El Departamento del Tesoro sancionó a 26 empresas con base en Veracruz por integrar una red dedicada al robo y comercialización de combustible.
Jerónimo López | InSight Crime
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 26 empresas mexicanas vinculadas al robo de combustible, en una nueva señal de que esta economía criminal alternativa gana terreno y relevancia en las finanzas de grandes grupos delictivos.
Este 10 de setiembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 9 personas mexicanas y a 26 empresas con base en Veracruz por integrar una red dedicada al robo y comercialización de combustible —actividad conocida como huachicoleo— vinculadas con el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Según el informe, la actividad de esta red benefició a la organización criminal con “decenas de millones de dólares” en ganancias, dinero que a su vez impulsó el tráfico de “fentanilo y otras drogas mortales” hacia Estados Unidos, intensificando la crisis de opioides en el país.
Entre los sancionados están Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque,” y su hermano mayor, César Cazarín Molina, alias “Tornado”. Según las autoridades, ambos son miembros fundadores del CJNG e integrantes del círculo íntimo del actual líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.
Las autoridades detuvieron a “El Tanque” el 18 de noviembre de 2015, en la colonia Hacienda la Candelaria, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. En conferencia de prensa, el Comisionado de la Policía Federal en ese entonces, Enrique Galindo, lo señaló como “segundo en la estructura de la organización criminal” y “objetivo prioritario del Operativo Jalisco”.
De acuerdo al reporte, desde prisión, “El Tanque”manejaría las operaciones de robo de combustible en los estados de Jalisco y Veracruz. A su vez, está vinculado a otros delitos como tráfico de drogas, extorsión y homicidio y comparte las ganancias del robo de combustibles con su hermano. César Cazarín Molina, por su parte, fue arrestado en octubre de 2012 y condenado a 60 años de prisión por los delitos de secuestro, portación de armas y posesión de cartuchos militares, según un comunicado de la Fiscalía General de la República de México fechado el 26 de junio.
El combustible robado por la red al mando del Tanque era almacenado cerca de la ciudad de Veracruz. Desde ahí, por intermedio de allegados y otros integrantes de su familia —también sancionados—, se vendía en un entramado de gasolineras minoristas presuntamente legítimas. Sin embargo, en algunas oportunidades también se vendía a terceros que lo volvían a comercializar en Texas y algunos países de Centroamérica, según la OFAC.
Según el Departamento del Tesoro, el huachicoleo es “la actividad ilegal no relacionada con las drogas más rentable” para el CJNG. Además, genera millones en pérdidas para la empresa nacional Petróleos Mexicanos (PEMEX), que en su reporte anual de 2023 identificó unas 14,890 tomas clandestinas y 473 personas detenidas. La empresa tuvo una pérdida de US$1.191 millones en ese año, según Bloomberg. La agencia especializada Monitor Energético calcula que el huachicol dejará pérdidas por US$1,126 millones de dólares.
Análisis de Insight Crime
Las sanciones del Tesoro a empresas e individuos dedicados al huachicoleo sugieren que el robo de combustible se ha convertido en una importante fuente de financiación para el CJNG.
Las primeras tomas clandestinas fueron obra de pequeños grupos de funcionarios corruptos, explicó a InSight Crime David Saucedo, consultor en seguridad y analista político. Estos grupos invitaron a mafias criminales establecidas y, más tarde, estos grupos, como el CJNG, los absorbieron o desplazaron para intentar apropiarse del negocio.
Las finanzas del CJNG parecen estar cada vez más relacionadas con esta economía criminal. En 2023, la OFAC sancionó a Alonso Guerrero Covarrubias, alías “El Ocho”, y Javier Guerrero Covarrubias – ahijados de “El Mencho” e importantes miembros del CJNG por robo de combustible, tráfico de armas de alto calibre y lavado de activos.
Además, la participación de este grupo criminal en el huachicoleo a gran escala también les permite renovar técnicas y profesionalizar la actividad. Esto la convertiría en una economía criminal clave para el CJNG.
Al mismo tiempo, a pesar de las sanciones, el huachicol está totalmente integrado a la vida cotidiana en México y es “casi como comprar películas piratas por la calle”, según Saucedo. “Muchos mexicanos compran combustible robado sin saberlo, porque los criminales venden a las gasolineras”, explicó el especialista. Además, “muchas empresas de transporte, pasajeros, carga y construcción usan combustible de forma importante y prefieren comprarlo a mitad de precio para abaratar costos”, agregó.
Las sanciones de Estados Unidos podrían incrementar la presión sobre este tipo de economías criminales. “Tiene su valor el hecho de que el gobierno norteamericano ya no solo combata como tal el narcotráfico, sino también actividades periféricas que son secundarias, pero que reditúan ingresos, como el huachicol”, dijo Saucedo.
Sin embargo, su impacto real es limitado. “No es algo que va a cambiar fundamentalmente la dinámica del cartel”, dijo a InSight Crime Jaime López-Aranda, especialista en seguridad pública, justicia penal y derechos humanos, quien también resaltó la dificultad de judicializar al gran número de empresas relacionadas con la venta del combustible robado.
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