El jueves 15 de octubre se dio a conocer la captura sorpresiva, en Estados Unidos, del general de división en retiro, Salvador Cienfuegos Zepeda, quien fuera secretario de la Defensa Nacional (Sedena) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018). Desde ese momento, las dudas sobre su detención y las hipótesis sobre las implicaciones que tendrá se han multiplicado. Sin embargo, la relevancia de este hecho lleva también a pensar en el papel desempeñado por el Ejército en la política mexicana.
La detención estuvo a cargo de la Drug Enforcement Administration (DEA), bajo la “Operación Padrino” y la acusación de “conspiración por narcotráfico en modalidad de manufactura, importación, distribución y lavado de dinero”. Su caso será procesado en la Corte Federal del Este de Brooklyn, Nueva York, en la que se enjuicia a Genaro García Luna y se juzgó y condenó a Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”.
Será el mismo juez, Brian Cogan, quien lleve el caso de Cienfuegos, en fórmula con el fiscal Richard Donoghue, experto en casos de narcotráfico internacional, lavado de dinero y crimen organizado y el fiscal federal auxiliar Michael Robbotti, como en los procesos de “El Chapo” Guzmán y García Luna.
Todo parece apuntar a un maxiprocesso, como el que tuvo lugar en Palermo, Sicilia, Italia, en la década de los años 80, en el que fueron juzgados y declarados culpables cientos de personajes relacionados con actividades mafiosas de la “Cosa Nostra” en la corte del conocido juez Giovanni Falcone.
La investigación en contra de Cienfuegos data de años atrás a decir de César Gutiérrez Priego, abogado especialista en derecho militar, hijo del general Jesús Gutiérrez Rebollo, encarcelado por el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León por denunciar los nexos de su familia política con el cártel de los Amezcua Contreras, reyes de las anfetaminas, en 1997.
En entrevista con Carmen Aristegui, el viernes 16 de octubre, Gutiérrez Priego mencionó que las investigaciones del gobierno estadounidense son serias y abarcan desde finales del 2005 hasta el 2007, tiempo en que Cienfuegos se desempeñaba como jefe de la Novena Región Militar, periodo en que no pudo acceder al puesto de secretario pues se sabía de la investigación de la DEA sobre él.
Igualmente, transcendió que, desde el 14 de agosto de 2019, un gran jurado presentó en Nueva York acusaciones en su contra por los delitos de tráfico de drogas y lavado de dinero y que ese mismo día la magistrada Vera M. Scanlon giró orden de aprehensión en su contra. Información desconocida por el general Cienfuegos, pues de otra manera no se entiende que viajara con todo y familia a Los Ángeles, California, con intención de vacacionar, para caer justo en las redes que pacientemente le esperaban.
Hecho que no escapa al conocido humor negro mexicano pues el periodista Juan Veledíaz tuiteó, el 15 de octubre, el chiste que una de sus fuentes militares le compartió circula ya entre los generales y que se resume en una frase: “el que esté libre de narco que haga un viaje a Disney”. Broma que de fondo recoge información que apunta a que alrededor de 10 generales más están también siendo investigados por autoridades de los Estados Unidos.
Quiénes si se enteraron de que venía esta detención fueron el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y el actual secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval González.
En la Conferencia de Prensa del 16 de octubre, el presidente López Obrador reveló que la embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, le informó 15 días antes de la existencia de esta investigación, lo que con seguridad trató de forma inmediata con el general Sandoval.
Igualmente, se asume que esta información debió tratarse en la reunión del 1 de octubre que el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, e integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC) y la de Relaciones Exteriores (SRE), entre otros funcionarios, mantuvieron con el jefe de la DEA, Timothy J. Shea.
Con seguridad Shea no habrá viajado a México sólo para informar al gobierno mexicano sobre las pruebas en contra de García Luna, sino para asegurarse que la próxima detención de Cienfuegos no cayera por sorpresa al gobierno de López Obrador y, tal vez, para sondear la posible respuesta del gobierno ante la inusitada captura de un alto exfuncionario. Evidentemente, el gobierno mexicano no se opuso a tal detención ni filtró información que alertará al general Cienfuegos.
