Guanajuato puntea en crímenes contra policías (nota de Martha Silva en POPLab)

Foto: POPLab.

Los oficiales caídos en la entidad representan un 15 por ciento del total de bajas en el país; violencia de alto impacto en Celaya, Silao e Irapuato al cierre del año y León rompe récord de asesinatos.

Martha Silva | POPLab.

Con 55 policías asesinados, Guanajuato repitió, por cuarto año consecutivo, como la entidad federativa con más crímenes de este tipo. Si se suman los homicidios dolosos de 7 exagentes más, la cifra alcanza las 62 muertes intencionales entre corporaciones federales, estatales y municipales. León y Celaya fueron las ciudades que en los últimos días registraron la baja por muerte intencional de tres de sus elementos.

Se llamaban Abraham Alejandro, Ausencio Carrión Vital y Víctor Rosas. Tenían 24, 45 y 48 años, respectivamente. Todos, policías municipales en activo, fallecidos entre el 18 y el 28 de diciembre, los dos últimos, cuando se encontraban francos, descansando en esta época de fiestas.

Aunque el dato anual representa la primera baja sustancial en números absolutos en el estado en este tipo específico de delito, Guanajuato ha reportado prácticamente una masacre o delito de alto impacto por día en alguno de los municipios con alta incidencia delictiva.

En cuanto a homicidios dolosos en general, citando cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, Guanajuato registró al menos 3,239 víctimas entre enero y noviembre —el doceavo mes aún no está disponible—, que lo mantienen como primer lugar nacional.

Aunque parece haber una tendencia a la baja en la violencia en el estado, en el municipio de León ha subido dramáticamente: los homicidios dolosos en diciembre pasaron de 43 en 2019 a 61 en 2021, según cifras preliminares difundidas por el activista Adolfo Enriquez Vanderkam, a través de su página de denuncias contra actividades delictivas.

Se destaca además que en la actual administración —del 10 de octubre al 31 de diciembre de 2021— ha habido 182 asesinatos, mientras que los casos registrados durante el periodo de Mario Bravo Arrona como secretario de Seguridad —julio de 2019 a diciembre de 2021— ascienden a 1 mil 978. Diecisiete de ellos eran o fueron policías.

Corporaciones, bajo fuego

Al cierre de 2021, veinte municipios de Guanajuato sufrieron la baja de al menos un oficial o ex oficial, según Oficial Caído, micrositio de POPLab nutrido con notas de la prensa local y cifras nacionales de la organización Causa en Común.

Y dos ciudades guanajuatenses, Irapuato y León, superan los casos registrados por 19 entidades. Cada una fue escenario de varios atentados contra sus elementos, que dio por resultado la muerte de once personas, policías en activo o ya retirados del servicio. Celaya, por su parte, reportó siete muertes de este tipo.

Poco más de un tercio de los homicidios (19 de 62) ocurrieron durante enfrentamientos o en el cumplimiento de su deber, otro tercio cuando los agentes estaban de descanso, en poco más del 11% de los casos el hecho se perpetró cuando el oficial se desplazaba a su domicilio particular o hacia su centro de trabajo y de los casos restantes, no se conocen las circunstancias o el asesinato ocurrió cuando la víctima ya había abandonado la corporación.

Asimismo, fallecieron 9 civiles, entre ellos, personas ajenas a cualquier tipo de enfrentamiento, simplemente estaban en ese lugar.

Producto de estos ataques, hubo 8 oficiales heridos y otros 10 civiles lesionados.

Y aunque se detuvo a 25 personas por estos asesinatos, aún no hay ningún sentenciado.

Entre incidentes e indemnizaciones

Antes de los tres asesinatos de diciembre, hubo una agresión el 23 de noviembre en Celaya, cuando balearon a dos elementos de la Policía Municipal —conocidos como Fedepales, por haber sido antes agentes federales— que se encontraban en su día de descanso. El suceso ocurrió en la avenida Irrigación, colonia Alfredo V. Bonfil. Ahí falleció un oficial, mientras que su colega, una oficial, fue trasladada a recibir atención médica en condición grave.

Sin embargo, el hecho más impactante entre corporaciones policiacas en Guanajuato ocurrió el 20 de octubre, cuando la ciudad de León sufrió una serie de ataques coordinados, cometidos por sujetos armados. En uno de estos atentados, perpetrado contra personal asignado a la caseta ubicada entre las avenidas Vasco de Quiroga y Saturno, donde se causó la muerte al oficial Pascual, de 58 años y fue dejada una cartulina adjudicada a un grupo delincuencial. La SSP municipal confirmó que dos elementos más resultaron heridos.

