La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el brazo ejecutor del neo colonialismo neoliberal asistencialista en México. Autor: Iván Uranga

“Cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho”.
-Simón Bolívar.

Durante lo que va del nuevo año la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dejado muy en claro su rol en la implementación de la políticas públicas dictadas desde Palacio Nacional para cumplir con la agenda de este nuevo neoliberalismo asistencialista llamado “Cuarta Transformación”.

Cuando al principio de la presente administración, entre la euforia del cambio de gobierno se escucharon miles de voces pidiendo la destitución de todos los integrantes de la SCJN, López Obrador intervino para tranquilizarlos y crear la sensación de que la SCJN dejaría de ser el órgano corrupto por excelencia, para convertirse en el redentor junto con AMLO del pueblo subyugado por los anteriores gobiernos neoliberales. Está situación fue aprovechada por el ejecutivo para contar con un Sistema Judicial a modo, para lograr cumplir con sus compromisos a cambio de su manto protector del pueblo sobre los jueces.

Lo anterior lo confirma su votación unánime el 13 de enero, para ratificar la Ley Minera, que violenta los últimos derechos que protegían a las comunidades y pueblos indígenas de ser despojados de su territorio.

Antes del virreinato español, según podemos observar en las Leyes de Nezahualcóyotl, la ley cuarta establecía que si alguna persona tomaba una tierra que no le pertenecía aunque esa persona fuera de los “principales” (gobernantes), se le ahorcaría por ello. La intención de las guerras era conseguir tributo de los vencidos pero no sus tierras. Con la invasión despiadada de los europeos llegó el despojo, por la simple razón que no consideraba a los “indios” sujetos de derecho. Al principio todo fue saqueo y muerte y fue hasta 1680 con la promulgación de las Leyes de Indias, que regularon su barbarie. Estas leyes constan de 9 libros; el libro 1 habla de la conquista religiosa y cultural, a través de la “iglesia, la enseñanza y (su) cultura”, el 2 de las competencias del Consejo de Indias, el 3 de la atribuciones del virrey, los gobernantes y los militares y el 4 sobre la conquista territorial, reparto de tierras y minería. Ahí describen a detalle lo que necesitaba cualquier soldado español para poseer nuevas tierras; si en su tierra de 4 leguas por 4 leguas poseía mínimo 10 indios, 10 vacas, 4 bueyes, 2 novillos, una puerca, 6 gallinas y un gallo podía ser considerado como dueño. Así fue como se comenzó a administrar el despojo.

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Con la revolución por la independencia de la corona española, llegó la primer constitución a la que llamaron “Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana” conocida como la Constitución de Apatzingán, porque fue sancionada el 22 de octubre de 1814, por el Congreso de Chilpancingo reunido en la ciudad de Apatzingán. Una interesante propuesta de este nuevo gobierno era que El Gobierno Supremo, (Poder Ejecutivo), se componía de 3 personas que tenían igualdad de autoridad y responsabilidades; el gobierno se ejercería en una alternancia de cada cuatro meses. Su autoridad más directa, además de la naturaleza ejecutiva y administrativa, era garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos: la libertad, la propiedad, la igualdad y la seguridad. El Supremo Gobierno sería ejercido por “Los Tres Marías” José María Cos, José María Liceaga y José María Morelos. Esta constitución quedó en el olvido con la muerte de Morelos un año después y fue hasta 3 años después de la consumación de la independencia que en 1824 se logró promulgar la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, con Guadalupe Victoria como primer presidente.

Era una constitución fundacional por lo que sus 162 artículos, sólo abordan las formas de organización política, así que sin más la supuesta independencia se entrega al Vaticano comenzando:

“En el nombre de Dios Todopoderoso, autor y supremo legislador de la sociedad: El Congreso General constituyente de la nación mexicana, en desempeño de los deberes que le han impuesto sus comitentes para fijar su independencia política, establecer y afirmar su libertad y promover su prosperidad y gloria, decreta lo siguiente:

Artículo 3. La religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana. La nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra.”

Y por primera vez en el Artículo 6 se menciona que el Supremo Poder de la federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Artículo 123. El Poder Judicial de la federación residirá en una Corte Suprema de Justicia, en los tribunales de circuito, y en los juzgados de distrito.

Artículo 124. La Corte Suprema de Justicia se compondrá de once ministros distribuidos en tres Salas, y de un fiscal”.

Y traigo todo esto a colación porque siendo la SCJN un organismo creado para garantizar la justicia, sus acciones en la actualidad se alejan cada vez más de ella, y se ha convertido en una casa de subastas en donde el mejor postor obtendrá los mejores acuerdos y resolutivos, mientras más poder y dinero se tenga, las leyes todas y los jueces todos, en México están a tu disposición. Y si a esto le sumamos que la fiscalía y los ministerios públicos de todo el país son el ejemplo vivo de la corrupción y la impunidad, nos deja a 99% de la población en total desamparo.

La libertad es la capacidad de decidir y autodefinirse y este mes de enero del 2021, la Segunda Sala de la SCJN violentó este principio al resolver que ninguna comunidad indígena tiene derecho a auto determinarse y está obligada a pertenecer a otra comunidad, al desechar el amparo directo 607/2020 solicitado por los indígenas de Tepoztlán, Tlanepantla, Coajomulco, Huitzilac y Milpa Alta en donde se pedía el reconocimiento de la voluntad de construir un núcleo de población autónomo, el reconocimiento de la posesión, el reconocimiento de comunidad, el reconocimiento y titulación de bienes comunales en autonomía constitucional y la nulidad del decreto de reconocimiento y titulación de bienes comunales de 14 de noviembre de 1929, contando con el apoyo de toda su comunidad, solicitud que fue denegada argumentando que la ley agraria obliga a toda comunidad indígena a mantenerse asimilada a otra.

