Corrupción y Sistema: ni el INE se salva. Autor:José Reyes Doria
Autor: José Reyes Doria | @jos_redo
La trama de corrupción de Guadalupe Taddei en el INE alcanzó niveles alucinantes de abuso, agravio, imprudencia y conciencia de impunidad garantizada. El modus operandi fue tan grotesco y tan soberbio, que no les importó dejar innumerables huellas del tamaño de un edificio. Si algo bueno trae consigo el caso Taddei, es que ya no se puede seguir aplazando el combate auténtico contra la corrupción.
En 2018, la gente votó contra la corrupción escandalosa del gobierno de Enrique Peña Nieto, y dio su voto de confianza AMLO, para que realmente combatiera ese cáncer ancestral. Sin embargo, es evidente que en el gobierno de López Obrador no se realizaron acciones significativas, sistémicas, institucionales y efectivas para prevenir y combatir la corrupción. El expresidente apostó a que su ejemplo y su discurso serían suficiente antídoto para combatir y acabar con ese mal.
Los mensajes que emitió AMLO al respecto, fueron contradictorios. Recordemos el caso de Segalmex, donde se detectó un desfalco por alrededor de 15 mil millones de pesos. El expresidente exoneró al director de ese organismo, y lo cubrió con el manto protector de un cargo público adscrito a la Secretaría de Gobernación. El mensaje era tremendo: las prácticas de corrupción tan graves como las de Segalmex, difícilmente traerán consecuencias para sus perpetradores.
La presidenta Claudia Sheinbaum entendió que la corrupción seguía siendo un agravio social inaceptable. Desde su campaña electoral, planteó crear una agencia anticorrupción y otras reformas que hasta ahora no se han concretado, aunque se sabe que próximamente presentará un plan al respecto. El caso Taddei puede ser el detonante para impulsar una política integral anticorrupción.
Es una tarea titánica. La operación de saqueo del INE encabezadas por Taddei y su proveedor favorito, muestran que la corrupción es un fenómeno sistémico que, en múltiples momentos se fusiona y se confunde con el sistema político. Ni el INE, que es un órgano autónomo se salva. Es cierto que le dieron poderes a la consejera presidenta para nombrar discrecionalmente a los altos funcionarios, y con base en ello realizó toda la maquinaria extractiva de los recursos públicos. Pero otras áreas estratégicas, como la Contraloría interna, no tenía ella el poder de poner al titular, sino la Cámara de Diputados.
La red de intereses y actores que colonizó el INE tienen una influencia determinante no solo en el giro comercial que dominan, sino que cuenta con aliados y cómplices incrustados en ámbitos legislativos, de gobiernos locales, del gobierno federal, en el ámbito judicial, en los partidos políticos, en el sistema financiero. Así se han fortalecido las redes de corrupción para saquear una entidad pública, han desarrollado capacidades para someter o hacer cómplices a servidores públicos de altísimo nivel, como la mismísima presidenta del INE. Para arrastrar o condicionar también a funcionarios como los contralores internos.
El escándalo Taddei y la existencia endémica de poderosas redes de corrupción, permite suponer que no solo en el INE ocurre ese fenómeno. Es probable que actualmente estén operando en múltiples dependencias públicas federales, locales y autónomas. Es igualmente posible que muchas de esas dinámicas de corrupción estén ligadas entre sí, para asegurar mayores niveles de intocabilidad e impunidad. Porque la corrupción a gran escala, que es la que más daña a la Hacienda Pública y a la sociedad, es sistémica.
Por eso, la política anticorrupción que exige la sociedad mexicana tiene que ser sistémica también. En el sexenio de Peña Nieto se creó el Sistema Nacional Anticorrupción, pero desde su diseño fue inoperante.
Actualmente, el Estado y la sociedad mexicanos cuentan con importantes líneas de defensa, como la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encargada de fiscalizar la gestión pública en la administración pública federal, aunque siempre persistirá la perspicacia de que es juez y parte.
