Indira, protegida por el poder. Editorial Diario Avanzada

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En su reciente visita a Colima, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, dijo que no prosperó la denuncia presentada en la institución a su cargo contra la superdelegada de programas sociales del gobierno federal, Indira Vizcaíno Silva.

Interrogado por un reportero al respecto durante la rueda de prensa ofrecida en el Museo Regional de Historia, el funcionario del gobierno federal —con Vizcaíno a su lado izquierdo— dijo escuetamente al respecto:

“Se presentó un escrito ante la Unidad de Inteligencia Financiera, sin embargo no existe ningún tema relevante para nosotros”.

Esa respuesta, sin embargo, pareció esconder la intención real del funcionario federal por encubrir y proteger a la expresidenta municipal de Cuauhtémoc de las serias denuncias de presunta corrupción que se han enfocado en su contra a lo largo de su carrera política, precisamente a partir de que fungió como alcaldesa.

En suma, la trayectoria de Indira se ha visto manchada por diversas anomalías, entre ellas actos de presunta corrupción, traiciones partidistas, alianzas con el PRI y, ahora, el presunto uso electorero de su puesto como delegada del gobierno federal para tratar de obtener simpatías que hagan viable su aspiración por la gubernatura.

Pero entre todos los aspectos cuestionables de su conducta como servidora pública, no hay que olvidar que el caso Altozano realmente no ha sido investigado a fondo y mucho menos se encuentra concluido, a pesar de tratarse de un asunto antiguo, de cuando Indira Vizcaíno fue alcaldesa de Cuauhtémoc, en el trienio 2012-2015.

A pesar de que la propia señalada como presunta responsable ha ofrecido explicaciones al respecto, en realidad, ese asunto en el que presuntamente se habrían quebrantado las finanzas municipales no ha sido aclarado a cabalidad ni ha sido procesado por un juez, como debería ser.

Hasta el momento ha sido evidente que los filtros del Poder Ejecutivo (antes Procuraduría de Justicia, ahora Fiscalía), han protegido a Indira Vizcaíno, sin consignar la carpeta de investigación para que ésta pase a manos de un juez y sea éste quien resuelva sobre la situación jurídica de la funcionaria federal.

Esto saca a relucir el evidente contubernio y la complicidad de Indira Vizcaíno con el PRI y con el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, pues sólo de esta manera se explica la impunidad de la que ha gozado.

En un régimen realmente democrático, debería permitirse que se judicialice este tipo de casos, con el propósito de que sea un juez quien emita una resolución al respecto, como ya ocurrió con el caso del exgobernador Mario Anguiano.

De lo contrario, la postura encaminada como hasta ahora a mantener la situación en la opacidad sólo contribuirá a hacer crecer la incertidumbre y la sospecha, además del malestar popular, porque los ciudadanos tienen derecho a saber lo que ocurre en torno a la conducta de sus servidores públicos.

Además, si el caso se queda abierto e inconcluso, en lo sucesivo seguramente Indira podría continuar enfrentando situaciones como la airada protesta de ciudadanos en cualquier acto público donde se presente, como ocurrió durante la conferencia magistral de Santiago Nieto.

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