El informe del Departamento de Estado de EU indica que algunos agentes de gobierno son cómplices de bandas criminales y sus condenas son bajas.
Juan Carlos Rodríguez | OEM-Informex
La impunidad y la falta de procesos contra quienes cometen atrocidades son los principales problemas del sistema de justicia en México, sentenció el Departamento de Estado de Estados Unidos en su más reciente evaluación sobre el respeto de los derechos humanosen el mundo.
“El gobierno adoptó medidas creíbles para identificar y sancionar a los funcionarios responsables de abusos contra los derechos humanos; sin embargo, la impunidad y las bajísimas tasas de enjuiciamiento siguieron siendo un problema para todos los delitos”, refiere el informe sobre la situación de los derechos humanos en México.
“Se informó en los medios de comunicación que algunos agentes del gobierno eran cómplices de bandas criminales internacionales, y las tasas de enjuiciamiento y condena contra dichos agentes fueron bajas”, agrega el reporte, que se presenta en momentos en que el gobierno del presidente Donald Trump analiza el desempeño de las instituciones de justicia en México para determinar si aplica o elimina aranceles al comercio.
De acuerdo con el informe que cada año presenta el Departamento de Estado, dependencia encabezada por el republicano Marco Rubio, “elementos criminales, incluyendo pandillas locales y transnacionales y narcotraficantes, fueron perpetradores importantes de crímenes violentos y cometieron actos de homicidio, desapariciones forzadas, tortura, secuestro, extorsión, trata de personas, tráfico de personas, soborno, intimidación y otras amenazas”.
El gobierno mexicano investigó y enjuició algunos de estos delitos, pero “la mayoría permanecieron sin investigar ni enjuiciar”, remarca el documento.
El informe de Washington pone como ejemplo el incidente ocurrido el 31 de marzo de 2024, en Chiapas, donde se produjo un intercambio de disparos entre agentes de la Guardia Nacional y un grupo armado en la comunidad de Niños Héroes.
Las organizaciones no gubernamentales informaron de la muerte de 25 personas, incluyendo civiles que esperaban un ferry. Las autoridades, por su parte, declararon la muerte de un total de 10 personas, incluyendo civiles. No se presentaron cargos penales contra los agentes de la Guardia Nacional implicados en el incidente, reseña el informe.
“La mayoría de los informes sobre ejecuciones arbitrarias se referían a fuerzas militares y policiales que disparaban contra vehículos o estructuras, lo que causaba bajas civiles, a veces mientras participaban en tiroteos con grupos criminales. La mayoría de los incidentes no dieron lugar a cargos penales. Las ejecuciones arbitrarias eran difíciles de procesar con éxito”, concluye el reporte.
Gobierno de AMLO ejerció presión considerable sobre algunos medios de comunicación
En materia de libertad de expresión, el informe alusivo al último año del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador refiere que “el gobierno ejerció una presión considerable sobre algunos medios de comunicación mediante su capacidad para dirigir los ingresos publicitarios, lo que en ocasiones influyó en la cobertura mediática local y nacional”.
Relata que diversos periodistas fueron asesinados o sometidos a agresiones físicas, ciberataques, acoso e intimidación, especialmente por agentes estatales y organizaciones criminales transnacionales.
“Estos ataques limitaron la capacidad de los medios de comunicación para investigar e informar, ya que muchos de los reporteros asesinados cubrían temas de delincuencia, corrupción y política local. Los altos niveles de impunidad, incluso en casos de asesinatos o ataques a periodistas, propiciaron la autocensura y redujeron la libertad de expresión”, se plantea.
Según organizaciones sociales, al menos cinco periodistas fueron asesinados durante 2024: Roberto Carlos Figueroa (en Morelos) el 3 de mayo; Víctor Alfonso Culebro Morales (en Chiapas) el 2 de julio; Alejandro Alfredo Martínez Noguéz (en Guanajuato) el 4 de agosto; Mauricio Cruz Solís (en Michoacán) el 29 de octubre, y Patricia Ramírez González (en Colima) el 30 de octubre.
En el apartado sobre desapariciones, el informe consigna que se reportaron numerosos casos a manos de grupos criminales, en ocasiones con acusaciones de contubernio con las autoridades. “Las investigaciones, los procesamientos y las condenas por delitos de desaparición forzada fueron poco frecuentes”.
Según el texto, “la desaparición forzada fue un problema persistente en todo el país, especialmente en zonas con altos niveles de violencia relacionada con cárteles o pandillas. Según informes de ONG, las desapariciones eran una práctica generalizada y sistemática”.
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