José Reyes Doria
En la ceremonia por el 106 aniversario de la Constitución, el presidente López Obrador retó a investigadores a encontrar al menos una reforma constitucional a favor del pueblo durante el período neoliberal, que abarca de 1982 a 2018. Todas las reformas neoliberales, dijo, se hicieron para beneficiar a la oligarquía (Tal vez sería más preciso denominar “período del PRIANISTA neoliberal” al lapso 1982-2018, porque en el actual sexenio siguen vigentes, en lo esencial, los marcos jurídicos, institucionales y políticos del neoliberalismo).
Por el contrario, en el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, el Presidente está convencido que las reformas a la Carta Magna se han pensado en beneficio del pueblo. De 2018 a la fecha, se han realizado 19 reformas constitucionales, todas con el visto bueno de AMLO. Podríamos clasificar esas reformas de la siguiente manera: ocho de relevancia alta, cuatro de relevancia media, y siete de relevancia baja.
Las reformas de relevancia baja tienen que ver con temas de movilidad, juventud, Poder Judicial, nacionalidad, los nombres de Michoacán y Veracruz, y seguridad privada. Son reformas meramente declarativas o de organización o precisión, por lo tanto, no tiene caso detenerse en ellas. En cuanto a las reformas de relevancia media, son relativas a extinción de dominio, reconocimiento de la población afromexicana, fuero, y eliminación de partidas secretas; dado que no implican cambios significativos, y por cuestiones de espacio, no abundaremos en ellas.
Las reformas constitucionales de relevancia alta de AMLO, son las que ameritan ser revisadas a la luz del criterio que el propio Presidente ha planteado: son o no son a favor del pueblo. Establezcamos que, a partir del pensamiento de AMLO, una reforma constitucional está a favor del pueblo cuando, a groso modo: busca beneficiar de forma directa y explícita a las personas y familias empobrecidas, desprotegidas, marginadas y largamente excluidas; que establezcan obligaciones del Estado para brindar apoyos y promover el bienestar y el ejercicio de derechos sociales como el de acceso a la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, etcétera.
A partir de esto, veamos si las reformas constitucionales relevantes de la llamada Cuarta Transformación benefician directamente al pueblo. La reforma en materia de derecho universal a los servicios de salud y apoyos a adultos mayores, estudiantes, jóvenes y personas con discapacidad, definitivamente sí beneficia al pueblo; brinda la protección del Estado, a través de programas de transferencia directa de dinero, a personas desfavorecidas. Cabría cuestionar si esos apoyos monetarios están diseñados para lograr que esas personas y sus familias salgan algún día de la pobreza: a primera vista, los programas no cuentan con objetivos de mediano y largo plazo en ese sentido, pero sin lugar a dudas esta reforma al artículo 4º constitucional beneficia netamente al pueblo. Aunque el mandato en materia de acceso universal a los servicios de salud está lejos de hacerse realidad a estas alturas del sexenio.
La reforma educativa es otra de las de alta relevancia, aunque no podría afirmarse categóricamente que beneficia absolutamente al pueblo. Por un lado, declara como obligatoria y gratuita la educación inicial para niños de 0 a 3 años de edad, lo cual contribuye significativamente a combatir las desigualdades en el arranque de la vida, pero a la fecha la cobertura alcanza solo para el 2% de los niños de esa edad; y de alguna forma esta disposición, junto con otras de la reforma educativa, justificó la desaparición de las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo, lo cual golpeó seriamente a familias y madres trabajadoras pobres, que encontraban en esos programas un apoyo determinante para luchar por salir de la marginación a través del trabajo. La reforma educativa también establece como obligatoria y gratuita la educación superior, pero, al igual que la educación inicial, hasta ahora es una reforma meramente declarativa, ya que no se ha respaldado con asignaciones presupuestales para hacerlo realidad. En lo esencial, los otros temas de la reforma educativa son básicamente declarativos, por lo cual no entrañan un beneficio directo y explícito para el pueblo.
