Fiscalía de Chihuahua responde a Duarte: “Hasta su partido [PRI] ya lo expulsó, y pide investigarlo” (por Guadalupe Fuentes López de SinEmbargo)

Foto: Horacio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

“No hay ninguna persecución política contra César Duarte”, aseguró la Fiscalía de Chihuahua al señalar que el proceso que se le sigue es por desvío de recursos públicos y que incluso su propio partido (PRI) lo expulsó por estas acusaciones. El exgobernador, detenido en Florida y en espera de ser extraditado a México, tiene un cúmulo de 21 órdenes de aprehensión por su posible relación con desvíos.

Por Guadalupe Fuentes López

Ciudad de México, 30 de julio (SinEmbargo).- La Fiscalía de Chihuahua negó que César Horacio Duarte Jáquez sea una víctima de “persecución política” como aseguró hoy la defensa del exgobernador en Estados Unidos. Incluso, dijo, “su propio partido político lo ha expulsado y pide que se juzguen los los hechos de corrupción”.

“No hay ninguna persecución política. Se investigan hechos y datos y esos determinan la posible responsabilidad de personas”, dijo a SinEmbargo el Fiscal de Chihuahua César Augusto Peniche Espejel. “Estamos frente a hechos consistentes en desviación grave de recursos que fueron incluso aprovechados en beneficio propio de los responsables señalados. En eso no hay persecución política. Incluso, su propio partido político lo ha expulsado y pide que se juzguen los hechos de corrupción”.

El 30 de mayo de 2019, la Comisión Nacional de Justicia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) expulsó definitivamente de sus filas al exgobernador de Chihuahua y por ningún motivo podrá volver a afiliarse al tricolor.

La defensa del exgobernador César Duarte, acusado de desvío de recursos públicos y delitos electorales, señaló este día ante un juez de Estados que su defendido es víctima de una “persecución política” por parte de su sucesor en el cargo, Javier Corral Jurado, según reportó la agencia EFE en un cable.

“El enfoque de la administración de Corral ha sido buscar la extradición de Duarte los últimos tres años para distraer del mal desempeño de Corral y mejorar su carrera política, incluso mientras busca la Presidencia mexicana”, expusieron en un documento enviado a la Corte en el que piden su libertad bajo fianza.

Sin embargo, el Consejero Jurídico de Chihuahua, Jorge Espinoza Cortés, dijo en entrevista que las acusaciones de presunta persecución en contra de César Duarte son falsas y “es parte de su estrategia para evitar ser traído a México”. El Gobierno federal busca la extradición del exgobernador para que enfrente los cargos en su contra.

Sus abogados Juan Morillo, Armando Rosquete Bell y Henry Philip Bell, detallaron en la moción que “Corral ha hecho su campaña contra Duarte, su enemigo político, en la mayoría de los casos de forma pública, incluso prometiendo reiteradamente y públicamente poner a Duarte inmediatamente en prisión por tiempo indefinido tras su extradición”.

La defensa aseguró que César Duarte ha vivido en Estados Unidos “de manera abierta y transparente durante más de tres años” y que sus bienes en ese país son modestos, mientras aquellos que posee en México están “congelados”. También rechazaron el argumento de la Fiscalía de Estados Unidos, que representa al Gobierno de México, de que hay peligro de fuga si es puesto en libertad.

Por otro lado, de acuerdo con el cable de la agencia EFE, la defensa del exgobernador de Chihuahua pidió su libertad bajo fianza debido a la pandemia de la COVID-19 y las “limitaciones impuestas en su capacidad de comunicarse con un abogado” y señalaron que está dispuesto a someterse “al más alto grado de monitoreo disponible”.

César Duarte (Parral, 1963), Gobernador de Chihuahua de 2010 a 2016, fue detenido el 8 de julio en Florida, Estados Unidos, tras permanecer prófugo desde el año 2017 acusado de malversación de fondos públicos por más de mil millones de pesos, según las investigaciones.

LAS 21 ÓRDENES DE APREHENSIÓN

Duarte, quien fue catalogado por el expresidente Enrique Peña Nieto como parte de la generación “del nuevo PRI”, era el único de los exgobernadores acusados de corrupción que faltaba por ser detenido. En esa lista están también Javier Duarte (Veracruz); Tomás Yarrington (Tamaulipas); Roberto Borge (Quintana Roo) y Guillermo Padrés (Sonora), éste último del Partido Acción Nacional (PAN).

El exgobernador tiene un cúmulo de 21 órdenes de aprehensión por su posible relación con desvíos. Pero no actuó solo. Es señalado por el Gobierno actual de Chihuahua, encabezado por el panista Javier Corral Jurado, de haber dirigido una “red de corrupción política” que se tejió entre la complicidad de exfuncionarios estatales y particulares para el enriquecimiento personal.

Este entramado ha tenido cauce en más de 50 expedientes de la Secretaría de la Función Pública estatal y la Auditoría Superior estatal calcula un daño al patrimonio de la entidad por 6 mil millones de pesos con la implicación de 43 exfuncionarios que van desde exsecretarios locales, el exauditor Superior local que ocultaba irregularidades y miembros del PRI.

Según la defensa de César Duarte, él no sabía de las acusaciones en su contra: “En México, los cargos penales a menudo se presentan bajo sello. Como resultado, Duarte no se dio cuenta de los cargos pendientes en su contra hasta después de haber estado en los Estados Unidos durante varios meses, cuando obtuvo copias de los cargos a través de impugnaciones constitucionales”.

En el marco de la Operación Justicia para Chihuahua iniciada en marzo de 2017, hay 17 personas vinculadas a proceso en diversas causas penales, entre exfuncionarios y empresarios que colaboraron con la trama de simulación de operaciones. Además ya hay cinco sentenciados, pero se reportan 62 solicitudes de amparo por parte de exfuncionarios públicos para evitar ser detenidos.

Durante su gestión, Duarte fue señalado por activistas como Jaime García Chávez, de la organización Unión Ciudadana, quien hace seis años denunció al expriista ante la entonces Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República) por peculado, violación a la ley bancaria y otros presuntos delitos. El exgobernador de Chihuahua pretendió ser accionista prioritario del Banco Progreso de Chihuahua para “lavar el robo” del erario público.

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