La libertad de expresión agazapada. Autor: Iván Uranga

La libertad de expresión es la base de los derechos humanos,
la raíz de la naturaleza humana y la madre de la verdad.
Matar la libertad de expresión es insultar los derechos humanos,
es reprimir la naturaleza humana y suprimir la verdad.
Liu Xiaobo, Nobel de la Paz en 2010.

Durante la última semana se ha hablado mucho sobre la libertad de expresión, a raíz de un desplegado publicado y promovido por comunicadores a los que el gobierno les dejó de dar recursos económicos. El pequeño texto titulado “En defensa de la libertad de expresión” que firmaron unas 600 personas que en su momento se beneficiaron de los daños, la represión y los efectos de las políticas que aplicaron los gobiernos neoliberales, está repleto de falsos supuestos, como oportunamente informó Julio Astillero, porque en esencia la libertad de expresión goza de la misma mala salud que ha tenido desde siempre, con la diferencia que hoy todos podemos decir del gobierno federal lo que pensamos sin temor a morir, pero en cuanto a los gobiernos estatales, locales y los grupos de poder que siguen gobernando en todo el territorio nacional, la autocensura por miedo a desaparecer y morir es lo que predomina.

En lo personal soy luchador social (hoy activista) y escribo ensayos críticos al gobierno desde antes del neoliberalismo y he usado seudónimos desde mi infancia por sobrevivencia, he visto morir, desaparecer y ser apresados a cientos de compañeros, me han censurado decenas de veces y los dueños de medios en los que he colaborado, han recibido “llamadas” de algún presidente o gobernador para que ya no sea publicado, y hoy puedo dar fe, que aunque mi voz es muy crítica, de esta administración federal no he recibido ninguna censura. En lo personal no me importa que el gobierno pague publicidad a unos medios y a otros no,  porque yo nunca he cobrado por dar mi opinión. Pero lo que sí es una realidad es que:

En México no está garantizada la libertad de expresión

El derecho a la libertad de expresión constituye un pilar fundamental para la vigencia de una sociedad abierta, plural y democrática. Los principales instrumentos internacionales de derechos humanos consagran dicha libertad y son varios los organismos internacionales que a nivel mundial y regional se ocupan de supervisar y evaluar su cumplimiento. Los desafíos detectados a nivel mundial se manifiestan igualmente en México desde siempre y con algunos gobiernos muestran sus formas más agudas y lacerantes. Los obstáculos más preocupantes en materia de libertad de expresión en México son los asesinatos de periodistas y activistas que alzan una voz crítica y otros actos de violencia; la impunidad generalizada; la vigencia de una legislación que permite aplicar sanciones penales por el ejercicio de la libertad de expresión; las limitaciones a la diversidad y el pluralismo en el debate democrático, y una emergente tendencia a restringir el derecho de acceso a la información pública.

Son cientos de periodistas, asesinados, desaparecidos y presos por ejercer su profesión los últimos 20 años, a manos de la delincuencia organizada dentro y fuera del gobierno, sin que hayan sido esclarecidos estos delitos. Sólo en lo que va de 2020 son ya 9 los periodistas asesinados. La ausencia de investigaciones concluidas en la gran mayoría de los casos impide determinar con exactitud las causas y los responsables de estos crímenes. Lo que hace urgente la necesidad de crear un mecanismo nacional eficiente de protección para periodistas.

En México hay una alta concentración en la propiedad y el control de los medios de comunicación a los que se les ha asignado frecuencias radioeléctricas. No existen procedimientos claros, precisos y equitativos para otorgar frecuencias de operación a las radios comunitarias, y han sido cerradas violentamente algunas. Se necesita un marco normativo que brinde certeza jurídica, promueva la desconcentración de la radio y la televisión y contribuya a generar un espacio mediático plural y accesible a todos los sectores de la población.