Otro de los embates ocurrió también en una caseta de policía ubicada entre las calles San Pedro y Río Mayo, en la colonia Jardines de Jerez. El tercer ataque tuvo lugar en una caseta en el bulevar Mariano Escobedo, a la altura de la colonia León II, también contra los elementos que se encontraban en el lugar.

Estos ataques dirigidos tanto contra elementos en servicio como contra agentes francos —justo frente a sus domicilios o en días de descanso, y por tanto, sin arma de cargo—, llevó a que en mayo de este año, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo emitiera un decreto para proteger a elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) que han recibido amenazas por el crimen organizado.

Puesto que es información reservada, no se puede conocer cuántos oficiales se han acogido a este beneficio, sin embargo, se conoce que 20 de los 62 policías y ex policías del presente conteo fueron atacados cuando estaba de descanso, otros 19 cuando estaban en horas de servicio y 7 más cuando estaban en tránsito, entre su hora de salida y llegada.

Estas mismas estadísticas indican que casi cada 6 días, Guanajuato registró la muerte de algún oficial.

El último ataque directo contra alguna corporación policiaca ocurrió el pasado lunes, 27 de diciembre, cuando dos policías fueron heridos en un ataque a balazos en el municipio de Cuerámaro cuando atendían un reporte de detonaciones de arma de fuego. En las siguientes horas uno de los oficiales fue dado de alta, pero el otro permanecía en terapia intensiva, aunque su estado de salud era estable.

Y a pesar de las promesas, algunas de las familias de policías asesinados se han quejado de la lentitud y burocracia que rodea el proceso de indemnización. Ejemplo de ello es el caso de Rigoberto Guzmán, oficial en Jaral del Progreso caído en el cumplimiento de su deber en 2018 y que apenas estos días, cuatro años después del hecho, es que el Ayuntamiento de ese municipio aprobó la indemnización a sus deudos, según reporta el diario Correo.

Otro punto a destacar son las bajas por despido. El 20 de octubre, mismo día que se daban los atentados contra policías en León, en Juventino Rosas se dio una intervención inédita por parte de Fuerzas de Seguridad del Estado (FSPE), Guardia Nacional y Ejército, que literalmente tomaron el mando de la seguridad pública en ese municipio, a solicitud del alcalde entrante, Fernando Gasca Almanza. El gobernador Diego Sinhue Rodríguez afirmó que se iba a liquidar a los 120 elementos municipales para crear una nueva corporación “desde cero”, ante datos que apuntan a una infiltración de grupos delictivos y la participación de preventivos de ese municipio en varios ilícitos.

El municipio destinará 12 millones de pesos para las liquidaciones, que habrían de comenzar en diciembre.

VIOLENCIA GENERALIZADA AL CIERRE DEL AÑO

El 28 de diciembre mientras en Silao registró un multihomicidio de seis personas, entre ellas, una niña de 10 años y un bebé, en la comunidad de La Aldea, en Valle de Santiago atacaron a una pareja y a su hijito de cuatro años, cuando circulaban a bordo de una motocicleta; los tres fueron heridos de gravedad.

Ese mismo día, mataron al policía de Celaya, Víctor, con 19 años de servicio, e hirieron a dos personas más, entre ellos, un familiar de este.

Al día siguiente, en León dos ataques a tiros casi simultáneos —en Villas de San Juan y en la colonia Unidad Obrera— dejaron al menos un hombre muerto y otro, herido, y en el municipio de Villagrán fue asesinado Roberto Stanley Molina Garza, investigador y profesor del Centro de Geociencias UNAM Campus Juriquilla; los hechos, presutamente tras resistirse a un asalto cuando circulaba en la carretera Panamericana. Tenía 59 años .

Afectaciones a la competitividad

Seis ciudades de Guanajuato que son medidas en el Índice de Competitividad Urbana 2021 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) están en los últimos lugares en el comparativo de 69 localidades que tienen similar población.

León pasó de la posición 11 en 2020 a la 14 este 2021, porque aunque bajó su diversificación económica, fue el alza del 32 por ciento en la tasa de homicidios el factor más preocupante.

Algo similar ocurrió con Celaya, que registró una caída de 5 lugares: pasó de la posición 18 a la 23, por el deterioro de la equidad laboral, disminución del personal de salud, en tanto que el dato extremo fue que la tasa de homicidios se incrementó 152 por ciento.

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