Y también este mes desecharon el amparo promovido por el pueblo Maseual con “el apoyo” de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, para revertir la Ley Minera aprobada por el Congreso de la Unión a pesar de ser violatoria del artículo segundo de la Constitución vigente que reconoce la identidad indígena y su derecho a la libre determinación. Particularmente, el apartado A, numeral V establece la garantía de “conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en esta Constitución”.

La Ley Minera ignora los procesos de autodeterminación y autoriza las concesiones mineras en el territorio de los pueblos originarios sin prever consultas, por lo que es necesariamente, inconstitucional.

No sólo es la Constitución, también es violatoria del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por México en 1991, dice que: “los gobiernos deben, entre otras cosas, consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.

De acuerdo con el amparo, la Ley Minera forma parte de esas “medidas legislativas” que podrían “afectarles directamente” a los territorios en cuestión.

Por su parte, la legislación en cuestión sí reconoce la posibilidad de que un terreno en concesión esté ocupado por alguna comunidad indígena, pero no prevé la posibilidad de consultarlas y que ellas rechacen el proyecto.

Más bien, el numeral 13 Bis dice que “cuando el terreno vinculado con la concesión se encuentre en un área habitada y ocupada por un pueblo o comunidad indígena y éste participe en el concurso, tendrá derecho de igualar la mejor propuesta económica que presente otro concursante y, en caso de hacerlo, tendrá preferencia”.

El proyecto del ministro Javier Laynez Potisek, argumenta mintiendo descaradamente que “no asiste razón a la quejosa al afirmar que con anterioridad a la emisión de las normas reclamadas las autoridades responsables debían realizar una consulta a los pueblos y comunidades indígenas, simple y sencillamente porque el contenido de la Ley Minera no se vincula directamente con los intereses y derechos de los grupos indígenas involucrados”.

Además, escribió que el hecho de que esté prevista su participación en las subastas no significa que el contenido de la legislación esté vinculado con los derechos y prerrogativas de los pueblos indígenas.

Al final, la Segunda Sala de la SCJN, sin discusión y por unanimidad, ratificó el proyecto del ministro Laynez Potisek y agregó que la obligación de prever una consulta popular “está prevista en la Norma Suprema y en un Convenio Internacional y, por eso, aplica para todas las materias, sin que sea necesario que cada ley lo tenga que prever o regular. Sujetar la obligatoriedad de la consulta a su reconocimiento en una ley secundaria sería reducirla a un texto normativo de menor jerarquía”.

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) María Luisa Albores, y el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, expresaron su consternación por el aval de la SCJN a la Ley Minera que negó el amparo interpuesto por el Pueblo Indígena Maseual, toda vez que la legislación referida establece actos de autoridad que podrían afectar a las comunidades y a los ecosistemas en los que se encuentran asentados.

Así fue como los representantes del Poder Ejecutivo responsables de Semarnat y el INPI, manifestaron su preocupación por el resolutivo que niega conceder el amparo a los pobladores asentados en la Sierra Norte de Puebla que demandaba la inconstitucionalidad de diversos artículos que regulan el sistema de concesiones de la Ley Minera, ya que no consideran el deber de consultar a los pueblos originarios cuando puedan afectarse sus derechos e intereses, –sostuvieron las dependencias en un comunicado–, aunque se dijeron respetuosos del trabajo judicial y de la división de poderes en México.

No hay más ley, no hay otra instancia superior en México y las instancias internacionales no pesan sobre el interés del capitalismo. Con este resolutivo la SCJN mantiene la idea de las Leyes de Indias de no considerar a los indígenas, sujeto de derecho. Y sienta un precedente jurídico del cual se valdrán para desechar cualquier defensa legal contra los proyectos extractivistas.

Queda muy claro el juego entre poderes; el Legislativo promulgando leyes anticonstitucionales, el Judicial avalando la injusticia y el Ejecutivo haciendo como que defiende a través de Semarnat y el INPI, cuando con un simple decreto presidencial se podría proteger y garantizar los derechos de los pueblos indígenas; pero como todo es un teatro para sentar los antecedentes que le permitan a López Obrador, imponer sus proyectos del Tren Maya, el Corredor Interoceánico, el Proyecto Integral Morelos, entre otros más de 400 proyectos extractivistas en todo México, lavándose las manos, al dejar la resolución de los cientos de amparos en manos de la SCJN, que como vemos se ha convertido en el brazo ejecutor del nuevo colonialismo neoliberal asistencialista encabezado por el presidente. Y explica la inusual presencia de Alfonso Romo principal promotor de las minas del Grupo México, socio en México de Nestlé y empleado de cuarta (transformación) de BlackRock que ya sin ningún cargo oficial, posa en la fotografía junto a AMLO en su primera llamada al presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Habrá que luchar.

La vida es una construcción consciente.

Iván Uranga
Iván Uranga

Especialista en Ciencias Sociales, promotor de comunidades autónomas autogestivas, investigador social, docente de Permacultura, escritor de
ensayos, novelas, cuentos, teatro y poesía.

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