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Opinión

La vivienda popular frente a los intereses de las derechas. Autor: Felipe León López

noviembre 11, 2026
La vivienda popular frente a los intereses de las derechas. Autor: Felipe León López

Autor: Felipe León López

Hay escenas que ponen los pelos de punta. No por miedo, sino por lo que revelan. En Parque de San Andrés, Coyoacán, la caída de un árbol durante la madrugada sirvió de pretexto para que algunos vecinos arremetieran contra un proyecto de vivienda popular en la calle Inglaterra 70. Entre algunos colonos afloraron expresiones cargadas de clasismo y prejuicios: «van a iztapalizar nuestra colonia», «nos van a invadir de gente pobre», «nos quitarán el agua». A ellas se sumaron advertencias sobre una supuesta depreciación de las viviendas, con las que se buscaba alarmar a los demás vecinos.

Ningún argumento logró contener esas expresiones, que desembocaron en el bloqueo de una vía principal, pese a que varios beneficiarios demostraron, con credencial en mano, que eran vecinos de la colonia y que tenían derecho a seguir viviendo en la demarcación.

Esos gritos recuerdan las expresiones de racismo y clasismo que también se han escuchado en ciudades de España contra la vivienda social y los programas de alquiler social. En ese debate, Cayetana Álvarez de Toledo, figura destacada del derechista Partido Popular, ha criticado la política del gobierno socialista, al afirmar que buscaba “hundir el alquiler, premiar la ocupación, criminalizar al casero, arruinar a la clase media y condenar a los jóvenes a no emanciparse”. Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en defensa del mercado especulativo del suelo y la vivienda, afirmó que “cada uno tiene las propiedades que se ha ganado” y que “cada uno tiene derecho a poner su vivienda al precio que le convenga”.

Son posiciones que surgen en circunstancias distintas, pero coinciden en colocar la propiedad y la lógica del mercado en el centro del debate. Lo preocupante es que el rechazo a la vivienda social, alimentado por prejuicios y desinformación, también se ha extendido a algunas alcaldías del poniente de la Ciudad de México. Se argumenta que las nuevas construcciones serán precarias, reducirán el valor de las propiedades existentes o alterarán la composición socioeconómica de los barrios. Lo que se discute, entonces, no es únicamente la viabilidad de un proyecto, sino la posibilidad misma de compartir la ciudad con personas de menores ingresos.

Conviene desmontar una falsedad de origen: la vivienda social no es sinónimo de precariedad. En la gran mayoría de estos proyectos se contemplan calentadores solares, captación de agua de lluvia y al menos un 30 por ciento de áreas verdes. Su calidad debe evaluarse con criterios técnicos, no con prejuicios de clase.

El problema habitacional, mientras tanto, se agrava. Vivir en la capital cuesta cada vez más y el crédito bancario resulta inaccesible para amplios sectores populares. En las alcaldías centrales se anuncian rentas que van de diez mil a noventa y dos mil pesos. Para numerosos jóvenes, reunir los recursos necesarios para comprar una vivienda supone años de trabajo y ahorro; para muchas personas mayores, conservar o conseguir un hogar será una necesidad cada vez más urgente. Familias enteras se desplazan hacia la periferia y pagan esa expulsión con dinero, tiempo y desgaste cotidiano. En los casos más extremos, los traslados al trabajo o a la escuela pueden consumir hasta seis horas al día.

¿Por qué, frente a esta realidad, hay quienes combaten la integración social y toleran un modelo urbano que expulsa a sus habitantes por razones económicas? La pregunta de fondo es inevitable: ¿la Ciudad de México seguirá siendo un lugar para vivir o terminará convertida en un privilegio reservado a quienes pueden pagar sus precios?

Ante esta deuda social, el gobierno de Clara Brugada creó la Secretaría de Vivienda, encabezada por Inti Muñoz Santini, y anunció el compromiso de realizar más de doscientas mil acciones de vivienda. La magnitud de esa meta exige pleno respaldo institucional tanto de la Federación como de la Jefatura de Gobierno, recursos públicos suficientes y continuos, capacidad de ejecución, vigilancia pública y transparencia. No bastan los anuncios cuando está en juego el derecho a un hogar.

Por su ambición y alcance, el programa busca transformar el acceso a un hogar. Además de la construcción de vivienda, incluye otras nueve acciones, entre ellas el programa de renta social, el mejoramiento de unidades habitacionales, la atención al rezago de vivienda dañada por los sismos, el arraigo comunitario y la mesa contra los despojos. A ello se suman la actualización del Programa General de Gobierno (PGD) y el primer Plan de Ordenamiento de la Zona Metropolitana (POZMVM), que implica la coordinación con la Federación y los estados de México, Morelos e Hidalgo.

