Fuga de Cerebros | #JusticiaParaÁngel. Autores: Alecxaí Yllades, Dalia Lara y Luis Gerardo Domínguez

Foto: Fuga de Cerebros

Por Alecxaí Yllades, Dalia Lara y Luis Gerardo Domínguez[1]

Miren el hervidero de vigilante

Para rociarle flores al estudiante

Miren cómo relumbran carabineros

Para ofrecerle premios a los obreros

Violeta Parra

El 27 de abril de 2022 en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, un elemento de la Guardia Nacional (GN) disparó de manera arbitraria a una camioneta donde viajaban cuatro estudiantes de la Universidad de Guanajuato, quienes se dirigían a la tienda por más provisiones para una fiesta. De los cuatro, Ángel Yael de 19 años fue asesinado y Edith Alejandra de 22 años resultó gravemente herida.

Ángel Yael fue un amigo, hijo, hermano y estudiante de cuarto semestre de la licenciatura en Agronomía en la Universidad de Guanajuato, quien continuamente afirmaba “La ciencia es mi prioridad.” Además tenía una gran pasión por el diseño y planes de emprender un negocio junto con sus amigos. Era miembro fundador de una organización juvenil por la ecología y costeaba sus estudios vendiendo productos de cuidado de la piel elaborados por su familia. Sin embargo, sus sueños fueron interrumpidos de manera violenta al ser asesinado a manos de un elemento de la GN.

Consecuencia de lo sucedido, sus amigos y compañeros universitarios se manifestaron fuera de las instalaciones de la GN Sede San Carlos, para denunciar el abuso de fuerza por parte de las autoridades. En respuesta, la Vocería de la GN en un comunicado de prensa declaró que “lamenta profundamente los hechos” y que “no tolerará ninguna violación a los Derechos Humanos”.

En el mismo comunicado oficial se indica que el individuo que disparó actuó de forma “unilateral,” descargando la responsabilidad de los hechos sobre este único elemento, quien “fue puesto a disposición de las autoridades competentes del estado de Guanajuato”. No obstante, tan sólo 3 días después del incidente, el 30 de abril se informó que un juez federal determinó la no vinculación a proceso, además sólo se le había acusado por el delito de tentativa de homicidio, omitiendo el homicidio de Ángel Yael.

La respuesta de las autoridades causó gran indignación entre los familiares y amigos de Ángel, sus padres publicaron una carta abierta en la que expresaron su indignación y exigieron justicia para el caso de su hijo. Destacando que su muerte no puede quedar impune pidieron “que su caso sea el inicio de un camino distinto, que estas historias dejen de ser cotidianas, basta ya de vivir acostumbrados a estas injusticias”.

Por su parte, la Universidad de Guanajuato también se pronunció para reprobar la resolución del juez federal que dejó en libertad al elemento de la GN responsable de la muerte de Ángel. De este modo, en un comunicado firmado por el rector se manifestó la exigencia de que “las autoridades competentes realicen una investigación profunda, exhaustiva y rigurosa”.

El asesinato de Ángel, atrajo nuevamente la discusión acerca de la legitimidad y pertinencia del despliegue de las fuerzas armadas en territorio nacional y recordó casos como el de Jorge Mercado y Javier Arredondo, estudiantes del Insituto Tecnológico de Monterrey que fueron asesinados por elementos del Ejército durante el sexenio de Felipe Calderón en el 2010.

Pese a que oficialmente se presume que la estrategia de seguridad que se ha emprendido durante el gobierno de AMLO es totalmente distinta a la de sus antecesores, casos como este nos hacen dudar de la supuesta ruptura respecto a la militarización característica del periodo de “la guerra contra el narcotráfico”, con la excepción de que ahora la presencia militar se justifica bajo la premisa de la guerra contra el huachicol.

Sobre esto, cabe mencionar que el asesinato de Ángel Yael ocurrió dentro de los marcos de estrategias de seguridad pública así como del combate al robo de hidrocarburo, debido a que al momento del atentado, los miembros de la Guardia se encontraban en un reconocimiento disuasivo sobre el ducto Salamanca-León. Más allá de las declaraciones oficiales, lo cierto es que pareciera que el plan de seguridad y combate al huachicol, así como los planes de combate contra el crimen organizado, siguen siendo discursos utilizados para justificar la militarización y el uso excesivo de la fuerza.

