El Z-27 buscaba su libertad anticipada y terminó en una cárcel de Texas (nota de Ariadna Lobo en OEM-Informex)

Sin comunicación y con la luz encendida las 24 horas del día: así pasa sus días uno de los líderes de Los Zetas desde que México lo envió a Estados Unidos sin un proceso formal de extradición

Ariadna Lobo | OEM-Informex

Juan Pedro Saldívar Farías, El Z-27, estaba en trámites para conseguir el beneficio de libertad anticipada cuando el gobierno de México decidió enviarlo a Estados Unidos sin un proceso de extradición, en enero de 2026.

El Z-27 fue considerado el tercer líder al mando de Los Zetas, después de los hermanos Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40, y Omar Treviño Morales, El Z-42. Llevaba 11 años en prisión y sólo le faltaban cuatro años para cumplir su condena por portación de armas de fuego y narcomenudeo.

En octubre de 2013, Saldívar Farías fue detenido en Nuevo León, señalado como jefe de Los Zetas en Tamaulipas. A partir de ahí, pasó por penales en Tamaulipas, Nuevo León, Jalisco, Estado de México, Chiapas y Nayarit.

En enero de 2024, mientras se encontraba preso en el CEFERESO No. 4, en Nayarit, solicitó el beneficio de libertad condicionada sin monitoreo electrónico. Para ello, pidió informes a la Fiscalía General de la República (FGR) para saber si no existía ningún procedimiento de extradición pendiente o solicitudes de gobiernos extranjeros en su contra; la respuesta fue que no, de acuerdo con la solicitud de asistencia consular para ser repatriado que Marco Antonio Avilés Huerta, su defensor, hizo el 3 de junio a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Ahora, Saldívar Farías se encuentra en una prisión de Texas, sin derecho a fianza y vive bajo un régimen de aislamiento total. No puede hablar con su familia, ni con sus abogados en México y la luz de su celda está encendida las 24 horas del día, lo que le impide conciliar el sueño. Aunque tiene acceso a un canal de televisión, está en inglés, por lo que no tiene contacto con alguien que hable su mismo idioma, de acuerdo con su defensa.

La solicitud de asistencia consular para la repatriación tiene el objetivo de que los trasladados regresen a México y enfrenten los cargos por lo que están acusados ante tribunales mexicanos y, posteriormente, si así lo desean, que se lleven a cabo los procedimientos de extradición o, incluso, que las autoridades estadounidenses colaboren con pruebas y datos en las investigaciones que tenga la Fiscalía General de la República (FGR).

“El requerimiento es entonces que las autoridades diplomáticas y consulares se pongan a actuar para buscar una posible repatriación, reclamando la ilegalidad de la entrega. Creo que hoy el gobierno mexicano, a través de las Secretaría de Relaciones Exteriores, está ante una oportunidad inmejorable de actuar en concordancia con el respeto a los derechos humanos”, explicó Marco Antonio Avilés.

Cuestionan envío de 92 capos sin extradición

Además de Juan Pedro Saldívar, Avilés Huerta representa a otros 12 capos, de los 92 que han sido trasladados a Estados Unidos, mediante la Ley de Seguridad Nacional y la transferencia de operadores criminales de alto riesgo. Sin embargo, el abogado apunta que esta entrega realmente se realizó por medio de un destierro ilegal, con el cual se ignoró el procedimiento formal de extradición.

El Z-40 y El Z-42 también fueron enviados a Estados Unidos bajo este mecanismo, en febrero de 2025.

México envió a los detenidos en tres tandas: el 27 de febrero de 2025 entregó a 29 capos; el 12 de agosto a 26 narcos y el 20 de enero de 2026 a 37 integrantes del crimen organizado. Los 92 narcos pertenecen a diferentes grupos delictivos vigentes y extintos, como al Cártel del Noreste, Los Zetas, el Cártel de los Beltrán Leyva, Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, La Familia Michoacana, el Cártel del Golfo o el Cártel de Guadalajara.

De acuerdo con Marco Antonio Avilés, los trasladados a Estados Unidos llegaron en calidad de “narcoterroristas”, lo que los pone en estado de excepción ya que son tratados como culpables, a pesar de no tener sentencia, y no como presuntos culpables, pues de acuerdo con la solicitud de asistencia consular entregada a la SRE, se produce una criminalización automática al haber sido designado como “terrorista” por medio de una orden ejecutiva y no judicial.

Para el abogado, este proceso no se encuentra en la Ley de Seguridad Nacional, por lo que el traslado de los capos es irregular y responde más a un “destierro” que evitó el procedimiento de extradición y violó los derechos humanos de los detenidos.

“Yo considero que al no existir jurídicamente o no haber una figura jurídica por la cual se haya fundamentado esta salida, porque la Ley de Seguridad Nacional en ninguno de sus artículos contempla la expulsión de mexicanos como una medida de seguridad nacional, creo que sí puede darse una vía de excepción, una vía en Estados Unidos para efecto de llegar ante la Secretaría de Estado”, dijo el defensor.

Traslado de narcotraficantes abre debate legal

La decisión del traslado está fundamentada en la petición expresa del gobierno de Estados Unidos, a partir de la declaración de los cárteles mexicanos como “terroristas”; la “falta de confianza en las instituciones del Estado mexicano”, de acuerdo con la solicitud de asistencia consular, y en la designación de los sujetos trasladados como “personas generadoras de violencia”, todo bajo un proceso administrativo, no judicial.

“La entrega de las 92 personas que estaban detenidas aquí en México fue la punta de lanza. El iceberg de permitir que Estados Unidos haya intervenido en México de forma arbitraria e ilegal, brincando cualquier tipo de procedimiento legal o causa legal contemplado en tratados internacionales, la Constitución y Convención Americana de Derechos Humanos”, señaló el representante legal.

En la primera tanda, México envió a personajes como Rafael Caro Quintero, El Narco de Narcos, a quien Estados Unidos acusa de matar a Kiki Camarena, un agente de la DEA, en 1985, razón por la que podría alcanzar una pena de cadena perpetua o la pena de muerte. Sin embargo, dentro del proceso por el que Estados Unidos y México pactaron el traslado de los reos, acordaron que la pena de muerte no sería impuesta, ya que en México está prohibida, según aseguró el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

“Aunque se dijo que no iba a haber pena de muerte, no tenemos ningún compromiso por escrito por parte del gobierno americano, primero, para que no se pida o bien que en su oportunidad los jueces no la vayan a imponer, porque quienes imponen las penas son los jueces”, explicó Marco Antonio Avilés Huerta.

No sólo la pena de muerte está prohibida en México, ya que en 2025 la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la pena vitalicia tampoco está permitida. Pese a esto, la mayoría de los capos enviados a Estados Unidos podrían alcanzar esta sanción.

“Lo primero que debió haberse hecho es pedir ese compromiso, no nada más por la pena de muerte, sino también por la pena vitalicia, que ya también fue considerada, otra vez, como una pena inusitada en México a partir de una resolución de la Suprema Corte en el mes de septiembre de 2025”, apuntó el abogado de los 13 capos.

La SRE deberá responder las solicitudes de asistencia consular para la repatriación en un plazo aproximado de 10 días, de no hacerlo, Avilés Huerta recurrirá al amparo y, de ser necesario, hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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