Otra reforma relevante es la de obligar a la paridad entre géneros en los ámbitos del Estado. Si bien el mandato ya existía desde la administración de Enrique Peña Nieto, la reforma de AMLO lo amplía a todos los espacios públicos. Aunque es una reforma igualitaria, no beneficia de forma directa al pueblo en el sentido que le importa a López Obrador; de hecho, el Presidente ha dado muestras fehacientes de que la agenda de género y el feminismo no son importantes para él. La prohibición de la condonación de impuestos es otra reforma relevante, pero no se estableció una ruta clara que obligue a que los impuestos recuperados beneficien al pueblo, por lo tanto, pueden ser utilizados para las mega obras, para el sector militar o para lo que disponga el gobierno.
Como una reforma constitucional relevante de AMLO, debemos señalar la relativa a la revocación de mandato. Esta reforma, indudablemente, establece un derecho político adicional al pueblo, pues le otorga la potestad de revocar el mandato del Presidente, o bien brindarle su respaldo. Sin embargo, esta reforma no puede clasificarse como una acción a favor del pueblo en los términos que ha ponderado López Obrador, pues no aporta beneficios sociales tangibles.
Restan dos reformas constitucionales de López Obrador que, lejos de beneficiar al pueblo, realmente arrojan una sombra amenazante sobre la población. Una de ellas es la reforma por la que se crea la Guardia Nacional bajo el mando militar, subordinada a la SEDENA, y se establece el espacio de tiempo hasta 2028 para que las fuerzas armadas sigan apoyando abiertamente en funciones de seguridad pública. Esta reforma es la que ha dado pie, con justa razón, a afirmar que AMLO está militarizando al país, o al menos a la seguridad pública. Esta reforma, en definitiva, no beneficia al pueblo, al contrario: genera preocupación genuina, porque las fuerzas armadas (ni aunque se disfracen de Guardia Nacional) no están diseñadas para tareas institucionales de seguridad pública, y suelen incurrir en excesos y violencia que aplastan los derechos humanos.
La militarización, impide la formación de cuerpos policíacos civiles, profesionales y cercanos a la realidad comunitaria de las personas, lo cual garantizaría mejor la relación pueblo-cuerpos de seguridad. Con una Guardia Nacional bajo mando militar y con las fuerzas armadas actuando masivamente en tareas que no le corresponden, el pueblo, sobre todo cuando decida movilizarse en defensa de sus derechos, está inhibido y constreñido.
La otra reforma constitucional cuestionable, es la que amplía el número de delitos que ameritan prisión preventiva sin derecho a fianza. Es una reforma netamente punitiva, que olvida las políticas de prevención y tendrá el efecto de saturar las cárceles. En el marco de ineficacia y corrupción en el sistema judicial y de procuración de justicia, esta reforma es una clara amenaza a los derechos humanos de muchas personas inocentes o pobres que tengan la desgracia de ser acusados de un delito grave. En efecto, el 95 por ciento de los presos en las cárceles de México son pobres, son pueblo raso, de abajo, que, o no tuvieron recursos para un buen abogado, o delinquieron por hambre, o de plano son inocentes. Esta reforma, también está lejísimos de beneficiar al pueblo.
De hecho las reformas en materia de militarización de la seguridad pública, y ampliación de los delitos que ameritan prisión sin derecho a fianza, son de talante más bien autoritario, más propias de la derecha neoliberal represora, y se ubican en las antípodas de las aspiraciones reivindicatorias del pueblo.
Finalmente, habría que comentar al menos dos reformas constitucionales que, a la fecha, no ha impulsado el presidente López Obrador, y que cabría esperar dado su discurso antineoliberal popular nacionalista. Una, la reforma para volver a declarar el petróleo como propiedad exclusiva de la nación, sin intervención del capital privado que se apropia de la renta petrolera, echar abajo la privatización del petróleo que impulsó Peña Nieto, pues.
La otra, sería una reforma constitucional para establecer un impuesto específico a la riqueza de las grandes fortunas y las familias indignantemente adineradas de México; que ese impuesto se destine a cubrir la seguridad social y los derechos sociales de las familias más desfavorecidas. Así lo han hecho los gobiernos de izquierda en Chile, Brasil, Argentina, Uruguay. Cuando menos que lo intente aquí AMLO, no importa si no pasa la iniciativa, pero que quede constancia que realmente propuso reformas para una genuina redistribución de la riqueza.
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