Kimberly Clark, de Claudio X. González Laporte, y otras dos empresas, encarecieron productos de niños, mujeres y ancianos por años (nota de Daniela Barragán en SinEmbargo)

Claudio X. Gonzalez Laporte. Foto: Adolfo Vladimir | Cuartoscuro.

Por Daniela Barragán

Kimberly Clark de México y otras dos empresas fueron multadas por manipular los precios de productos de higiene básica durante seis años, en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, lo cual provocó un daño aproximado de mil 567 millones 36 mil 589 pesos en el mercado involucrado. Hasta el momento la Cofece no ha sido informada de la impugnación de la sanción.

Ciudad de México, 2 de noviembre (SinEmbargo).- Kimberly Clark de México (KCM), propiedad de Claudio X. González Laporte, junto con otras dos empresas, manipuló durante seis años los precios de pañales para bebé, productos para la gestión menstrual y para la incontinencia, lo que generó un daño de miles de millones de pesos al mercado. Todo ocurrió en completo secreto, ya que sabían de la ilegalidad de esos actos, revela una investigación de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

La colusión entre estas empresas ocurrió de 2008 a 2014, es decir, durante las administraciones de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018). Los implicados fueron Kimberly Clark de México, Productos Internacionales Mabe y Essity Higiene y Salud México. Fue hasta 2017 que la Cofece inició la investigación sobre el comportamiento irregular de este mercado y en octubre anunció una multa por 313 millones 473 mil pesos —la máxima posible— a tres empresas y nueve personas físicas por incurrir en prácticas monopólicas absolutas. Hasta el momento, las autoridades no han recibido alguna impugnación a la medida impuesta.

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La empresa que participó en todas estas prácticas fue Kimberly Clark de México, propiedad del empresario Claudio X. González Laporte, padre del también empresario y autodenominado “filántropo”, Claudio X. González Guajardo, promotor de la alianza Va Por México, que aglutina al PRI, PAN y PRD.

Desde 2008 y hasta 2014, KCM realizó reuniones secretas con otras empresas para arreglar los precios de esos productos, algunos considerados como de consumo básico, según se desprende de la misma indagatoria. Incluso incurrió en esas prácticas aún cuando fue beneficiaria con 36 millones de pesos provenientes del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) mediante el Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (Innovatec) en el Gobierno de Calderón, como consignó SinEmbargo.

La investigación de la Cofece detectó que durante esos seis años, estas empresas celebraron reuniones para intercambiar información y ahí acordar incrementos de precios de los productos o la eliminación de promociones; monitorearon los precios establecidos y reclamaron desviaciones a lo pactado.

Los productos y marcas involucradas son Saba (toallas sanitarias) y Tena (pañales para adulto) propiedad de Essity; BioBaby (pañales), Fiore (toallas) y Affective (pañales para adulto) que pertenecen a Productos Internacionales Mabe y Huggies, Kleen Bebé, PullUps (pañales de bebé), Kotex (toallas) y Depend y Diapro (pañales para adulto) todas estas marcas, propiedad de Kimberly Clark.

Hay correos electrónicos y llamadas telefónicas, en poder de la autoridad de Competencia Económica, que muestran la comunicación que establecieron con estos fines y en los que se encontró que los implicados sabían de la importancia de mantener en secreto sus comunicaciones. La secrecía fue catalogada como “vital”, ya que —refiere el expediente de la investigación— “se observó que las personas conocían la ilegalidad de sus actos”.

La Comisión detectó actos de colusión para acordar los precios de pañales para bebé y productos para la incontinencia. La empresa de Claudio X. González Laporte cometió estos actos desde febrero de 2008 hasta junio de 2014. En estos participaron KCM, Productos Internacionales y Essity México.

Para el caso de los productos de protección sanitaria femenina, la práctica ocurrió de septiembre de 2011 hasta junio de 2014 y participaron, de nueva cuenta, KCM y Essity México.

José Manuel Haro Zepeda, fue nombrado titular de la Cofece el 1 de septiembre pasado. Foto: Cofece.

Los cálculos de la Cofece estiman que esas prácticas provocaron un daño aproximado de mil 567 millones 36 mil 589 pesos en el mercado involucrado, razón por la que se impusieron las multas máximas posibles de acuerdo con la ley de competencia aplicable.

“La conducta es grave considerando que fue prolongada y afectó las condiciones de abasto de productos muy importantes para la salud e higiene de las familias mexicanas”.

LOS DETALLES DE LA INVESTIGACIÓN

De acuerdo con información de la Cofece, la práctica en la que incurrieron las empresas se detectó por los monitoreos que realiza de manera constante. La Comisión tuvo acceso a información que indicaba que los agentes económicos sancionados se habrían coludido e intercambiado información para incrementar precios o eliminar promociones de productos de higiene a base de celulosa.

“Tuvimos acceso a información, documentos y declaraciones en comparecencias que nos permitieron concluir que representantes de estas empresas se reunían periódicamente para intercambiar información y acordar incrementos de precios a los productos o para limitar o eliminar promociones”, respondió la Cofece a preguntas hechas por SinEmbargo.

Hay correos electrónicos y llamadas telefónicas como evidencia de estas prácticas, indicó la autoridad.

El mecanismo que establecieron para intercambiar información e incrementar los precios que daban a las tiendas de autoservicio y de mayoreo de los pañales para bebé, productos para la protección femenina y para la incontinencia consistía en elaborar matrices de precios que nutrían tanto con información de las compañías, como con la que adquirían de empresas que se dedican a realizar estudios de mercado.

Durante seis años los consumidores pagaron los precios que acordaron tres empresas en la ilegalidad. Foto: Cuartoscuro.

Con estos datos planteaban los incrementos, a partir del establecimiento de índices, en los que el punto de partida era para el producto que tenía las mejores características en el mercado, que generalmente era el de mayor venta en cada segmento, que son los que tienen etiqueta como premium o los económicos.

A partir de ese producto, se le asignaba un puntaje, que iba decreciendo en función de sus características y calidad.

Con este método se establecían precios por unidad, es decir el precio para un pañal o una toalla femenina. Así los montos que se cobrarían por los paquetes se establecían dependiendo de la cantidad de producto que cada uno contenía.

Además también acordaron limitar y eliminar promociones que resultarían en bajas de precios.

Específicamente lo hacían en las ofertas conocidas como rollback, que es un descuento de precio de largo plazo que las empresas negocian con la cadena de autoservicio y se refleja en el precio de venta al consumidor y se reduce así el precio unitario del producto.

También con bonuspack, que es el tipo de oferta que otorga un bonus o valor agregado, como una pieza gratis o adicionar un regalo, lo que genera más ventas y también reduce el precio unitario.

Estas empresas decidieron eliminar las promociones en ciertas fechas con el propósito de incrementar los precios unitarios y cumplir con los precios establecidos en las matrices.

De acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), estas prácticas son ilegales, pero es común que los agentes económicos busquen ocultar la celebración de reuniones, acuerdos, comunicaciones y documentos que sean evidencia de dichas conductas ilícitas.

Respecto al pago, la Cofece informó que las multas son cobradas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la autoridad que tiene la atribución para disponer el destino de los recursos recaudados mediante esta vía.

“Las multas impuestas suman en conjunto más de 313.4 millones de pesos. Los montos individuales de las sanciones se harán públicos una vez que se publique la versión pública de la Resolución en el sitio web de la Cofece”, añadió el órgano regulador.

Hasta el momento la Comisión no ha sido notificada de alguna demanda de amparo en relación con este asunto.

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