El Jefe del Ejecutivo federal fue cuestionado en su conferencia de prensa matutina sobre su postura acerca de la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar inconstitucional la prisión preventiva oficiosa por defraudación fiscal, contrabando y por la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales falsos.
Ciudad de México, 26 de octubre (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró esta mañana que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la prisión oficiosa va en la línea de seguir “protegiendo la corrupción” y “seguir apoyando a las minorías, quienes tienen más dinero”.
“No estoy de acuerdo. Creo que es seguir protegiendo a las minorías y seguir castigando a los que no tienen agarraderas, influencias y no tienen con qué pagar su inocencia. Me parece que no se actuó bien. Esto es parecido a lo que hicieron los ministros cuando negaron que se consultara al pueblo para preguntar si estaban de acuerdo en que se reformara la Constitución para la privatización del petróleo”, dijo.
Ayer, el máximo tribunal constitucional del país invalidó el decreto de 2019 que establece la prisión preventiva obligatoria para los acusados de cometer delitos relacionados con el contrabando y la defraudación fiscal al considerar que es una norma inconstitucional.
Con una mayoría de ocho votos, el pleno de la Corte invalidó la prisión preventiva oficiosa para dichos delitos, con lo que dejó sin validez las reformas al párrafo segundo del artículo 187, el párrafo tercero del artículo 256, la adición de un párrafo séptimo con las fracciones I, II y III al artículo 167, así como un párrafo tercero al artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
En un comunicado, la institución informó que la mayoría de los ministros dio la razón al recurso de inconstitucionalidad presentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Senado de la República.
Consideraron que imponer prisión preventiva obligatoria por los delitos de contrabando, defraudación fiscal y emisión de comprobantes fiscales falsos resulta contrario “a los derechos humanos reconocidos por la Constitución”,
Algunos ministros “señalaron que el legislador se excedió al calificar tales delitos como amenazas a la seguridad nacional, pues no se trata de conductas que atenten directamente contra esta última”, dio a conocer el alto tribunal.
Mientras otros subrayaron que la jurisprudencia internacional plantea que “la prisión preventiva es una medida cautelar excepcional que sólo puede dictarse cuando existe un riesgo comprobado de que la persona evadirá la acción de la justicia”.
“He votado reiteradamente que me parece que la prisión preventiva oficiosa (obligatoria) es abiertamente inconvencional porque es una sentencia adelantada”, expresó durante la sesión el presidente del tribunal constitucional, Arturo Zaldívar, quien consideró que “es contraria al principio de presunción de inocencia”.
Fue en este contexto que el mandatario señaló tres maneras de entender lo que resolvió la Suprema Corte: autonomía de poderes; falta lograr sanciones equitativas a todos los que cometen ilícitos; protección a la corrupción y, por su parte, respeto del Ejecutivo a la decisión.
Su lectura del fallo, según dijo, en su primer punto, es que muestra que México nuestro es hay división e independencia en los poderes, “esto es para los que no creen en la transformación, yo creo que es muy claro que los ministros de la Corte actúan con absoluta libertad, tienen la arrogancia de sentirse libres. Esto es democracia verdadera”.
En segundo lugar, dijo el mandatario, es que aún falta lograr que otros poderes –como el Poder Judicial y la Corte– que se castigue por igual a todos los que cometen algún ilícito y “que no esté la justicia al servicio de los poderosos.
La tercera, anunció, es que aunque no están de acuerdo, van a respetar la decisión “porque queremos estar en un verdadero estado de derecho”.
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