Filtración de denuncia de Emilio N no afecta proceso: especialistas (nota de Juan Pablo Reyes en OEM-Informex)

Imagen ilustrativa. El exdirector de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Emilio Lozoya. Foto: Xinhua/Francisco Cañedo.

El abogado penalista Gabriel Regino expuso que el hecho de que la denuncia circulara en los medios de comunicación no representa riesgos para las investigaciones que realiza la FGR

Juan Pablo Reyes | OEM-Informex

La filtración de la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio “N” contra tres expresidentes no vulnera el debido proceso, así lo consideraron especialistas en Derecho Penal.

El abogado penalista Gabriel Regino expuso que el hecho de que la denuncia circulara en los medios de comunicación no representa riesgos para las investigaciones que realiza la FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero.

“Cuando alguien filtra una denuncia que alguien presentó, no hay ninguna afectación, ni al debido proceso y tampoco hay prueba ilícita de por medio, es por ello que no hay ninguna afectación. El efecto corruptor se genera cuando la autoridad investiga y criminaliza a una persona antes de llevarla a un juicio y la presenta como culpable”, señaló.

Consultado por este diario, el también exsubsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México explicó que en el caso del video en el que se observa a exfuncionarios del Senado recibir dinero dentro de la sinvestigaciones al exdirector de Pemex, tampoco se vulnera el debido proceso y la grabación podría ser incluida como dato de prueba por parte de la FGR para su investigación. Existe una tesis de la SCJN en la que se expone que vulnerar los derechos fundamentales de un acusado puede provocar la invalidez de todo el procedimiento.

“El efecto corruptor del proceso penal se actualiza cuando, en un caso concreto, concurran las siguientes circunstancias: a) que la autoridad policial o ministerial realice alguna conducta fuera de todo cauce constitucional y legal; b) que la conducta de la autoridad haya provocado condiciones sugestivas en la evidencia incriminatoria que conlleven la falta de fiabilidad de todo el material probatorio; y c) que la conducta de la autoridad impacte en los derechos del acusado, de tal forma que se afecte de forma total el derecho de defensa y lo deje en estado de indefensión”, señala la tesis.

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