Juez federal gira nuevas órdenes de aprehensión contra José Luis Abarca y su esposa (nota de SinEmbargo)

Una de las órdenes de aprehensión librada contra María Ángeles Pineda sólo es por el delito de delincuencia organizada.

Ciudad de México, 20 de septiembre (SinEmbargo).- Un Juez federal giró nuevas órdenes de aprehensión contra José Luis Abarca Velázquez, expresidente Municipal de Iguala, Guerrero, y su esposa María Ángeles Pineda, por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas.

Además, se otorgaron nuevas órdenes contra Felipe Flores Velázquez, quien fuera el jefe de la Policía Municipal durante el Gobierno de José Luis Abarca.

Las órdenes de aprehensión contra Abarca y su exjefe de policía fueron libradas el pasado 16 de septiembre por el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales en el Estado de México, dentro de la causa penal 15/2022, como resultado de las investigaciones que ha realizado la Comisión para la Verdad y la Justicia del Caso Ayotzinapa.

Mientras que una orden fue en contra de su esposa María de los Ángeles Pineda, pero sólo por el delito de delincuencia organizada. Todas las órdenes de captura fueron cumplimentadas por elementos de la Fiscalía General de la República en los centros penitenciaros en los que se encuentra cada uno de los implicados, de acuerdo con información de Aristegui Noticias.

José Luis Abarca Velázquez, el exalcalde de Iguala, Guerrero, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, fueron detenidos el 4 de noviembre de 2014. Foto: Cuartoscuro, archivo

José Luis Abarca, integrante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y exalcalde de Iguala, fue detenido en noviembre de 2014 en la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, en relación con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Actualmente se encuentra preso en el penal federal de máxima seguridad El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Abarca fue capturado junto a su esposa María de los Ángeles Pineda —presa en el Penal Federal Femenil de Amacuzac—, quien fue ligada a los Guerreros Unidos, agrupación criminal a la que, según informaron las autoridades, pertenecían dos de sus hermanos, uno de ellos, Salomón Pineda Villa, detenido en octubre de 2014. Su otro hermano, Alberto Pineda Villa, “El Borrado”, ha sido identificado como un exoperador de Arturo Beltrán Leyva, abatido en diciembre de 2009, y de cuyo cártel nació Guerreros Unidos.

El pasado 14 de septiembre se dio a conocer que el Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Tamaulipas, Jorge Guillermo García Suárez Campos, determinó la inexistencia de pruebas para vincular al exedil por la presunta desaparición de los normalistas, imputación mencionada en la causa penal 66/2014.

A pesar de ello, Abarca permanecerá en prisión debido al actual proceso penal al que es sometido por el presunto homicidio de los activistas Arturo Hernández Cardona, dirigente de la Unión Popular Campesina Emiliano Zapata (UPEZ); así como de Félix Bandera Román y Ángel Román Ramírez.

José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda fueron detenidos en una casa de la delegación Iztapalapa después de más de un mes de estar prófugos al ser señalados como los principales responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Foto: PGR vía Cuartoscuro

De acuerdo con el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa presentado el pasado 18 de agosto, José Luis Abarca fue identificado como “A1” y quien, en conjunto con dirigentes del grupo criminal Guerreros Unidos “en coalición con algunas otras autoridades”, dio la orden de desaparecer a los 43 normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014, informó el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez.

“Estamos diciendo quiénes dieron la orden [de desaparecer a los normalistas]. Participa ‘A1’, presuntamente José Luis Abarca, los dirigentes de Guerreros Unidos en coalición con algunas otras autoridades, que es lo que forma parte de la investigación”, comentó Encinas Rodríguez en la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El informe de la Comisión del caso Ayotzinapa identifica que durante la Noche de Iguala “A1”, o a Abarca, como lo identificó Encinas, ordenó en un inicio “darles una ‘chinga’ a los estudiantes porque […] no quería disturbios, además de recuperar el material [el cual aparentemente venía en uno de los autobuses]”.

Ese “material” al que se refieren, de acuerdo con distintos reportes, era aparentemente droga, ya que se pensaba que entre los normalistas había supuestamente integrantes de Los Rojos, agrupación criminal en disputa con Guerreros Unidos, el grupo responsable de los hechos de violencia durante la noche del 26 y las primeras horas del 27 de septiembre de 2014.

De acuerdo con la Comisión, “‘A1’ dio la orden de recuperar la mercancía” e instruyó: “me chingan a todos a discreción”. Posteriormente, según el mismo informe, “A1”, o a Abarca, como lo identificó Encinas, “ordenó la desaparición de todos los estudiantes porque no saben ‘quién es quién’ y se está calentando la plaza demasiado”.

“Mátalos a todos, Iguala es mío”, se lee en el informe, que contrasta la información actual, con la “verdad histórica” del exprocurador Jesús Murillo Karam, quien enfrenta un proceso por tortura, desaparición forzada y obstrucción de la justicia en el caso Ayotzinapa.

El Subsecretario Alejandro Encinas aclaro que José Luis Abarca está detenido por el asesinato de ​​​​Arturo Hernández Cardona cometido el 3 de junio de 2013, cuya desaparición, reportada en un primer momento, propició que “la movilización de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, que tomaron las oficinas del ayuntamiento de Iguala e incendiaron documentación en demanda de la presentación de Hernández Cardona, quien finalmente apareció asesinado”.

“Ese homicidio se le atribuye al entonces presidente municipal José Luis Abarca, que está detenido justamente por este delito, no por el delito de desaparición, sino por el homicidio de Hernández Cardona. Y a partir de ese momento los estudiantes fueron amenazados por el Alcalde y por Guerreros Unidos, de que no regresaran a esta ciudad; si no, se iban a atender a las consecuencias”, comentó Encinas Rodríguez en la conferencia de prensa de ese día.

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