Gobierno panista de Querétaro reserva contratos por 8.5 millones de pesos mientras funcionarios vacacionan con empresario beneficiado (Redacción Astillero Informa)

El gobierno municipal de Corregidora, encabezado por el panista Josué David Guerrero Trápala, mantiene bajo reserva contratos, facturas y reportes de una empresa vinculada con militantes del PAN que recibió adjudicaciones millonarias. Mientras las autoridades argumentan que existe una investigación sobre esas contrataciones, funcionarios municipales fueron fotografiados de vacaciones con uno de los empresarios beneficiados.

El gobierno de Corregidora, Querétaro, encabezado por el panista Josué David Guerrero Trápala, quedó bajo escrutinio por la asignación de contratos que superan los 8.5 millones de pesos a Gabinete 369, una empresa constituida por integrantes del Partido Acción Nacional (PAN), cuyos representantes mantienen relaciones personales y políticas con funcionarios de la administración municipal.

La controversia adquirió una nueva dimensión luego de que se difundieran fotografías de servidores públicos vacacionando en Playa Majahuitas, Jalisco, junto a Arturo Rodríguez Rivera, socio de la compañía beneficiada con recursos públicos.

De acuerdo con investigaciones publicadas por Proceso y el medio queretano Libertad de Palabra, la convivencia ocurrió en medio de cuestionamientos por las contrataciones y después de que el Ayuntamiento decidiera reservar documentación relacionada con los servicios prestados por la empresa.

Una empresa de panistas con contratos millonarios

Gabinete 369, S.A. de C.V., fue constituida el 5 de octubre de 2023 en Naucalpan, Estado de México, por Arturo Rodríguez Rivera y Gustavo Suárez Suárez, ambos con antecedentes de participación política en el PAN.

Rodríguez Rivera fue consejero estatal panista en el Estado de México y aspiró a dirigir ese partido en Zacatecas, mientras que Suárez Suárez se desempeñó como funcionario de la alcaldía Benito Juárez, en Ciudad de México.

Las investigaciones periodísticas identificaron cuatro contratos otorgados a Gabinete 369 por el gobierno de Corregidora:

• SAY/DJ/321/2025: 4 millones 500 mil pesos por servicios de análisis de riesgo e inteligencia en comunicación pública.
• SAY/DJ/116/2026: 3 millones de pesos por servicios de la misma naturaleza.
• SAY/DJ/003/2026: 782 mil pesos por consultoría administrativa para la Jefatura de Gabinete.
• SAY/DJ/130/2026: 224 mil 712.65 pesos por servicios relacionados con consultoría administrativa.

En conjunto, los cuatro contratos suman 8 millones 506 mil 712.65 pesos.

Uno de los pagos más llamativos corresponde a una factura por un millón de pesos emitida el 13 de marzo de 2026, relacionada con cinco estudios de análisis de riesgo e inteligencia en comunicación pública elaborados durante una sola semana.

El contrato correspondiente contemplaba tres pagos de un millón de pesos por un total de 15 reportes distribuidos en aproximadamente dos meses y una semana.

Esto representa un costo promedio de 200 mil pesos por reporte, aunque hasta ahora no se ha podido examinar públicamente el contenido de esos trabajos para determinar su alcance y justificación.

Funcionarios vacacionaron con el proveedor

Las fotografías difundidas originalmente en Instagram por Sandra Ortiz Olalde, pareja del jefe de Gabinete municipal, muestran a Arturo Rodríguez Rivera durante un viaje a Playa Majahuitas, cerca de Puerto Vallarta, acompañado por integrantes de la administración de Corregidora.

Entre los funcionarios identificados se encuentran Carlos Antonio Contreras López, jefe de Gabinete; Francisco Castro Alegría, director del DIF municipal, y Ricardo Domínguez Moreno, regidor del Ayuntamiento.

También se reportó la presencia de familiares de Eric Gudiño Torres, secretario de Gobierno de Querétaro.

La relación resulta particularmente relevante en el caso de Contreras López, debido a que fue precisamente su oficina la que solicitó contratar a Gabinete 369.

Mediante el oficio JG/05/2026, fechado el 2 de enero de 2026, el funcionario promovió la contratación de servicios de consultoría administrativa por 782 mil pesos antes de impuestos.

La documentación señala que el servicio consistía en desarrollar y medir indicadores relacionados con los proyectos de la Jefatura de Gabinete, así como supervisar administrativamente el cumplimiento de estrategias de las dependencias municipales.

Las imágenes del viaje no demuestran por sí mismas la comisión de un delito. Sin embargo, la convivencia entre funcionarios con responsabilidades administrativas y un proveedor contratado por su gobierno plantea interrogantes sobre posibles conflictos de interés.

Hasta ahora no se ha establecido públicamente quién cubrió los gastos de las vacaciones ni si existieron beneficios económicos otorgados por el empresario a los servidores públicos.

Reservan contratos y facturas por una supuesta investigación

Otro de los aspectos centrales del caso es la decisión del gobierno municipal de restringir el acceso a los documentos relacionados con Gabinete 369.

