contras Andrés Manuel López Beltrán, el segundo hijo de AMLO. De llevarse a cabo la acción punitiva reclamada por los gringos, las reacciones de poderosas facciones del régimen serían de alcances imprevisibles, al grado de poner en riesgo la estabilidad y la gobernabilidad.
Por ello, la Presidenta ha colocado la preservación de la unidad de la clase política oficialista como un valor irreductible. Una de las piezas retóricas más utilizadas por Claudia Sheinbaum ha sido la defensa de la soberanía, porque, afirma, los EEUU no buscan hacer justicia, sino intervenir de forma inaceptable en la política mexicana. Si se les entrega uno, como Rocha, vendrán por más y más, hasta controlar los centros neurálgicos del régimen, afirma la Presidenta. La soberanía nacional es el valor supremo a proteger, ante las graves acusaciones judiciales de los gringos.
Es entendible la postura soberanista de la Presidenta. Sin embargo, ha llegado el momento de perfilar acciones adicionales firmes, tanto en lo discursivo como en la praxis, porque la defensa de la soberanía se ha convertido en un paraguas que cubre a algunos personajes oficialistas impresentables e indefendibles. El propio Rocha es un ejemplo de ello.
Por tanto, es necesario reivindicar el valor de la legalidad, que en la 4T ha sido relegado o supeditado a la justicia social. Sin entrar a fondo en ese debate, aquí lo importante es la cuestión de la ausencia de legalidad, es decir, el indeseable fenómeno de la impunidad. El episodio de Rocha obliga a considerar acciones judiciales o administrativas tendientes a combatir la impunidad, un cáncer que hundió a los gobiernos del PRIAN y que agravia de forma profunda a la sociedad.
La Presidenta ganaría mucho con un mensaje potente contra la impunidad. Es pertinente intensificar el mensaje de condena a los abusos de autoridad, la corrupción, el cinismo o delitos graves. Por ejemplo, los señalamientos de que la gobernadora de Quintana Roo realizó más de 90 vuelos internacionales en jets privados. Es realmente escandaloso. En lugar de decir que la gobernadora “ya explicó”, la Presidenta aportaría valor significativo si desaprobara enérgicamente esas demostraciones de despilfarro e insensibilidad que ofenden al pueblo.
Desde la formidable plataforma comunicativa de la mañanera, exigir que quienes gobiernan se apeguen a los principios de austeridad y honestidad. Ante indicios tan escandalosos como los de Quintana Roo, solicitar que se investigue si se cometió peculado, fraude, desvío de recursos. Ni este caso, ni el de Rocha, son asuntos “personales” que se subsanan con una explicación: son conductas inaceptables en un régimen que proclama la honestidad como valor fundacional.
A su vez, son inaplazables las acciones judiciales, administrativas, fiscalizadoras o políticas encaminadas a castigar a los que cometan delitos graves y oprobiosos, a los que abusen del poder y sobrepasen límites. El caso Rocha Moya no puede quedar nomás en haberlo orillado a solicitar una segunda licencia: las acciones judiciales en su contra son un clamor social y una exigencia formal del exterior.
La intentona de rebelión de Rocha, desató la discusión sobre si actuó solo o fue apoyado o inducido por un poder más grande, que desafiaría a la Presidenta. Hay versiones encontradas. En todo caso, el revuelo favorece un reposicionamiento incuestionable del poder y el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Con el inminente arranque del proceso electoral 2027, se termina para efectos prácticos la primera mitad del sexenio. Es el momento adecuado para que la Presidenta sacuda las resistencias sustanciales a su mandato.
Es fácil sugerir acciones a la Presidenta, como sacar de su gabinete a los desleales, etcétera. Pero la realidad política es muy compleja. La soberanía se debe defender siempre, y más ante un depredador como Trump; pero no se deben abrir rendijas a una intervención salvaje por no atender, en la medida de lo posible, las solicitudes de extradición. Porque, ni modo, son un imperio y México no tiene margen de maniobra para ignorar todo el tiempo sus solicitudes formales como la extradición de Rocha. Puede ser bajo la forma de no extraditarlo, pero sí enjuiciarlo aquí.
La unidad del régimen es indispensable, pero no a costa de lo que sea. El episodio de Rocha mostró que los poderes legítimos y fácticos, en una situación extrema de disputa por la supremacía, tienden a alinearse con el poder constitucional encarnado en la Presidencia de la República.
Es la racionalidad de Estado, que implica someter a los grupos de poder, por potentes que sean.
Maquiavelo pondría sobre la mesa dos expresiones de realismo político: “es más seguro que te teman a que te amen (pero que no te odien)”; y “no perdonar (políticamente) al adversario, sino neutralizarlo totalmente”. Veremos qué pasa en el corto y mediano plazos.
Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan necesariamente la postura editorial de julioastillero.com.
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