En la misma línea van los dichos de Gutiérrez Priego que, en la entrevista con Aristegui, afirmó que esta captura no hubiera sido posible en sexenios anteriores en los que operaba al interior del Ejército una “cofradía de poder”, que arrancaría con el encargo del general Enrique Cervantes Aguirre al frente de la Sedena durante el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) y terminaría con el general Cienfuegos en 2018, una vez concluido el sexenio de Peña Nieto.
El pacto de impunidad, que permitió por más de dos décadas que militares de alto rango se turnaran al frente de la Sedena, cuidando así sus espaldas, fue roto por el presidente López Obrador quien, a decir de Gutiérrez Priego, tomó la decisión correcta al buscar “a un general que no pertenece a esa cofradía del poder y que viene a romper con esos famosos pactos de impunidad que existían entre los generales.” Por lo que, continúa el abogado, la lealtad del general Sandoval hacia el pueblo y el presidente de la República se demuestra al no impedir dicha detención.
Pero, la estrategia no termina ahí. Se puede argumentar que López Obrador no dejará pasar la oportunidad para deshacerse de las personas ligadas a Cienfuegos, por lo menos, como él mismo afirmara en la Mañanera del 16 de octubre cuando aseguró que “no se encubrirá a nadie y todos aquellos militares que resulten involucrados en las acusaciones que hay sobre el general Salvador Cienfuegos en Estados Unidos por narcotráfico, y que estén actualmente trabajando en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) serán suspendidos, retirados y si es el caso, puestos a disposición de las autoridades competentes”, como ocurrió con el personal ligado a García Luna.
Es casi imposible no recordar a otro general, revolucionario esta vez, Lázaro Cárdenas del Río, que siendo presidente fue poco a poco desmantelando la red de poder de Plutarco Elías Calles. Lección que con seguridad conoce López Obrador, tan amante de la historia patria.
Lo anterior lleva a preguntarse por la hipótesis que comienza a circular en medios de comunicación sobre que con la detención de Cienfuegos el gobierno estadunidense pretende presionar al presidente mexicano para que tome decisiones que favorezcan a Estados Unidos, como si no bastara con el poder político, económico y militar ejercido por décadas por la, hasta ahora, primera potencia mundial, y la presión ejercida ya por Trump y mandatarios anteriores.
Por otro lado, es posible adelantar otra hipótesis basada en la supuesta y extraña “amistad” entre AMLO y Trump, según la cual el presidente-empresario ha influido de alguna manera en las capturas de García Luna y Cienfuegos para facilitar a López Obrador la limpieza de la estructura de poder construida por importantes políticos mexicanos en connivencia con grupos del crimen organizado, anotándose también con ello un punto a su favor, tan necesario en época de reelección.
Y ya en el terreno de la especulación, también podría pensarse que el mismo AMLO filtró, a través de diversas agencias nacionales y estadunidenses, la información necesaria para que en Estados Unidos se iniciara lo que, como se dijo arriba, podría ser un maxiprocesso.
Esta última hipótesis tendría como fundamento lo desgastante y peligroso que sería para el gobierno de la Cuarta Transformación ocuparse directamente de encauzar los juicios en contra de las personas involucradas en la enorme corrupción política mexicana, en especial de quienes ocupan los puntos más altos de la pirámide del poder.
Se podría pensar también que la venturosa intervención de la DEA y de la Corte Federal del Este de Brooklyn, en Nueva York, en los casos de García Luna, Cienfuegos y quien sabe cuántos funcionarios mexicanos más, libra a AMLO de pasar a la historia de México como quien inició una “injusta” cacería de brujas basado en resentimientos pasados, dejando sin argumentos a los malquerientes defensores de un pasado que asumen como glorioso.