Tras solicitudes de información presentadas por Libertad de Palabra, el Ayuntamiento comunicó que existía una investigación relacionada con las contrataciones y que divulgar los expedientes podría afectar su desarrollo.

La clasificación como información reservada fue aprobada por el Comité de Transparencia municipal en sesiones celebradas el 7 y 14 de octubre de 2026.

Entre los documentos restringidos se encuentran contratos, facturas y reportes de los trabajos realizados por la empresa.

La Coordinación General de Comunicación Social, encabezada por Elizabeth Pérez Trujillo, argumentó que hacer pública esa información representaría un riesgo para el debido proceso.

No obstante, de acuerdo con la investigación, la respuesta oficial no precisó el periodo durante el cual permanecerían reservados los documentos.

Tampoco se encontraban disponibles para consulta pública las actas de las sesiones en las que se aprobó la clasificación.

La situación contrasta con las declaraciones del alcalde Josué Guerrero, quien ha sostenido públicamente que una mayor transparencia en el ejercicio de los recursos públicos genera confianza ciudadana.

El 7 de octubre, precisamente cuando el Comité de Transparencia sesionó para aprobar una de las reservas, el presidente municipal defendió la importancia de mantener reglas claras sobre el manejo del dinero público.

Contrato de tres millones y jubilación de un funcionario

La investigación también identificó la participación de Juan Antonio Escárcega Ramírez, exdirector de Comunicación Social de Corregidora, en las contrataciones de Gabinete 369.

El 4 de marzo de 2026, Escárcega solicitó la elaboración de un contrato por tres millones de pesos a favor de la empresa, que fue firmado ese mismo día.

Veintidós días después, el 26 de marzo, el Ayuntamiento autorizó al funcionario una pensión por vejez de 30 mil 201.50 pesos mensuales.

La cercanía entre ambas decisiones administrativas constituye otro aspecto que requiere explicación pública, aunque no demuestra que la jubilación estuviera relacionada con la contratación.

Vínculos políticos y familiares

Los antecedentes de Gabinete 369 también conducen a otras figuras relacionadas con Acción Nacional.

Gustavo Suárez Suárez, uno de los socios fundadores, está casado con Anna Cristina Govea Soler, quien fue dirigente municipal del PAN en San Luis Potosí.

Durante las campañas electorales de 2024, Govea Soler publicó fotografías de actividades políticas en Querétaro en las que coincidió con Josué Guerrero y otros candidatos panistas.

Por otra parte, Gabinete 369 también aparece registrada como proveedora del DIF municipal de Corregidora, organismo cuyo patronato preside Gabriela Eloísa Trápala Martínez, madre del alcalde.

La empresa se registró para suministrar artículos y servicios diversos, entre ellos equipo de cómputo, herramientas, materiales de construcción y servicios de limpieza.

El registro como proveedor no implica necesariamente que se hayan realizado pagos por todos esos conceptos.

La compañía también ha efectuado operaciones con el gobierno municipal de Cuernavaca, Morelos, donde se identificó una factura por 101 mil pesos correspondiente al suministro de herramientas y equipo.

Alcalde mantiene respaldo público a su equipo

El 26 de octubre, un día después de que Libertad de Palabra difundiera el reportaje sobre las vacaciones con el empresario, el alcalde Josué Guerrero publicó una fotografía acompañado por integrantes de su administración.

En el mensaje describió a su equipo como fuerte y unido.

Entre los funcionarios presentes en la imagen aparecía Carlos Antonio Contreras López, uno de los participantes en el viaje a Majahuitas.

La publicación no constituyó una respuesta específica a los cuestionamientos sobre los contratos.

Según los reportes periodísticos, se solicitaron entrevistas al alcalde, al jefe de Gabinete y a la responsable de Comunicación Social, sin que se concretaran hasta el momento de las publicaciones consultadas.

Contratos públicos, relaciones personales y preguntas pendientes

El caso de Gabinete 369 concentra varias cuestiones de interés público: contrataciones millonarias con una empresa vinculada políticamente al partido gobernante, relaciones personales entre proveedores y funcionarios, pagos por servicios cuya documentación no puede consultarse y una investigación administrativa cuyos alcances no han sido aclarados públicamente.

La principal interrogante es si los procedimientos de contratación garantizaron condiciones de legalidad, imparcialidad y transparencia, y si los servicios pagados con recursos públicos fueron efectivamente entregados conforme a lo contratado.

También queda pendiente conocer la autoridad responsable de investigar las operaciones, el número de expediente correspondiente y las razones específicas para mantener bajo reserva la documentación.

Hasta el 5 de noviembre de 2026, las publicaciones consultadas no acreditan la existencia de una resolución administrativa o judicial que determine responsabilidades por estos hechos.

La información fue documentada originalmente por Iván Aldama Garnica, de Libertad de Palabra, y retomada en investigaciones de Proceso.

Fuentes: Libertad de Palabra, 31 de agosto y 25 de octubre de 2026; Proceso, 5 de noviembre de 2026; La de Hoy Querétaro, 1 de noviembre de 2026.