Este miércoles se confirmó la muerte de seis elementos de la Guardia Nacional tras pisar con su vehículo una mina en Los Reyes, Michoacán
Juan Pablo Reyes | OEM-Informex
Horas antes de que seis integrantes de la Guardia Nacional murieran tras la explosión de una mina colocada por el crimen organizado en los límites de Michoacán y Jalisco, el Ejército Mexicano informó a un juez federal sobre la localización y destrucción de 621 artefactos explosivos improvisados en territorio michoacano.
Lo anterior ante la orden del juez Sergio Santa María Chamú para que los Gobiernos federal y de Michoacán desplieguen acciones para identificar los sitios de instalación de minas terrestres por parte del crimen organizado no solo en la región de la Tierra Caliente, sino en todo el territorio nacional.
Este miércoles se confirmó la muerte de seis elementos de la Guardia Nacional tras pisar con su vehículo una mina en Los Reyes, Michoacán, hecho que la presidenta Claudia Sheinbaum lamentó durante su conferencia matutina en Palacio Nacional y agregó que será el gabinete de seguridad quien brinde más detalles sobre el ataque.
“Nuestra solidaridad, cariño y todo el apoyo a las familias de los elementos caídos. Es muy lamentable el uso de artefactos explosivos”, expresó la mandataria.
Juez ordenó plan para destruir minas
Además, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detalló al juzgador que fueron decomisados 55 kilogramos de pólvora, 21 kilogramos de azufre y 60 kilogramos de clorato de potasio, como partes de las “acciones que se llevaron a cabo en cumplimiento de la suspensión definitiva dictada por su señoría”.
Lo anterior se informó este martes 27 de a través de un oficio enviado por el secretario de la Defensa Nacional para dar los pormenores sobre las actividades realizadas durante el mes de mayo en diversas localidades por parte de las células del grupo de respuestas a emergencias, a disposición de la Comandancia de la 43 Zona Militar, con residencia en Apatzingán, Michoacán.
Fue en marzo cuando el juez Sergio Santamaría Chamú, polémico por sus decisiones en amparos, pidió al gobierno de Claudia Sheinbaum que en la planeación se fije el número estimado de días, meses o años necesarios para destruir todas las minas de las zonas bajo la jurisdicción o control del Estado Mexicano.
Según registros judiciales, las autoridades involucradas deberán cumplir una suspensión provisional en los próximos días y elaborar un programa nacional de desminado para evitar afectaciones a la vida de las personas en diversos municipios de esa entidad.
“Deberán determinar la extensión y ámbito del problema de las minas en la zona de Las Paredes del Ahogado y Santa Ana Amatlán, pertenecientes al municipio de Buenavista Tomatlán, Michoacán, y sus zonas aledañas”, determinó el juez. Además, según el resolutivo, se tendrán que fijar los recursos financieros, tecnológicos y humanos necesarios para la ejecución del programa, así como los criterios, indicadores y mecanismo de evaluación sobre su eficacia.
También el impartidor de justicia determinó que se busque crear un plan de sensibilización sobre el problema entre la población y que se dé atención plena a quienes han sido afectados por las explosiones de minas colocadas por integrantes de grupos del narcotráfico.
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La determinación surgió después de que un grupo de 15 personas acusó la omisión de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, así como los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa Nacional y Guardia Nacional ante el riesgo que representan las minas instaladas por el crimen organizado.
“Existe un riesgo latente y diario de que los habitantes de nuestra comunidad y las aledañas pierdan la vida porque desconocen dónde están ubicados dichos dispositivos explosivos. Omisión con la cual se viola nuestro derecho a la vida, a la integridad personal, al trabajo en condiciones de seguridad y a un medio ambiente sano y seguro, en el que podamos realizar nuestras vidas cotidianas sin miedo”, explicaron en su demanda de amparo.
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