La Reforma Electoral y su coyuntura. Autor: Martín Faz Mora

Imagen ilustrativa. Foto: Cuartoscuro.

La estridencia que define el tono de la discusión pública hoy día y que termina por crear un ambiente de crispación, parece no establecer las condiciones adecuadas para la reflexión y el análisis serio y sereno que se requeriría para la toma de decisiones en un tema toral para nuestra incipiente democracia: la reforma electoral, sea constitucional o de sus leyes secundarias.

Los slogans discursivos reductivos, tanto en posturas como en nivel analítico, que se manifiestan entre los extremos de #ElINENoSeToca o #ElINECorruptoSíSeToca no dan cuenta de un diagnóstico adecuado, profundo y pertinente respecto de la naturaleza y el estado que guarda nuestro sistema electoral.

Cualquier sistema, modelo o institución requiere cambiar para dar una mejor respuesta a las necesidades sociales a las que busca responder. El INE no es la excepción, desde luego, y en tal sentido siempre requerirá de cambios que bien pueden expresarse en reformas legales, reglamentarias, administrativas y operativas. Hoy día el tamaño administrativo, operativo e institucional del INE es el resultado directo de las reformas que le han otorgado una suma cada vez mayor de atribuciones que, en su gran mayoría, no tienen organismos electorales en otras latitudes.

Y sí, el sistema electoral y el INE requieren cambios y debe decirse. ¿Son los sugeridos en la propuesta del Ejecutivo los que requiere? Es, desde luego, una de las preguntas que debieran hacerse, al igual respecto de las otras decenas de propuestas de reforma que hay al interior del Congreso. Desafortunadamente, el ambiente político y social de confrontación y polarización son el peor de los escenarios para su debida y adecuada ponderación.

Entre los elementos requeridos para realizar una reforma electoral, el más necesario es el consenso amplio de todas las fuerzas políticas. Así ocurrieron las grandes reformas electorales que, de a poco, desmantelaron el sistema de partido hegemónico por el que tantos luchamos en las calles, en las organizaciones ciudadanas y hasta los propios partidos políticos, particularmente, los de oposición. Las reformas de 1990, 1993, 1994, 1996, 2007 y 2014 dan cuenta de ello.

Hoy, debemos reconocerlo, no ocurre así: más allá de filias y fobias es claro que no hay un consenso amplio para impulsar una reforma electoral, con independencia de su finalidad y contenidos. Podrá ser buena, mala, regular, pertinente o impertinente, lo que no hay es el ambiente propicio y la manifiesta voluntad amplia de los actores políticos para su construcción. No se trata solo de optar por la propuesta A, B o C de los muchos planteamientos de reforma, se trata de que todos los actores políticos construyan y acuerden una.

Los derechos humanos no deben estar sujetos a las mayorías sociales o políticas, de ser así, asuntos que gozan de popularidad como la pena de muerte o la prohibición de adopción por parte de matrimonios no heterosexuales, correrían el riesgo de ser impuestos y legislados con una amplia, o mayoritaria, aceptación popular.

Las reformas políticas tratan también sobre derechos humanos, y si bien los derechos políticos aceptan límites y restricciones, tratándose de los procedimientos electorales y de representación política, los cambios y modificaciones a realizarse deben ser aceptados y acordados con todos los actores políticos mediante un amplio consenso tras amplias y genuinas consultas públicas con todas las partes interesadas, pues constituyen las reglas del juego electoral y de acceso a los cargos públicos y al gobierno.

Una reforma electoral que responda solo a la decisión de la mayoría política al interior del Congreso, cualquiera que ésta sea o en cualquier temporalidad coyuntural, no es lo más adecuado.

En política las mayorías de hoy fueron las minorías de ayer y, tarde o temprano pueden volver a serlo. Igual ocurre con las minorías de hoy, que fueron las de ayer y pueden volver a serlo, a condición de que todos los actores políticos acuerden, construyan y mejoren las condiciones para procesos electorales genuinos, limpios y equitativos que permitan que, en última instancia, la ciudadanía resuelva quien ocupa el poder. Como debe ocurrir en toda democracia que se precie de serlo y como, por cierto, ocurre hoy día en nuestro país.

Martín Faz Mora
Martín Faz Mora

Activista social por los derechos humanos. Colaborador de @AstrolabioSLP. Consejero Electoral en @INEMexico. Cantautor muy -pero muy- ocasional.

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