Tenemos también la Auditoría Superior de la Federación, que se encarga de fiscalizar a todos los entes públicos que ejercen recursos públicos federales, incluyendo estados, municipios, órganos autónomos y particulares. Sin embargo, estructuralmente la ASF necesita más atribuciones y dientes, para que sus auditorías realmente inhiban las prácticas de corrupción a gran escala
hay una Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, de la FGR, que investiga los delitos de corrupción (recordemos que la corrupción se decretó como delito grave en el artículo 19 constitucional durante el gobierno de AMLO). Está el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que tiene la función de imponer las sanciones a los servidores públicos corruptos que cometen faltas graves. Sin embargo, al extinguirse el INAI, el sistema de fiscalización ya no cuenta con un sistema de transparencia y acceso a la información pública autónomo o independiente, sino que esa función la cumplen instancias dentro de cada dependencia pública.
Reiteramos, con todo y que los organismos antes mencionados cumplen una función importante en el combate a la corrupción, hace falta un diseño realmente sistémico, con fuerza legal e institucional suficiente, para que las prácticas corruptas a gran escala sean cada vez más difíciles de diseñar y ejecutar, y para que los perpetradores sientan que existen posibilidades reales de ser procesados y encarcelados, aunque tengan padrinos políticos poderosos.
Y aquí es donde se hace absolutamente indispensable que los gobiernos, hoy le toca all encabezado por la presidenta Sheinbaum, apuesten capital político para castigar ejemplarmente algunos de los casos de corrupción más escandalosos, abusivos y agraviantes de la actualidad. Es decir, hace falta que en las altas esferas del gobierno digan y decidan “ir por unos de los nuestros.”
Suele suceder que, para llegar al poder y consolidarse, los partidos o los movimientos descabecen a uno o varios “de los de ellos, los antiguos gobernantes”. Pero, para ganar legitimidad, estabilidad y credibilidad, llega el momento en que se hace indispensable castigar a “uno de los nuestros.”
En este caso, la baraja que tendría la Presidenta para castigar la corrupción de uno de la casa, es nutrida. Ya no basta con castigar a “uno de los de antes.” El mensaje poderoso y aglutinador sería demostrar que la corrupción más agraviante que cometan los actuales gobernantes, del oficialismo, se castiga en tiempo real sin importar su rango, nombre, peso o pedigrí dentro del régimen. Se obtendría el efecto que se necesita: mensaje de cero impunidad, advertencia a los corruptos faraónicos, y control estratégico de la gestión pública.
Porque la corrupción hecha sistema es como la Hidra: si no se combate el corazón, por cada cabeza que se corte surgirán más y más. Pero si no se corta ninguna cabeza, las cosas empeoran aceleradamente, pues las que se multiplican son las Hidras.
La corrupción se impregnó desde siempre en la concepción de lo público en México. Desde el famoso “obedézcase, pero no se cumpla” que fomentaba la simulación corrupta en las colonias americanas de España, hasta el “cañonazo de cincuenta mil pesos” de Obregón, como antecedentes de las visiones más contemporáneas de la relación entre lo público y lo privado.
Frases que reflejan pensamientos, pensamientos que incuban convicciones desleales, como éstas: “la moral es un árbol que da moras”; “hay que tener poder para poder tener”; “vivir fuera del presupuesto es vivir en el error”; “un político pobre es un pobre político”; entre muchas otras. Se trata de verdaderos preceptos de una especie de anti Evangelio, que siguen permeando la concepción de lo público en gran parte de los servidores públicos y de la ciudadanía.
Esas visiones siguen gozando de importantes niveles de tolerancia y permisividad en la clase política y gobernante.
En ningún país del mundo existe la cero corrupción. Pero en ningún país debe existir un clima de impunidad y permisividad absolutas para las prácticas corruptas, porque la degradación que ello conlleva es bestial. México está en algún punto entre ambos extremos.
La Presidenta Sheinbaum encabeza un régimen que cuenta un poder abrumador, un respaldo popular enorme, por lo mismo, puede dar un paso histórico en el combate a la corrupción. No solo es cuestión de voluntad política, pero la voluntad política ayuda mucho a implantar una política de Estado como la que necesita México contra la corrupción.
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