Sin embargo, ha surgido una campaña cuyo blanco no es la injusticia habitacional. Quienes la impulsan tampoco protestan contra los abusos y las corruptelas de las inmobiliarias, las altas tasas de interés bancarias, la expulsión de habitantes por razones económicas o la proliferación de plazas comerciales, cuyo consumo de agua es mayor que el de cualquier edificio familiar. La campaña apunta, en cambio, contra dos instrumentos de planeación urbana: el PGD y el POZMVM. Con discursos similares a los de Cayetana Álvarez de Toledo y Díaz Ayuso, esas derechas difunden advertencias sobre un supuesto «predialazo» y afirmaciones como esta: «El gobierno te obligará a venderle o te va a quitarte tu terreno si está en desuso o subutilizado». También sostienen que, mediante un Consejo de Desarrollo Metropolitano, este tipo de planeación —presente en varias zonas metropolitanas del mundo— se replicará en todo el país, porque así «son los comunistas».

La desinformación encuentra terreno fértil cuando se mezcla con inquietudes genuinas que los responsables no atienden con claridad y firmeza.

Lo hemos denunciado: las derechas siembran una política del miedo a la integración de todas las clases sociales en la CDMX y utilizan las redes sociales para generar confusión y desinformación. En esa campaña confluyen voces con motivos distintos: desde quienes hablan en nombre de los pueblos originarios y rechazan la llegada de población de otros lugares hasta quienes defienden intereses inmobiliarios. Nada más excluyente que una ciudadanía que se niega a reconocer el derecho de otros a habitar la ciudad.

Pero no todas las objeciones deben meterse en el mismo saco. Las preocupaciones por el territorio y los servicios merecen ser escuchadas. Las autoridades de los tres niveles de gobierno tienen la obligación de explicar los proyectos a la población, construir consensos sociales y evitar confrontaciones por motivos de clase o intereses particulares.

El rechazo clasista a la vivienda popular, en cambio, merece ser cuestionado y aislado: ese sí es inadmisible. Distinguir entre las preocupaciones legítimas y los prejuicios de clase es indispensable para un debate serio.

Por ahora, los gobiernos de la CDMX y de la ZMVM, junto con los funcionarios responsables de la política de vivienda social, deben ser los principales defensores de los programas de desarrollo urbano. Les corresponde construir consensos para evitar sabotajes y resistencias al derecho de cualquier mexicano a una vivienda. Quienes tienen la responsabilidad de garantizar los servicios públicos deben dar la cara, explicar a los vecinos cada proyecto y destacar la importancia de la integración comunitaria.

Eso no significa dar un cheque en blanco a ningún gobierno. Una política de vivienda debe explicar sus criterios, transparentar sus decisiones y abrir espacios reales de participación. ¿A quién beneficiarán las acciones anunciadas? ¿Cómo se garantizará el acceso a los servicios? ¿Cómo se escuchará y atenderá a las comunidades? Estas preguntas fortalecen la exigencia de vivienda digna. No la debilitan.

Como hemos señalado en colaboraciones anteriores, hoy están en disputa dos modelos de ciudad: uno organizado alrededor del derecho a habitarla y otro centrado en la rentabilidad del suelo. Ante esta disputa, la población que demanda vivienda, los académicos y urbanistas progresistas y de izquierda, así como el movimiento urbano popular, deberían encabezar una gran cruzada en defensa de la vivienda popular y social, antes de que las derechas logren su cometido con tal de ganarse el voto de las clases medias y altas.

Defender la vivienda popular es rechazar que el ingreso determine quién puede permanecer en un barrio o una colonia. El código postal no debe convertirse en una frontera de clase. Quienes sostienen la vida cotidiana de esta ciudad también deben poder construir aquí su futuro.

Contacto: feleon_2000@yahoo.com

Felipe León López
Felipe León López

Analista político, egresado de la FCPyS UNAM, con especialidad en estudios prospectivos. Es coautor de El Video poder en México (1995), Una Historia hecha de Sonidos (2004), Historia y Remembranzas de Radio Educación (2008) y Días de Radio (2017). Ha sido colaborador de portales, diarios y revistas de cultura, política y educación. Contacto feleon_2000@yahoo.com X: @FelipeLeonLopez

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Felipe León López
Felipe León López

Analista político, egresado de la FCPyS UNAM, con especialidad en estudios prospectivos. Es coautor de El Video poder en México (1995), Una Historia hecha de Sonidos (2004), Historia y Remembranzas de Radio Educación (2008) y Días de Radio (2017). Ha sido colaborador de portales, diarios y revistas de cultura, política y educación. Contacto feleon_2000@yahoo.com X: @FelipeLeonLopez

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan necesariamente la postura editorial de julioastillero.com.