El 30 de septiembre de 2021 el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, en materia de energía, especialmente, con relación a la energía eléctrica. La intención primordial de la reforma, según los propios términos en los que lo ha planteado el Presidente, es rescatar la centralidad de la Comisión Federal de Electricidad en el control, administración y generación de energía para el país. En ese sentido, la reforma propuesta da una vuelta de tuerca a la reforma estructural que realizó Enrique Peña Nieto durante su sexenio.
Textualmente, la exposición de motivos que presentó López Obrador, señala que “la reforma constitucional en materia energética publicada en el Diario Oficial de la Federación de 20 de diciembre de 2013 significó un cambio normativo regresivo. Estableció un sistema eléctrico nacional cuyos verdaderos objetivos fueron el despojo, la desaparición de las empresas energéticas del Estado y el otorgamiento de beneficios ilimitados al sector privado” y agrega: “Es compromiso de mi gobierno garantizar la seguridad energética como condición necesaria de seguridad nacional, lo que obliga a rescatar de esta trama impuesta por la reforma a la Comisión Federal de Electricidad; para restablecer un sistema eléctrico comprometido con el pueblo que asegure el abastecimiento confiable de energía eléctrica a los más bajos precios”.
Pero, ¿cuándo empezó toda esta historia que fue dando forma jurídica a la privatización de lo público en nuestro México?
Vayamos por partes dando contexto histórico.
A partir de finales de los años ochenta, se empezaron a impulsar políticas neoliberales en nuestro país que siempre finalizaron en un correlato jurídico e incluso, constitucional. Recordemos que hablar de neoliberalismo es referirse a una corriente económica, política e ideológica que pone en el centro la actuación de los entes privados, propugna por el adelgazamiento del Estado en sus funciones sociales, impulsa la privatización de las empresas estatales, liberaliza el comercio internacional, pero sobre todo, en los últimos años lleva hasta sus últimas consecuencias la idea de que las empresas, capitales nacionales y transnacionales participen, a través del control, explotación y administración en áreas estratégicas de un país, entre ellos el petróleo y demás hidrocarburos, o los minerales y la electricidad, entre otros.
Pues bien, en México, las más de las veces, estas políticas neoliberales se tradujeron en reformas estructurales a la Constitución y a las leyes secundarias, operando, a decir de la socióloga Saskia Sassen un nuevo orden privado institucional asociado a la economía global, cuyas características principales, consisten: 1) su capacidad para privatizar lo que antes era público y 2) desnacionalizar lo que antes fueron instituciones, políticas y programas de interés público (Sassen, 2010a).
En efecto, solo para referirnos a las reformas en materia energética, la Constitución ha sufrido varios cambios que han tendido a privatizar lo que antes era público, por ejemplo un área estratégica, la de los hidrocarburos. También se han llevado a cabo procesos de desnacionalización de instituciones estatales como Pemex y CFE a partir de desarticularlas y hacerlas perder centralidad en su gestión y administración, dando paso a los privados.
La ruta jurídica para privatizar lo público en materia energética fue de 1992 a 2013, es decir, desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, el de Ernesto Zedillo, pasando por los de Vicente Fox y Felipe Calderón, hasta llevarla a su máxima expresión en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
En un apretado resumen, recordemos lo que cada uno de estos gobernantes reformaron en la materia.
Con Carlos Salinas de Gortari en 1992, empezó la fragmentación de Pemex, al dividirla en 4 subsidiarias: Pemex Exploración y producción; Pemex refinación; Pemex gas y petroquímica básica y Pemex petroquímica.
Con Ernesto Zedillo se realizaron acuerdos de gran alcance e impacto en los presupuestos públicos y endeudamiento con organismos internacionales como el FMI, que dieron lugar a que el transporte, el almacenamiento, la distribución, la venta y el comercio exterior del gas natural dejaran de ser exclusivos de la explotación del Estado.
Con Vicente Fox, se ponen en marcha los contratos de servicios múltiples en la industria energética, al permitir a las empresas extranjeras explorar, extraer, procesar gas natural, elaborar gas metano y otros petroquímicos básicos. En este mismo sexenio hubo reformas a las leyes secundarias en 2005 y 2006 que permitieron la cogeneración de energía eléctrica y la habilitación para que los particulares explotaran gas natural a partir de mantos y yacimientos de carbón.
Con Felipe Calderón, las cosas siguieron avanzando en dirección de la privatización de lo público. El 28 de noviembre de 2008, se publicó una nueva legislación en materia petrolera que permitía que los particulares vía contratos y permisos, participaran en las actividades sustantivas de Pemex, es decir en la exploración, extracción, refinación, almacenamiento, transporte, distribución y ventas de primera mano.
Enrique Peña Nieto en diciembre de 2013 vino a constitucionalizar, legalizar el despojo del sector del petróleo, hidrocarburos y la electricidad, pues los anteriores presidentes lo habían hecho todo vía permisos, concesiones, deuda pública, políticas gubernamentales, reformas a leyes secundarias, pero no se habían atrevido a tocar la Constitución en la materia, salvo cambios menores.
Con la reforma propuesta por Andrés Manuel López Obrador, ahora en octubre de 2021, se pretende eliminar la figura de empresas productivas del Estado, que en realidad han servido como intermediarias entre CFE y los intereses privados; reintegrarle a CFE las funciones de la Comisión Nacional de Hidrocaburos y del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace). En suma, regresarle el control, la administración y la generación de la energía eléctrica a la empresa estatal del Estado para lograr plena soberanía energética. Como podemos ver, la ruta jurídica de privatización de lo público tiene larga data. Esa es la que se pretende redireccionar. Ya veremos en qué termina.
Si quieren ver una parte de toda esta historia con sus propios ojos, les dejo tres links:
-Iniciativa de reforma energética-eléctrica de AMLO:
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2021/oct/20211001-I.pdf
-Libro Crítica de la reforma constitucional energética de 2013, del constitucionalista Jaime Cárdenas Gracia:
http://ru.juridicas.unam.mx/xmlui/handle/123456789/12699
-Artículo que escribí sobre Estructuras jurídicas del despojo, el caso de una reforma estructural en México (la reforma energética de 2013):
https://www.jstor.org/stable/pdf/j.ctvnp0k6w.5.pdf?refreqid=excelsior%3A8e88049053fba2aad93fbd0ed045b174
