Hace apenas una semana, Pam Bondi presentó cargos en contra de Illinois y Chicago por motivos similares.
Redacción Astillero Informa
Washington, D.C. – La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció este miércoles que el Departamento de Justicia ha presentado cargos contra las autoridades del estado de Nueva York por obstaculizar los esfuerzos federales en el combate contra la inmigración ilegal. La demanda se produce una semana después de una acción similar contra el estado de Illinois y la ciudad de Chicago.
Durante una rueda de prensa, Bondi señaló que Nueva York ha implementado medidas que priorizan la protección de migrantes en situación irregular por encima de la aplicación de las leyes federales. Entre los principales puntos de la demanda figuran disposiciones estatales que impiden la cooperación con agencias federales de inmigración y que establecen mecanismos para alertar a extranjeros en situación irregular cuando se solicita su información.
“Nueva York ha elegido priorizar a los migrantes ilegales sobre los ciudadanos estadounidenses. Eso se acaba hoy”, dijo la fiscal.
La demanda tiene como objetivo a la gobernadora Kathy Hochul, a la fiscal general del estado, Leticia James, y a Mark Schroeder, titular del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV). Este último ha sido incluido debido a normativas que impiden el acceso de autoridades federales a ciertos registros estatales relacionados con migrantes en situación irregular.
Bondi expresó preocupación por las restricciones impuestas a la policía estatal, que limitan su capacidad para verificar el estatus migratorio de personas detenidas por infracciones de tránsito. Según sus declaraciones, esta situación impide identificar posibles amenazas y compromete la seguridad pública.
“Si detienen a alguien y no tienen acceso a sus antecedentes, no tienen idea de con quién están tratando, manifestó.
Durante la conferencia de prensa, Bondi cedió la palabra a la madre de una joven asesinada por un miembro de la pandilla MS-13, quien se encontraba en el país de manera irregular. Este caso fue presentado como un ejemplo de las consecuencias de las políticas de santuario.
La demanda se enmarca dentro de una estrategia federal más amplia impulsada por la administración de Donald Trump, quien desde su regreso a la Casa Blanca ha declarado una “emergencia nacional” en la frontera con México. El mandatario ha argumentado que los migrantes en situación irregular representan una amenaza para la seguridad nacional y ha endurecido las medidas contra las jurisdicciones que limitan la colaboración con agencias federales de inmigración.
Las llamadas ciudades y estados santuario incluyen a Nueva York, Illinois, California, Washington, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Nueva Jersey y Oregón. Además, varias ciudades como Houston, Los Ángeles, Chicago, Atlanta, San Francisco y Washington, D.C., aplican políticas similares. Estas jurisdicciones han defendido su postura argumentando que la protección de los migrantes en situación irregular fortalece la confianza en las comunidades y mejora la cooperación con las autoridades locales.
“Este texto fue generado con la ayuda de ChatGPT, un modelo de lenguaje alojado en la plataforma de OpenAI”
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