El caso de Ángel no es el único, existe registro de una gran cantidad de civiles que fueron víctimas de los operativos de seguridad, en su mayoría hombres jóvenes morenos, citadinos, de clase baja con poca o nula escolaridad; cuyos asesinatos han pasado desapercibidos debido su constante criminalización.[2]

Según datos proporcionados por la GN, entre agosto de 2019 a abril de 2021, 94 personas fueron asesinadas a manos de este cuerpo de seguridad. De ellas, cinco son señaladas como civiles, mientras que las 89 restantes fueron registradas bajo el rubro de agresores.[3] Sin embargo, los registros respecto a estos casos no son públicos, por lo que existe una ausencia de investigación que impide determinar si ha habido un uso de la fuerza indebido por parte de la GN.

El número de asesinatos resulta alarmante y los antecedentes de las instituciones que conforman a este cuerpo de seguridad (principalmente SEDENA y SEMAR), tampoco son favorables. Para darse cuenta de esto, solo basta recordar que el índice de letalidad de este cuerpo es superior a uno, es decir, asesinan más personas de las que se dejan vivas. Además, académicos han estimado que el Ejército mata a más de cinco personas por cada una que hieren.[4]

Es de vital importancia destacar que esto es un fenómeno nuevo. En su libro La Guerra en las Palabras. Una historia intelectual del <<narco>> en México (1975-2020), Oswaldo Zavala ha estudiado cómo desde hace décadas tanto Estados Unidos como México han presentado símbolos como el narco o el huachicol como una amenaza hacia la seguridad nacional, con el propósito de desplegar fuerzas de seguridad en todo el país para hacer más efectivo el control del territorio aunque ello implique asesinar campesinos, obreros, migrantes y pobres.

Zavala destaca que el fenómeno que él denomina “securitización” ha sido una continuidad en todo los sexenios independientemente de que los Presidentes hayan sido los victoriosos candidatos del PAN, PRI y MORENA respectivamente. La Guardia Nacional de AMLO es una continuidad de las políticas de seguridad de Calderón y Peña Nieto. Incluso explica que es posible rastrear este discurso sobre la necesidad de reforzar la seguridad nacional desde la década de los setenta.

Volviendo al caso de Ángel Yael se puede apuntar que, al formar parte de la comunidad de la Universidad de Guanajuato, su caso se ha vuelto mediático, obligando al Estado a dilucidar lo sucedido. No obstante, como ya se ha demostrado su caso no es el único, por ello, a la exigencia de vincular a proceso al elemento que lo asesinó, debe sumarse una crítica más amplia respecto a la presencia de los cuerpos de seguridad militarizados ya que, después de una serie de casos que repiten el mismo patrón es insostenible sugerir que el abuso de la fuerza es responsabilidad meramente de acciones policiacas “unilaterales”. La Guardia Nacional debe responder como institución y garantizar medidas de no repetición.

En suma, si de verdad buscamos “Abrazos, no balazos” en Guanajuato y en el resto del país, no podemos reducir nuestra exigencias a despedir o encerrar al miembro de la Guardia, quien sólo sigue la ruta de acción del proyecto nacional de seguridad. Es necesario demandar una mayor transparencia en los cuerpos de seguridad, investigaciones sobre los presuntos “criminales” asesinados, reconsiderar la presencia de los militares de los operativos contra robo de combustibles y que se abandone el discurso oficial que justifica la criminalización a jóvenes.

No queremos más militarización disfrazada de “seguridad”. Exigimos Memoria, Verdad y Justicia.


[1] Por Alecxaí Yllades de la Fuente (@AlecxaiY), Dalia Lara(@DaliaLaraa_), Luis Gerardo Domínguez (@Lgdm99) historiadores integrantes del curso “Narcotráfico y Crimen Organizado en México” de la UNAM. Twitter @NCO_FFyL

[2] Según los informes de Informe de Incidencia Delictiva Fuero Común del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública: Desde 2019 mismo año que comenzaron las actividades contra el huachicol Guanajuato ha encabezado el ranking nacional de homicidios dolosos: 2275 en 2019, 3359 en 2020, 3,673 en 2021 y  618 en lo que va del 2022.

[3] Véase: Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín ProJuarez, “Poder Militar l La Guardia Nacional y los riesgos del renovado protagonismo castrense”, disponible en: https://centroprodh.org.mx/2021/06/30/poder-militar-la-guardia-nacional-y-los-riesgos-del-renovado-protagonismo-castrense/

[4] Véase: Arturo Rangel, “ Crece la letalidad con Amlo: Ejército  mata en enfrentamientos a más de 500 civiles y lesiona a 89”, en Animap Político, Disponble en: https://www.animalpolitico.com/2021/11/crece-letalidad-ejercito-amlo-enfrentamientos/#:~:text=Es%20decir%2C%20actualmente%20el%20Ej%C3%A9rcito,Calder%C3%B3n%20que%20es%20de%201.2.

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