‘Guerra contra las drogas’ de EE. UU. y México al banquillo junto con un expolicía de alto rango (nota de Parker Asmann en Insight Crime)

Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública invstigado en EU. Foto: Misael Valtierra, Cuartoscuro.

Los señalamientos durante el juicio de un alto exfuncionario de seguridad pública de México, que comenzará próximamente en Estados Unidos, también dejarán en evidencia las deficiencias de la lucha de los dos países contra los grupos del crimen organizado.

Este juicio de alto perfil comienza poco más de tres años después de que las autoridades federales de Estados Unidos arrestaron a Genaro García Luna, secretario de seguridad pública de México entre 2006 y 2012, en el estado de Texas, por cargos de tráfico de drogas y por mentir a las autoridades.

En la imputación de cuatro cargos presentada en diciembre de 2019, los fiscales de Nueva York acusan al exfuncionario de ser parte central de una extensa conspiración internacional de tráfico de cocaína durante la mitad de su carrera como funcionario público.

En una imputación formal presentada en julio de 2020 se acusaba además a García Luna de “participar en una continua empresa criminal”. Según los informes, ello implicaba “aceptar sobornos de miembros del Cartel de Sinaloa para facilitar sus crímenes”, como señala el fiscal federal Seth DuCharme, lo que incluye el tráfico de más de 50 toneladas de cocaína. El exfuncionario ha negado los cargos que se le imputan y se ha declarado inocente a través de sus abogados.

Entre 2001 y 2012, García Luna supuestamente recibió sobornos por millones de dólares del Cartel de Sinaloa, entonces dirigido por Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”. En esa época, García Luna estuvo al frente de la Agencia Federal de Investigación (AFI) de México, después de lo cual pasó a dirigir la ya extinta policía federal del país, en su rol como secretario de seguridad pública.

Pero, como artífice de la llamada “guerra contra las drogas”, lanzada en 2006 por el expresidente Felipe Calderón con pleno respaldo de Estados Unidos, García Luna no será el único en la mira durante el juicio.

Análisis de InSight Crime

García Luna era uno de los operadores políticos más poderosos de México cuando Calderón, pocos días después de asumir el cargo en diciembre de 2006, envió por primera vez 6.500 soldados a Michoacán, su estado natal, para enfrentar a la Familia Michoacana y al crimen organizado en general.

Los fiscales estadounidenses aseguran que él ya había sostenido un quid-pro-quo durante años con el Cartel de Sinaloa. A cambio de los sobornos con dinero proveniente del narcotráfico, García Luna supuestamente ayudaba a que los cargamentos de cocaína del grupo pasaran sin tropiezos, y les pasaba información sobre las investigaciones de la policía en torno al cartel, así como inteligencia sobre grupos rivales.

El momento en el que se cometieron los presuntos crímenes de García Luna lleva a cuestionar el respaldo del gobierno de Estados Unidos a dicha estrategia contra el crimen, que estaba dirigida en parte por un individuo que, como afirman hoy en día los fiscales, estaba profundamente corrompido por los más altos dirigentes del Cartel de Sinaloa.

A pesar de los rumores de la presunta actividad criminal del exfuncionario, Roberta Jacobson, una diplomática de carrera que dirigió la Oficina de Asuntos Mexicanos del Departamento de Estado de Estados Unidos entre diciembre de 2002 y junio de 2007, y quien luego llegó a ser embajadora de Estados Unidos en México, en 2015, dijo en un tuit de mayo de 2020 que “nunca vio ninguna información corroborada de la participación [de García Luna] en el tráfico de drogas”.

“En medio de tantos rumores, uno siempre es cauteloso al trabajar con los funcionarios”, agrega Jacobson.

Los fiscales han dicho que utilizarán una gran cantidad de evidencias, como declaraciones de testigos, registros financieros, comunicaciones interceptadas, archivos policiales mexicanos y “registros no especificados relacionados con el envío de narcóticos a Estados Unidos a través de empresas fachada”, entre otras pruebas.

Sin embargo, los abogados de García Luna le han solicitado al juez Brian Cogan que le permita al equipo de defensa presentar evidencias fotográficas y escritas de las reuniones que su cliente sostuvo con altos funcionarios estadounidenses durante los 12 años que ejerció como funcionario público.

“García Luna sostuvo innumerables reuniones con legisladores de Estados Unidos, miembros de las fuerzas policiales de Estados Unidos e importantes responsables del diseño de políticas en el poder ejecutivo de dicho país, entre ellos un expresidente y varios exfiscales generales, en las que se discutieron los esfuerzos conjuntos de las partes en la lucha contra los carteles”, expresa César de Castro en una carta del 10 de enero.

De Castro argumenta incluso que la “estrecha alianza” entre García Luna y “todos los niveles de las fuerzas del orden de Estados Unidos, el enemigo de todos los carteles de la droga, es en efecto probatoria y lleva a pensar si las declaraciones no corroboradas de los testigos son fiables, al afirmar que él era supuestamente un miembro de los carteles y que recibió pagos para proteger a esos mismos miembros de los carteles frente a las actuaciones de las fuerzas del orden”.

Falta ver qué narrativa prevalecerá: García Luna como un aliado de Estados Unidos al frente de la lucha contra los grupos narcotraficantes de México, o como un funcionario de seguridad corrupto con el que Estados Unidos consideró trabajar para lograr su objetivo de desmantelar algunos de los grupos del crimen organizado más poderosos del mundo.

En cualquier caso, la guerra contra las drogas continúa. México cerró el año pasado con más de 30.000 homicidios por quinto año consecutivo —en gran parte a causa del crimen organizado que ha hecho metástasis en un panorama altamente fragmentado con cientos de grupos armados—, y el total de asesinatos es hoy casi tres veces más alto que cuando comenzó esta campaña contra las drogas.

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