El gasto público en publicidad oficial es históricamente muy alto, aunque durante esta administración se destina la mitad que en la administración de Peña Nieto, sigue siendo oneroso y su aplicación es a discreción del ejecutivo, que al igual que en gobiernos anteriores sigue siendo utilizada como mecanismo para presionar, premiar, castigar y privilegiar a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas. Bastaría con analizar cómo han sido usados los recursos en publicidad de la Secretaría de la Defensa Nacional este año que ejerció la mitad del presupuesto del gobierno para este rubro. Es necesario establecer criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios en la asignación de publicidad oficial para todos los niveles y órdenes de gobierno.

La libertad sólo es libertad si garantiza la voz y la vida para quien piensa diferente.
Rosa Luxemburgo

La Ley sobre Delitos de Imprenta de 1917, que prevé penas privativas de la libertad, sigue vigente. Existen procesos penales contra periodistas que trabajan en radios comunitarias que no contaban con los permisos correspondientes. Es necesario modificar la ley para que los periodistas interesados en asuntos públicos, particularmente aquellos que investigan casos de corrupción o actuaciones indebidas, no sean sujetos de acoso judicial u otro tipo de hostigamiento como represalia por su trabajo.

Lo que es una realidad es que el Estado mexicano enfrenta una situación crítica de violencia e inseguridad. El pleno goce de la libertad de expresión y opinión se ha visto fuertemente comprometido en este contexto. Dentro de los graves y diversos obstáculos que enfrenta México, destacan los asesinatos contra periodistas y otros gravísimos actos de violencia contra quienes difunden información, ideas y opiniones, así como la impunidad generalizada en estos casos.

El Estado no solamente está obligado a garantizar que sus agentes no cometan actos de violencia contra periodistas, sino también a prevenir las agresiones provenientes de particulares. Tiene además la obligación de investigar, procesar, juzgar y en su caso, sancionar a los autores de dicha violencia. Es decir, que el Estado mexicano encabezado por el Presidente, es el directamente responsable de garantizar la libertad de expresión en todo el territorio nacional.

Existe un clima de impunidad generalizada respecto a los casos de violencia contra las y los periodistas, aun respecto a los hechos más graves como asesinatos, desapariciones y secuestros. La impunidad promueve un clima de incertidumbre y desconfianza y constituye uno de los mayores obstáculos para el ejercicio de la libertad de expresión en México. La violencia se ha extendido a grado tal que medios de comunicación nacionales sufrieron intimidaciones y presiones por parte del crimen organizado para publicar o no publicar cierta información; algo que con anterioridad sólo afectaba a los medios estatales y locales. Esta situación se agravó durante la administración de Felipe Calderón, porque como ya ha sido demostrado su titular de seguridad García Luna estaba coludido con los grupos más importantes del crimen organizado, que fueron usados (y son usados en muchas regiones del país hasta hoy) como el brazo ejecutor del gobierno no sólo para intimidar a la opinión pública, fueron usados para amenazar, secuestrar, torturar, asesinar y desaparecer a cientos de periodistas, políticos y activistas opositores a las acciones criminales del gobierno. Situación que desapareció y moderó muchas voces antes críticas que se autocensuraron por sobrevivencia.

La realidad es que al día de hoy en algunas zonas del país las y los periodistas se encuentran sometidos a una atmósfera de intimidación que provoca autocensura. Resulta extremadamente difícil que en dichas zonas se hagan investigaciones y publicaciones sobre temas relativos al crimen organizado, la corrupción, la inseguridad pública y asuntos similares, por la vulnerabilidad y el alto riesgo en que se colocarían las y los periodistas. La consecuencia es que la sociedad mexicana en su conjunto está perdiendo conocimiento de lo que está sucediendo en dichos lugares y las autoridades y las organizaciones sociales se ven privadas de información de alta relevancia pública y que además resulta esencial para contrarrestar algunos de los fenómenos delictivos que enfrenta la sociedad mexicana.