Es aquí donde el papel desempeñado por las fuerzas Armadas en la política mexicana cobra fuerza, de ahí la prudencia del presidente López Obrador, a quien se ha exigido en más de una ocasión “fajarse los pantalones” y arriar contra todos los corruptos, comenzando por los expresidentes y pasando por algunos generales del Ejército Mexicano.
Quienes así lo piden ignoran, o demasiado saben, que no se puede enfrentar directamente a quienes mantienen intactos los pactos y las redes de poder construidas durante décadas y en las cuales están involucrados políticos, empresarios, medios de comunicación, intelectuales, grandes corporaciones, militares, marinos, grupos de la delincuencia organizada, de dentro y fuera del país, que defienden fuertes intereses económicos y financieros. Hay que ir desmontando poco a poco esa estructura de poder.
Por otro lado, ¿cómo podría cualquier mandatario, del país que sea, gobernar sin el apoyo de las Fuerzas Armadas? Cualquier político o política que aspire a la presidencia de la República debe saberlo, de otra manera estaría perdido. Por supuesto, hay niveles y formas en las que los gobiernos civiles pueden contar con las Fuerzas Armadas.
Al respecto, es interesante retomar la postura del general brigadier y doctor en Administración Pública José Francisco Gallardo Rodríguez -quien estuvo encarcelado de 1993 a 2002 por denunciar acciones indebidas por parte del Ejército mexicano y pretender la creación de un ombudsman militar, como quedó consignado en su tesis de maestría “La necesidad de un Ombudsman Militar en México”, por lo que fue considerado por Amnistía Internacional como un preso de conciencia-, fijada en entrevista con Carmen Aristegui, también el viernes 16 de octubre.
Para el general Gallardo, “hubo un sometimiento del Poder Ejecutivo a las Fuerzas Armadas. Es decir, el sometimiento del poder civil al poder militar” una vez ganada la presidencia en 2018. Andrés Manuel, como él le llama, cambió su promesa de no continuar con la militarización de las fuerzas públicas pues, continua, “nosotros sabemos a trasfondo que hubo negociaciones con el Ejército y el secretario de Marina y el secretario de Defensa”.
Esta afirmación parece contradecir lo afirmado por Rodríguez Priego, sobre que el nombramiento del general Sandoval rompió con la “cofradía” que por cerca de tres décadas controló a la Sedena.
Sin embargo, la afirmación del general Gallardo no debe tomarse a la ligera. Ciertamente, a pesar de que las Fuerzas Armadas, desde el gobierno del también general Álvaro Obregón, fueron organizadas de manera que se sometieran al poder civil y no repitieran la historia de buena parte del siglo XIX, quitando y poniendo presidentes, a partir del año 2006 han visto incrementada su influencia en la vida política y social de México.
Se podría afirmar que, el de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa fue el sexenio que vivimos en peligro una vez que el primer mandatario decidió, so pretexto de su falsa declaración de guerra en contra del narco y la delincuencia organizada, sacar al Ejército a las calles y vendernos la idea de que sólo así podría pararse la violencia que él mismo provocó, para legitimar por desempeño un gobierno alcanzado sin legitimidad de origen.
Fue así como la profecía autocumplida de Calderón hizo necesaria la intervención del Ejército y la Marina abriendo un ciclo de violencia prolongada que se retroalimenta de manera continuada haciendo cada vez más difícil romper esta dependencia.
Peña Nieto no pudo o no quiso y el presidente López Obrador ha puesto su confianza en lo que llama pueblo uniformado, en la disciplina militar, en el honor de quienes no se han dejado corromper, tal vez desde una visión idealizada tomada de los cadetes del Colegio Militar que acompañaron a Francisco I. Madero a Palacio Nacional, durante la conocida “Decena Trágica”, aumentando las funciones de las Fuerzas Armadas observando, tal vez, que la enorme corrupción de los gobiernos civiles ha socavado la confianza en ellos.
