La lógica del mercado y de la competencia no puede estar en un sector estratégico. Autor: Arturo Huerta González

Foto: Pixabay.

Un argumento que aducen mucho los opositores a la Reforma de la Industria Eléctrica, tanto las grandes empresas privadas ubicadas en el sector y las calificadoras internacionales, es la defensa de la competencia en dicho sector. Señalan que la iniciativa gubernamental bajará la competitividad y podrá crear un monopolio, refiriéndose a que el Estado tendrá el monopolio de la industria eléctrica como estaba antes de las reformas neoliberales que empezaron en los años ochenta. Al respecto, cabe decir que cuando el Estado tenía el control de dicho sector, en los sesenta y setenta, fungió como un sector impulsor del crecimiento económico, y contribuyó al crecimiento de 6.4% promedio anual. Al abrirse la industria eléctrica al sector privado y a la competencia, se ha venido disminuyendo la participación de la CFE. Después de haber tenido el Estado el control de 100% de dicho sector, la competencia desleal ha favorecido a las empresas privadas y se redujo la participación de la CFE a 63% en el 2013, cuando la reforma de Peña Nieto procedió a abrir más dicho sector y actualmente solo controla 38% del abasto nacional. En los últimos 10 años, la economía trae un crecimiento de 1% promedio anual. Dicha reforma dividió a la CFE y la puso a competir con el sector privado, impidiendo a su vez que hubiera cooperación entre las unidades de la CFE, para debilitarla más frente a la competencia establecida. Las empresas privadas tenían todas las ventajas. En el suministro de electricidad eran las favorecidas, y de ahí la drástica disminución de la participación de la CFE.

Los argumentos en defensa de la libre competencia es que ésta se traduce en menores costos de los bienes y servicios y que en caso de la industria eléctrica mejoraría la energía limpia en el país. Cabe señalar que las empresas privadas han invertido en las llamadas energías limpias, donde se ubica el mayor desarrollo tecnológico. Ello les ha permitido ir desplazando a la CFE en la producción y distribución de la electricidad y obtener altas ganancias. Además, en los contratos establecidos con las empresas privadas se les ha privilegiado por presentar precios menores y no ser contaminantes, y el problema es que al final del día cuando aumenta el consumo de electricidad incrementan el precio, resultando en altas ganancias para ellas.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) señala que “la política energética debe poner a ciudadanos y consumidores en el centro. Independientemente de una discusión entre Estado y mercado, la meta debe ser ofrecer electricidad confiable, limpia y a precios competitivos. Esto se logra a través de competencia, regulación e inversión” (enero 18, 2022). Para los defensores del libre mercado lo importante es el consumidor y bajo ese principio se procedió a abrir a la economía en 1986 cuando entramos al GATT (hoy la Organización Mundial del Comercio, OMC) para facilitar la entrada de importaciones para que el consumidor eligiera entre la producción nacional y la extranjera, la cual resultaba más barata que la nacional, y ello ha desplazado a los productores nacionales y nos llevó a la desindustrialización del país, al mayor desempleo, a menores salarios, a menor crecimiento económico. Los desempleados y subempleados vieron reducidos sus ingresos y su capacidad de compra. Se incrementó la pobreza, para favorecer a las importaciones y a las empresas transnacionales. Y eso es lo que quieren los defensores del mercado. Que continúe la reforma de Peña Nieto, que el consumidor elija la energía producida por las empresas privadas extranjeras y desaparezca la CFE y se constituya un monopolio privado en dicho sector, que aumentaría los precios, frenaría el crecimiento económico, aumentaría el desempleo y el numero de pobres en el país.

Las calificadoras internacionales son defensoras del mercado y de la competencia, para favorecer al gran capital que les paga y han dicho que bajarán la calificación crediticia al país, pues la reforma limita la capacidad de los competidores. Quieren que la reforma del 2013 siga para que desaparezca la CFE y se privatice totalmente dicho sector, evidenciando que responden a dichos intereses.

La industria eléctrica, como sector estratégico, no puede regirse en torno al mercado y a la competencia y al menor costo, pues tal lógica ha llevado a que las empresas nacionales sean desplazadas por las empresas transnacionales y tengamos menos crecimiento y menos empleo formal bien remunerado y mayor desigualdad del ingreso. Ningún principio neoliberal de libre mercado puede estar por arriba de los preceptos soberanos de la salvaguarda para la nación de los sectores estratégicos, para que actúen a favor del crecimiento económico y del bienestar de la población. Los opositores a la reforma que presente el gobierno actual, quieren hacer creer que la CFE está contra las energías limpias y renovables. La reforma significará ahorros importantes para la CFE para que avance en las energías limpias y renovables para cuidar el medio ambiente.

Arturo Huerta González
Arturo Huerta González

Economista heterodoxo. Autor de diversos libros, el más reciente titulado Austeridad Fiscal: Causas y Consecuencias, Editorial UNAM.
Profesor de Economía, UNAM. Miembro del SNI Nivel III.

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