La indefensión de los periodistas y la falta de apoyo de las autoridades han motivado que la autocensura se convierta en una medida de autoprotección utilizada. Cada vez es más frecuente que no se dé a conocer información por temor a posibles represalias, ni se profundicen investigaciones sobre posibles actos de corrupción. El miedo a buscar y a difundir la información se está propagando por la falta de protección y de garantías efectivas. En algunos estados con una fuerte presencia del crimen organizado como Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz, la autocensura ha alcanzado niveles dramáticos; la prensa local se ha visto obligada a silenciarse y a no registrar hechos de extrema violencia que ocurren en su localidad. En el mejor de los casos, dichos hechos son reportados por la prensa nacional. Teniendo casos extremos en donde el crimen organizado es dueño de medios de información y tiene coaptadas a las policías y autoridades locales.

Pero la libertad de expresión va mucho más allá del periodismo, el intimidar a las comunidades indígenas mediante grupos paramilitares para evitar que defiendan sus derechos ante la complicidad y el silencio del gobierno federal, como es el caso de Chiapas actualmente también es un atentado contra la libertad de expresión, la utilización de recursos públicos para comprar la resistencia a los megaproyectos extractivistas del gobierno, como lo hacen con el programa Sembrado Vida también limita la capacidad de decir lo que se piensa y es un crimen de Estado, porque secuestran el hambre de los más pobres para pasar por encima de sus derechos.

Una característica única de la actual administración, es que si bien no censura las opiniones, tampoco se limitan en usar la conferencia de prensa diaria del presidente para incitar ataques virtuales de sus millones de seguidores, contra quien opine diferente al ejecutivo y tampoco se limita en mentir sistemáticamente, sin ningún derecho a réplica en el mismo medio. Las conferencias diarias del presidente de 7 a 9 am (o más) trasmitidas por la televisión y radio oficiales y replicadas por miles de medios, han dejado de ser conferencias de prensa y se ha convertido en un programa matutino de información diaria sobre el quehacer del gobierno cuyo conductor es el mismo Presidente de la República, que se permite dar información falsa, como que ya no hay fracking y que no se han otorgado concesiones mineras o que ya no hay tortura, ni masacres, declaraciones que impactan y vulneran a los afectados por estas prácticas vigentes y que ponen en riesgo su vida cuando expresan lo contrario, como en el caso de Samir Flores, asesinado después de una declaración presidencial de activar la termoeléctrica en Huexca, declaración contraria a lo dicho por él mismo a los pobladores y que permitió a los sicarios ejecutar al opositor al proyecto Samir Flores en total impunidad.

Si no creemos en la libertad de expresión de aquellos que despreciamos, no creemos en ella en absoluto.
Noam Chomsky

El acceso a la información es muy limitado, sobre todo para la gran mayoría más pobre de México, esto permite que cualquier mentira dicha por el presidente se tome como verdad absoluta, esta limitación mina gravemente la libertad de expresión porque la mayoría de la población no puede escuchar a la voces críticas que no tienen intereses partidarios, ni están ligados a ningún grupo de poder económico, como la mía y la de miles que queremos un país más justo y un mundo menos contaminado.

El Estado debe hacer mucho más para salvaguardar la libertad de expresión. No solamente permitiendo la pluralidad de perspectivas y medios para la difusión de información, sino también asegurando que aquellos que ejercen la labor informativa puedan realizar sus actividades sin tener que pagar un alto costo, en algunas ocasiones con sus vidas. Las agresiones en contra de periodistas constituyen ataques a la libertad de expresión y al derecho de la sociedad a estar informada. Los altos niveles de impunidad a los ataques en contra de periodistas y activistas prevalecen. Esto debe ser erradicado de raíz ya.

Es cierto que el presidente López Obrador no censura a la prensa, pero es su responsabilidad que nadie los haga en todo México. Si un medio de comunicación o periodista se alinea al gobierno deja de hacer periodismo y se convierte en instrumento de divulgación del gobierno.

La prensa no puede olvidar que el periodismo sirve a los gobernados, no a los gobernantes.

La vida es una construcción consciente.

Iván Uranga
Iván Uranga

Especialista en Ciencias Sociales, promotor de comunidades autónomas autogestivas, investigador social, docente de Permacultura, escritor de
ensayos, novelas, cuentos, teatro y poesía.

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